En España solo el 8% de las mujeres víctimas de violencia sexual fuera del ámbito de la pareja se decide a denunciar ante los Tribunales, según la última Macroencuesta de violencia contra la mujer. La infradenuncia esconde una realidad poliédrica donde conviven las secuelas psicológicas de las agresiones con el miedo a la revictimación y a la repulsa social. Así lo asegura la magistrada de la Sala de lo social del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, en una entrevista con La Voz.
En la última semana varios testimonios anónimos publicados en la cuenta de redes sociales de la periodista Cristina Fallarás señalaron como agresor sexual al entonces diputado de Sumar Iñigo Errejón. Estas publicaciones hicieron caer a la figura del político, conocido por sus discursos en pro del feminismo y en contra de las violencias machistas y han abierto un debate sobre los nuevos modos que han encontrado las mujeres para hacer públicas sus experiencias y señalar a los agresores. También ha enseñado las costuras del sistema que no llega a las víctimas de violencia sexual.
"Denuncien o no ante el sistema de Justicia o ante la policía siguen siendo igualmente víctimas de delito porque el denunciar es un derecho", expone la magistrada Gloria Poyatos. "Hay que comprender a la víctima, ¿en qué situación está? ¿y por qué lo ha tenido que hacer, a lo mejor, a través de Twitter? Pues porque a lo mejor no la creían, quizás porque el agresor tenía una doble personalidad o un prestigio que no le correspondía", continúa la presidenta de la Asociación social y cultural para las mujeres Mararía, Nieves Rosa Hernández.
Los testimonios anónimos de víctimas que cuentan sus vivencias en redes sociales, a través de cuentas canarias como Hastaelkonejo o la recién estrenada Mujeresdepalike, derivaron desde hace meses en el Metoo canario. Ya a principios de año, un testimonio en redes y otros que se sumaron después sacaron a la palestra las presuntas actitudes sexistas del cineasta canario Armando Ravelo.
"Las redes sociales han venido para quedarse y es un medio más para poder denunciar", indica Hernández. En esta línea, la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer número 2 de Las Palmas de Gran Canaria, Auxiliadora Díaz, señala que la exposición en redes "es válida" y otra forma más de "comunicar que se está cometiendo un hecho delictivo". Sin embargo, resalta que "para que tenga consecuencias jurídicas es necesario que vaya al ámbito judicial"
En este punto, Díaz expone la importancia de que las instituciones públicas pongan en marcha "de manera inmediata" los centros de atención a las víctimas de violencia sexual, anunciadas por el Gobierno, para que sirvan de espacios donde las víctimas puedan asesorarse jurídicamente si no "están segura de que el material que tengan sea suficiente", reciban asistencia psicológica y económica. "Entonces ya irás con todas las pruebas, o con las que sean necesaria, y no llegarás de pronto al órgano judicial y a dar lugar a que la falta de pruebas lleve a una absolución", continúa la jueza Díaz.
La posibilidad de que las víctimas se planteen acudir a los Juzgados o denunciar públicamente pasa también porque la sociedad entienda que "son actos reprochables", ya que durante "muchísimo tiempo" se entendía que "eran totalmente lícitos", continúa Auxiliadora Díaz. "La libertad sexual es una manifestación de la violencia de género, que todavía está bastante tolerada por parte de nuestra sociedad", añade, al tiempo que señala como ejemplos "la tolerancia" social ante el consumo de prostitución y pornografía aunque sean formas de violencia sexual.
El señalamiento de las víctimas
"Se está hablando más de las víctimas que han hecho esa denuncia o del tiempo que han tardado, y estamos haciendo mal poniendo el foco en la víctima, la víctima ya es víctima y tiene bastante con eso", expone la presidenta de Mararía. La denuncia pública y judicial, como ya ocurrió en el caso de agresión sexual del presidente de la Federación Española de Fútbol Luis Rubiales a la futbolista Jennifer Hermoso en plena celebración del mundial o con la actriz Elisa Mouilaá tras su denuncia policial a Íñigo Errejón, enfrentan a las supervivientes a un nuevo proceso de revictimización y de cuestionamiento social.
