El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha tumbado parte del decreto sobre el alquiler vacacional presentado por el Gobierno de Canarias. El TSJC ha considerado que "el reglamento infringe claramente la libertad de empresa y la libertad de prestación de servicios, limitando la oferta turística sin justificación suficiente", según ha informado El Día. "Me imagino que cabe recurso, pero es pronto para manifestarme", ha asegurado la Consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, María Teresa Lorenzo, en declaraciones a Radio Lanzarote-Onda Cero, quien también ha señalado que "el departamento jurídico tiene que revisar la sentencia", para posteriormente analizarla y elaborar un informe que establezca "la hoja de ruta".
"No tiene sentido alguno que la oferta de viviendas vacacionales se trate de excluir de aquellos ámbitos donde debe localizarse preferentemente la actividad turística", han argumentado los magistrados del TSJC. Éstos añaden una valoración sobre las razones que han llevado a presentar este decreto, aludiendo a que "la única explicación plausible a esta cortapisa es que con ello se trata de favorecer la oferta de productos alojativos tradicionales implantados mayoritariamente en estas zonas turísticas, vulnerando con ello la libre competencia en la prestación de servicios."
El TSJC también ha anulado el artículo relativo al alquiler de habitaciones, declarando que "no hay razones para exigir a un cliente que solo desea contratar una habitación para alojarse que asuma el coste del arrendamiento de la totalidad de la vivienda". En este sentido, ha añadido que "la norma persigue de manera evidente evitar que se ponga en el mercado un producto que por su precio reducido compita con la oferta del alojamiento hotelero, lo cual lesiona la libre competencia", según ha informado la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV).
El tribunal también "ha anulado la obligación de los propietarios a esperar 15 días para comenzar a alquilar las viviendas tras formalizar la declaración". Del mismo modo, el TSJC "ha desestimado la impugnación de la obligación de instalar una placa-distintivo en el inmueble y de contar con un equipamiento mínimo, así como de la regulación de la publicidad e información", según El Día.
"El Decreto del Alquiler Vacacional obedece única y exclusivamente a satisfacer las exigencias de una patronal hotelera específica, perjudicando los intereses no sólo de miles de canarios y residentes particulares, sino también de la economía local, como denunciaron el pasado 29 de marzo de 2017 la Federación de Trabajadores Autónomos de Canarias, Federación de Desarrollo Empresarial y Comercial de Canarias, Colegio de Administradores de Fincas de Tenerife, etc.", han asegurado desde ASCAV. La asociación ha manifestado su "prudencia", ya que "la sentencia no es fime", ante la posibilidad de que el Gobierno de Canarias presente un recurso.