El Defensor del Pueblo recoge que existieron casos de abusos sexuales dentro de la Iglesia de Lanzarote. Así lo expone el informe sobre abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos Una respuesta necesaria.
Este documento informó de que se dieron casos de abusos sexuales en 15 localizaciones de la provincia de Santa Cruz de Tenerife y 10 en la provincia de Las Palmas. "Cada localización no implica necesariamente un solo agresor y una sola víctima. De hecho hay centros educativos (colegios, seminarios) que incluyen casos de varios agresores y con varias víctimas en el mismo o diferente periodo de tiempo, parroquias con un agresor y numerosas víctimas", resalta. Incluso un agresor puede haber generado distintas localizaciones al ser trasladado de centros religiosos.
En la anterior legislatura, en marzo de 2022, el Congreso de los Diputados encomendó al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que constituyera una Comisión independiente para para elaborar este informe. En otros países, como Francia o Portugal, estas investigaciones fueron encargadas por conferencias nacionales de obispos católicos. Sin embargo, en España fue el diario El País quien en 2018 sacó a la palestra estos casos.
Los testimonios fueron recabados entre el 1 de julio de 2022 y el 9 de octubre de 2023, a través de entrevistas realizadas por la Unidad de Atención a Víctimas del Defensor del Pueblo, las respuestas de los obispados, arzobispados y superiores de las instituciones católicas y cuatro dosieres entregados por el diario El País. La base de datos publicada por ese mismo diario recoge que existen 1.532 acusados y 2.735 víctimas.
En las 779 páginas del informe, el Defensor del Pueblo expone que se ha revelado "un aspecto singular", ya que las víctimas mayoritariamente son hombres. Frente a ello, recuerda que los abusos sexuales en otros entornos, entre un 60% y un 81% de las veces, son cometidos contra mujeres.
El informe expone que los abusos sexuales contra niños eran más frecuentes porque los varones estaban "más expuestos al contacto con clérigos potencialmente abusadores en escuelas segregadas por sexos o en parroquias", al ser llamados a actuar como "monaguillos".
En muchos casos, existen otros factores que exponen a ciertos niños con mayor riesgo a ser abusados: su historia previa de victimización o insuficiente apoyo en su entorno familiar, la fuerte religiosidad del menor y de su familia. Además, denuncia casos en los que el abusador "se aprovecha de la discapacidad u otras situaciones de vulnerabilidad de la víctima".
Además, la investigación revela que no existían "mecanismos de supervisión y de control de la actividad de los clérigos" y el "funcionamiento deficiente" de los que había. Así, resalta "el encubrimiento por parte de los obispados o de otras autoridades eclesiales, con prácticas extendidas". Entre ellas, se trasladaba a los clérigos denunciados a otras parroquias, colegios o a otros países o se compraba el silencio de las víctimas.
A raíz de este informe, el pasado mes de abril el Consejo de Ministros del Gobierno de España presentó un Plan de Respuesta e implementación del informe del Defensor del Pueblo con el objetivo de "poner en marcha medidas concretas" para saldar "la deuda existente con las víctimas", sobre todo para aquellas que no pudieron seguir con el proceso penal por la prescripción de los delitos o el fallecimiento del abusador.