"La revictimación, igual que se produce en determinadas ocasiones en las instituciones y existen normas para prevenirla y evitarla, también se produce en el seno de la sociedad y en las redes sociales, que no son más que un reflejo de una sociedad que sigue siendo tremendamente sexista", expone la magistrada de la Sala de lo Social del TSJC.
Esta situación "se agrava en delitos que tienen como víctimas mayormente a las mujeres". La violencia sexual "no es un delito prototípico, sino uno que tiene muchas especialidades, sobre todo, el impacto que tiene en la víctima y que genera trauma, vergüenza, estigma y miedo", profundiza la magistrada Poyatos. Las mujeres que sobreviven muestran una "tendencia a intentar apartar ese recuerdo traumático". A ello se suma que las víctimas tienen "miedo ante lo que se puedan encontrar si interponen una denuncia" formal, "sobre todo, el miedo a la victimización secundaria. Algo que existe en todos los sistemas institucionales del mundo y por eso mismo existe normativa internacional que pretende combatirla".
"El hecho de exponerse en redes requiere mucha valentía porque se está exponiendo incluso a que esos estereotipos caigan sobre ellas", continúa la jueza Auxiliadora Díaz. Otra de las dificultades que enfrentan las mujeres que se deciden a exponer públicamente una experiencia como víctimas de la violencia sexual es el cuestionamiento y el miedo a no ser creídas. "Tenemos ejemplos de sentencias que se han conocido en España y otros lugares del mundo donde se trata las víctimas y se formulan preguntas que abordan este tipo de delitos de forma muy inadecuada para una persona que ha sufrido un trauma por esa situación. Todo esto genera un panorama de repulsa para las víctimas", expone la letrada Poyatos.
Los ejemplos de la revictimización dentro de la Justicia se vieron en la sentencia dictada por el primer juez que juzgó la violación grupal de La Manada y que aseguró que las imágenes de la violación mostraban "sexo en un ambiente de jolgorio".
"En ningún momento podemos homogeneizar que haya una conducta única. Cada una tiene su perfil propio, no puedo generalizar y decir que todas hacen esto porque no es verdad y no es científico ni correcto. Cada persona tiene su proceso, su tiempo", señala Nieves Rosa Hernández, sobre el peligro de caer en el síndrome de la víctima ideal, y solo dar veracidad a aquella persona que encaja con los parámetros de lo que socialmente entendemos que es una víctima y cómo debe actuar.
Socialmente, mujeres como sucedió con la actriz y presentadora Barbara Rey no fueron creídas como víctimas de violencia de género porque no encajaban en el rol de la víctima ideal.
En este punto, desde Mararía destacan la importancia que tienen las redes de apoyo en mujeres que se ven condicionadas a la hora de pedir ayuda por si tienen hijos a lo que proteger, si no tienen capacidad económica "y otros muchos aspectos".
La presunción de inocencia
Estas denuncias sociales también han señalado el exjugador de baloncesto y actual presidente del CB Granca, Sitapha Savané, acusado públicamente por violencia sexual y machista. Savané ha negado su implicación y ha adelantado que emprenderá acciones judiciales por ver presuntamente perjudicado su derecho al honor.
Sobre la posibilidad de que existan testimonios que señalen falsamente a los agresores, la magistrada del Juzgado de Violencia contra la Mujer Auxiliadora Díaz expone que "cuando una víctima de violencia denuncia en el ámbito judicial o bien, en las redes sociales, con más cautela todavía no nos van a mentir". Judicialmente, el último informe de la Fiscalía General del Estado, del año 2022, calcula que las denuncias falsas por violencia machista son solo el 0,01% de las que reciben los órganos judiciales de todo el país.