El presidente de la Asociación Plataforma Afectados por las Hipotecas de Canarias, Kiko Santana, ha intervenido este martes en Radio Lanzarote-Onda Cero para explicar la situación tras el aplazamiento del desalojo de un centenar de familias en Playa Blanca. Santana ha asegurado que este complejo es "de un fondo buitre, de una entidad financiera como muchas que compran propiedades en Canarias que valen 100.000 euros y las compran por 10.000 euros".
"Nos están expoliando a Canarias y más con la situación de emergencia en la que se encuentra la vivienda", ha apostillado Santana.
"Tenemos niños pequeños, personas mayores, hay absolutamente todo tipo de gente que, además, trabaja pero que el sueldo no les llega para pagar un alquiler tal y como están las cosas en Lanzarote", ha apostillado Santana en su intervención radiofónica.
Kiko Santana ha señalado que "no fue una notificación oficial" la que alertó a estas 100 familias de que debían abandonar las viviendas que llevan ocupando, en algunos casos, hasta seis años. "No les dejaron un documento a cada vecino informándoles de que se iba a producir el desalojo, por lo que lo primero que le indicamos a los vecinos es que se acercaran al Juzgado y preguntara cada uno por su procedimiento y a ver la situación que se iban a encontrar", ha explicado el presidente de la Asociación Plataforma Afectados por las hipotecas (AHINOR) en el matinal Buenos días, Lanzarote.
"No se lo dijeron individualmente, sino un poco a todos", atestigua Kiko Santana.
"Quien nos está requiriendo la vivienda tiene que certificar que ha intentado conciliar con los infractores que acrediten que sean vulnerables y ese requisito indispensable no se cumplía", ha explicado el presidente de esta asociación por el derecho a una vivivienda. Santana ha añadido que este requisito surge de una nueva ley, aprobada en mayo de este año, y que su incumplimiento supone el archivo de las ejecuciones de los desalojos. Desde la Asociación y en colaboración con los abogados de oficio y el decano del Colegio de Abogados se interpuso una queja ante el Poder Judicial en el Decanato para parar el desalojo.
Esta paralización del desalojo se da únicamente por dos meses. "Esto es una angustia, el juicio saldrá el viernes", ha asegurado durante el programa. Asimismo, ha señalado que el Gobierno de Canarias tiene tiempo suficiente para buscar una alternativa habitacional. "Esta nueva ley lo contempla, Canarias tiene un plan de vivienda y hay que utilizarlo porque así lo dice la ley", ha remarcado, "a esta gente hay que buscarle una alternativa habitacional sí o sí, ya sea un hotel o sea donde sea".
La única certeza que tienen estas familias es que tendrán que abandonar el complejo, ya en manos de un fondo buitre. "La circunstancia es muy complicada, en Lanzarote nos toca vivir lo que estamos viviendo, no hay vivienda. En Yaiza hay dos chalets por 3.500 euros cada uno mensualmente", ha resaltado.
"Estas familias no son los okupas hippies que estamos acostumbrados a ver en los años 80 y 90. Gente con enfermedades terminales, niños escolarizados, con todo el desastre que esto conlleva", ha apuntado.
Un plan de vivienda que no llega
La situación de la vivienda en Canarias y en particular en Lanzarote ya es insostenible para la población que no puede acceder a un piso en venta o alquiler. "La persona que cobra 1.500 euros y le piden 1.700 euros para pagar una vivienda, también son demandantes de vivienda y con esos no estamos contando. Un fontanero, un camarero o un albañil, ¿cómo pueden estar pagando esos grandes y elevados precios de los alquileres?", se ha preguntado en antena.
Kiko Santana ha aprovechado su intervención para hablar del Plan de Vivienda de Canarias. En este caso, resalta que son solo 5.900 las casas que estarán construidas de aquí a 2025, mientras ha habido 2.000 desahucios en Canarias en el año de menos alzamientos.
Asimismo, el presidente de AHINOR ha señalado el problema con las viviendas en manos de bancos y fondos buitres que permanecen vacías y ha propuesto aumentar los impuestos a los grandes tenedores de viviendas que las mantengan vacías y que esos impuestos se vayan incrementando con los años. "Cuando un banco tiene una vivienda en un edificio residencial son los grandes deudores de las comunidades y de los ayuntamientos y a esa gente no se le requiere como al resto", ha especificado, "hace lo que le da la gana y paga cuando le da la gana".