La Asociación de personas con discapacidad de Lanzarote, Adislan, se ha manifestado en la tarde de este miércoles en protesta por la licitación del Cabildo de los servicios de Residencia, Centro de Día, Centro Ocupacional y Hogares Funcionales, ya que aseguran que las familias “no están de acuerdo”. La marcha a la que acudieron más de un centenar de personas dio comienzo en el Puente de Las Bolas, en un recorrido que finalizó frente a las puertas del Cabildo Insular de Lanzarote donde se leyó un manifiesto.
Según explican en un comunicado, la Asamblea General de la entidad considera que un proceso de licitación de los servicios de atención a la discapacidad “es un riesgo que pone en peligro la calidad de los servicios que ofrece Adislan en la actualidad”, ya que sostienen que en ésta “siempre prima el interés común”. Además, añaden que en el servicio “no existe ánimo de lucro”, sino “una mejora continua de los servicios con la participación directa de las familias, frente a empresas mercantiles que tienen beneficio económico con la prestación de los servicios”.
Adislan sostiene que como organización se basa en diversos aspectos que las familias consideran “fundamentales para la gestión y prestación de servicios a las personas con discapacidad intelectual”. La Asociación pone en valor "la trayectoria y bagaje en la atención a personas con discapacidad intelectual”, haciendo hincapié en los “más de 50 años que llevan al frente”. Además, sostienen que son una organización que presta los servicios con “valores, empatía, cercanía, transparencia y perspectiva comunitaria”, lo que genera “un arraigo de la persona y sus familias”.
Adislan afirma que trabaja para que “nadie esté fuera del sistema de apoyos”, impulsando continuamente “una mejora” en ellos, así como en “el avance de la profesionalización de la entidad”, ofreciendo además “una atención inmediata en las urgencias”.
Estas medidas permiten a Adislan, según apuntan "desde la propia organización a disponer de una movilidad ágil en los servicios, en los que ofrecen a los profesionales una trayectoria profesional”, resaltando que en la plantilla existe “un alto porcentaje de contratos indefinidos”, algo que consideran fundamental para el trabajo con personas con discapacidad intelectual.
Adislan apunta que su máximo órgano de gobierno se basa “en principios de participación”, en el que existe “una participación activa de familias” que, junto con la fiscalización por normativa y procedimientos de la administración pública, “ofrece todas las garantías de cumplimientos de derechos en la prestación de los servicios”.
Por ello, la Asociación reclama al Cabildo que, amparándose en que Adislan “no es un operador económico sino una entidad con valor público de interés” y considerando, además del arraigo social, “su validada, consolidada y larga trayectoria en la prestación de apoyos a las personas con discapacidad”; que se valoren “alternativas jurídicas, que en ningún caso impliquen agravio comparativo con el resto de las islas Canarias”. De esta manera, Adislan asegura que se protegería “a las personas con discapacidad intelectual”, y que con ello se garantizara “la participación de las familias en la gestión de los servicios de atención a la discapacidad intelectual en Lanzarote”.