El Ayuntamiento de Yaiza ha acordado iniciar el trámite para declarar un "incumplimiento" por parte de Salmepa, propiedad de Juan Francisco Rosa, de Lanzarote Sur S.A. y de la Entidad Urbanística de Conversación de Costa Papagayo, por las obras "no ejecutadas o ejecutadas defectuosamente" en ese extinto plan parcial, que aún no ha sido recepcionado por el Consistorio porque siguen sin completarse los trabajos de urbanización que correspondían a los promotores. De hecho, esta zona donde entre otros se ubican los hoteles ilegales de Rosa, el Princesa Yaiza y el Son Bou, actualmente ya no está catalogada como plan parcial sino como suelo urbano no consolidado.
A finales de 2015, el Ayuntamiento ya instó a estas empresas a acometer los trabajos que quedaban pendientes, valorándolos en al menos un millón de euros, e incluso acordó la ejecución forzosa de los trabajos, anunciando que los acometería el Consistorio y luego cobraría el importe a las empresas responsables. Sin embargo, los últimos informes técnicos confirman que solo en materia de aceras, que es en la que se centra este nuevo decreto, quedan trabajos pendientes por valor de 221.831 euros, por lo que se ha iniciado ahora esta "declaración de incumplimiento".
En concreto, el informe técnico fechado el pasado 25 de febrero concluye que "quedan por realizar bordillos" y "pavimentos de acera" y que incluso en algunos casos, como "algún tramo de la calle La Concha", ni siquiera existe acera. Además, en cuanto a la señalización vial, señala que "únicamente se ha completado en su totalidad lo concerniente a la Zona Sur de dicho Plan Parcial, quedando pendiente de ejecución en la Zona Norte".
Les da un mes para ejecutar las obras
A raíz de ese informe y de otro emitido por la Secretaría del Ayuntamiento, la Junta de Gobierno acordó iniciar este trámite el pasado 26 de febrero, plasmándolo dos semanas después en un decreto firmado por el alcalde, Óscar Noda. En esa resolución, se acuerda dar un mes a los responsables de la urbanización para que ejecuten las obras y, en caso contrario, "se procederá a iniciar el trámite de ejecución forzosa".
Según señala el decreto, esa ejecución "se realizará con cargo al aval depositado para obras de urbanización", que "en la actualidad supone 73.275 euros". En cuanto a la cantidad que faltaría hasta completar los 221.831 euros, advierte que después "será repercutido a los responsables de la urbanización".
No obstante, las tres entidades afectadas aún pueden presentar alegaciones en el plazo de 20 días. Y en caso de que las presenten, se deberán emitir nuevos informes técnicos y jurídicos para darles respuesta, antes de dictar una resolución definitiva en este procedimiento.