La Asociación Española de Guardias Civiles (AEGC) denuncia que "el 112 canario no ha pasado aviso de incidentes graves al COS de la Guardia Civil en varias ocasiones", notificando tan solo a la Policía Local de los municipios en los que se había dado el aviso.
Las alarmas del cuerpo de seguridad saltaron después de conocer que la Guardia Civil "no había recibido ningún aviso” para que se enviase una patrulla a las viviendas de Lanzarote donde se habían producido dos denuncias de violencia de género el pasado sábado 9 de julio. Además, subrayan que “sí se dio aviso a Policía Local”, quien finalmente terminó pidiendo la colaboración de la Benemérita en uno de los casos.
“Desde el 112 se está aislando a la Guardia Civil, ignorando que con esta actitud, además de perjudicar a unos profesionales cuyo cometido es velar por la seguridad de los ciudadanos, también afecta a estos que reciben un servicio deficitario al no poner a su disposición todos los medios con los que se puede contar”, sostienen desde la AEGC.
“Quizás nosotros estamos más cerca del lugar del suceso y podemos evitar el problema, pero no nos llaman”, añaden desde la asociación. “Mientras no pase nada no hay problema, pero como un día pase algo y no nos avisen, puede llegar a haber un problema bastante grave de seguridad”, advierten.
“Un trato discriminatorio”
La Benemérita apunta a que se trata de un delito “demasiado grave, como para que alguien se lo tome como una competición” e insisten en que “tratar de favorecer a un cuerpo frente a otro solo contribuye a auspiciar una competitividad mal entendida y que en último término hace daño a los ciudadanos, como pudo ocurrir en los citados casos de violencia de género”.
"El servicio del 112 depende de la comunidad autónoma, por lo que este trato discriminatorio explicaría el escaso o nulo interés por parte de los políticos autonómicos en reforzar o implementar los efectivos en la isla, ya que da la impresión de que políticamente el interés de la Comunidad canaria es potenciar las policiales locales y la policía autonómica en detrimento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", afirma la asociación..
“Se están apropiando de unas competencias que no tienen en exclusiva, no tienen autorización para hacer esa valoración”, apuntan. "No caigamos en un nacional aldeanismo, recordad que hay muchos guardias civiles canarios queriendo regresar a las islas".
Por tanto, desde la Asociación Española de Guardias Civiles piden al 112 que “recurra a las Fuerzas de Seguridad del Estado inmediatamente, sin que se haga discriminación por el color de uniforme que representan los agentes y sin dilación para dar al ciudadano el servicio que merecen y que pagan con sus impuestos”.
Consecuencias legales
Desde la AEGC advierten que esta situación “podría ser constitutiva de un delito porque estaría incumpliéndose el artículo 450 del código penal”, que sanciona la omisión del deber de impedir delitos o promover su persecución.
En concreto, se referiría al apartado 1 del citado artículo, que sostiene que “el que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio o ajeno no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida, integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de seis meses a veinticuatro meses en los demás casos, salvo que el delito no impedido le correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en grado a la de aquel”.
Además, añaden que el punto 2 añade que “se castiga la omisión consistente en no acudir, pudiendo hacerlo, a la autoridad o a sus agentes, para que impidan la comisión de los delitos referidos, de cuya próxima o actual comisión se tenga noticia".
“Con este tipo de comportamientos arbitrarios dejan, de cara a la imagen que percibe el ciudadano de sus cuerpos de seguridad, que no existe coordinación y que podría haber una lucha de egos, cuando los guardias civiles sólo buscamos servir con eficacia y eficiencia al ciudadano, y estamos convencidos que los policías locales también piensan así”, añaden.
“Esto se trata de que el cuerpo de seguridad que esté más cerca acuda al suceso, porque al fin y al cabo al ciudadano le da igual quien le atienda”, concluyen desde AEGC.