Sos Racismo ha presentado su informe anual de El racismo en el Estado español en 2024. En el documento se recogen 569 actos racistas en todo el país durante el pasado año, en los que la mayoría están relacionados con conflictos y agresiones racistas, racismo institucional y casos de denegación de acceso a prestaciones, servicios públicos, discriminación laboral o servicios privados.
En la mayoría de los casos (en un 40%), las denuncias provienen de personas racializadas en situación administrativa regular, mientras que el 37% fueron presentadas por personas en situación irregular y el 23% por nacionales de la Unión Europea. El informe defiende que "la discriminación no está limitada por el estatus migratorio", sino que la racialización es el elemento "primordial" de estos actos.
Por nacionalidad, el colectivo SOS RACISMO en el año 2022 recibió más denuncias de personas nacionalidadas en América del Sur (194 denuncias) y ciudadanos del Magreb (154). A ello se suman los nacionales de África subsahariana y América del Norte y Central.
Aún así, al comienzo del texto, su autora Elena Stasi expone que muchas víctimas de racismo, discriminación y xenofobia no llegan a denunciar por lo que se "crea una brecha entre las discriminaciones sufridas por la población y la denuncias interpuestas".
"Las denuncias registradas no reflejan la totalidad de los incidentes racistas", indica, "de hecho, constituye solo una infracción mínima, y que más del 87% de las personas afectadas no presentan denuncia".
Además, algunos de los motivos que llevan a no denunciar son que los actos racistas son percibidos como "algo normalizado", sumado a "la falta de confianza" en las autoridades policiales y judiciales, el miedo a las represalias, la percepción de que "nada va a cambiar", la vulnerabildiad de algunos denunciantes o la sensación de vergüenza.
A ello se añade que como la Federación no tiene presencia en todo el Estado, se ha tenido que apoyar de otras organizaciones locales y que "la mayor parte de las denuncias han sido anónimas".
La situación de los menores racializados
De las 569 denuncias, el 5% fueron presentadas por menores de edad. El informe expone que esta situación refleja el impacto de estas experiencias sobre "el desarrollo de los niños y niñas, en especial, en centros de menores y escuelas, donde la discriminación puede manifestarse de diversas formas".
Así, expone "la presencia de discriminación a través de casos de bullying entre menores, donde pueden sufrir acoso basado en su origen étnico, racial o por ser considerados diferentes". En estos supuestos, a pesar de que los menores identifican el racismo, el informe expone que "el centro escolar no lo considera como bullying" lo que se puede traducir en "una falta de acción y apoyo" para los niños y niñas.
Ya en el informe de 2022, SOS Racismo alertaba de que también en los centros de menores alrededor del país "se han registrado denuncias relacionadas con las condiciones de vida". Además de "trato diferenciado, estigmatización y falta de recursos adecuados para garantizar su bienestar". Incluso en ocasiones algunos jóvenes son "asociados de manera injusta a bandas juveniles", empujándolos a la "discriminación y la criminalización".
Mientras tanto, en los centros educativos se han denunciado "violencias y discriminaciones" cometidas por otros jóvenes, a través de la violencia verbal, como insultos burlas, comentarios racistas, menosprecio o tono elevado, violencia física y exclusión.
El documento dedica un espacio en sus 36 páginas para incidir en que con estas situaciones "el respeto y la dignidad de estos niños, niñas y jóvenes se podrían ver destruidos, lo que tendría un impacto directo en su autoestima y rendimiento académico. La constante exposición a la discriminación y el acoso puede crear un entorno hostil e inhóspito en el que los y las menores se sientan inseguras y desvalorizados. Esto no solo afecta su desarrollo personal y emocional, sino que también puede tener repercusiones a largo plazo en su éxito educativo y futuro profesional".
La discriminación de las instituciones
En este punto, el 34% de los casos denunciados fueron provocados por una entidad pública. El racismo institucional recoge "prácticas, políticas y normas adoptadas por las instituciones o entidades gubernamentales" que son el resultado de la "discriminación o exclusión sistemática de personas o grupos debido a su racialización o etnia".
De los 215 casos de racismo institucional denunciados a lo largo de 2023, la mayoría de ellos (el 83%) corresponden "al racismo policial". Sos Racismo alerta de que "el abuso policial está presente en nuestra sociedad de manera alarmante" y que detrás de los titulares de la prensa, "hay historias de personas que han denunciado injusticias, humillaciones y discriminación a manos de quienes deberían protegerlas".
A ello se suman los casos relacionados con conflicto y agresiones racistas, que copan el 19% de las denuncias, y recogen las situaciones de violencia o enfrentamientos motivados por prejuicios, discursos, actos y conductas raciales. También el 14% de casos de racismo provocado por entidades privadas, que incluye a organizaciones no gubernamentales y otros actores del sector y el 13% de casos por denegación de acceso a prestaciones y servicios públicos.
También concentra la discriminación laboral (11%), donde se generan "situaciones en las que las personas son tratadas de manera desfavorable e injusta"
En estos casos, la discriminación se traduce en "violencia o enfrentamientos" motivados por "prejuicios, discursos, actos y conductas raciales", así como la denegación al acceso de servicios públicos o privados por el mismo motivo.
A estos casos se les suma también los discursos de odio motivados por la extrema derecha como "una forma de discriminación racial", así como casos de conflictos con la seguridad pública y/o privada.