"El precinto viene a nombre de otra persona. No corresponde ni a nuestro nombre, ni a nuestro número de expediente y no tiene nada que ver con nuestra parcela". Así se defiende Lorenzo Viñoly, uno de los dueños de la finca en la montaña de El Chupadero que ha sido precintada por la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural (APMUN). Además, niega que existan ocho expedientes por la extracción de rofe en su terreno, como señalaron a La Voz desde el Gobierno de Canarias. Según afirma, todo ha sido un "acto de mala fe" de un técnico de Medio Ambiente del Cabildo.
Sin embargo, desde la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Canarias siguen insistiendo en que el precinto se mantiene en vigor, y que "toda actividad queda suspendida en esta montaña" por la apertura de esos expedientes.
Pese a que Lorenzo Viñoly reconoció el pasado martes a este medio que esta agencia le había precintado "sólo durante unas horas" la finca, este mismo viernes asegura que el precinto no afecta a su terreno. "Estuvo precintada la finca hasta que llamamos al Gobierno de Canarias y nos dijeron cómo teníamos que actuar, porque en realidad afecta a otra parcela", explica.
Para Viñoly todo es fruto de una persecución de este técnico del Cabildo. "La persona que ha montado todo este tinglado es Javier Sol", denuncia. Así, pese a lo declarado desde la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Viñoly asegura "nosotros seguimos trabajando", aún existiendo ese precinto."Tenemos todos los permisos, nuestra finca no está precintada, porque el precinto no se ajusta a la realidad", insiste, al tiempo que señala que "hoy mismo (por este viernes) se están llevando trabajos en la parte delantera de la montaña, donde tenemos un proyecto para recuperar una parte del suelo".
Viñoly incluso indica que "desde el Gobierno de Canarias nos dicen que sigamos trabajando como estábamos, porque nosotros tenemos licencias para todo". Según su versión, su parcela va desde la 206 hacia el sur, mientras que la que está afectada por el precinto es "la 154, más arriba, al lado del cono volcánico". "No tiene nada que ver con nosotros", subraya, al tiempo que explica que en la montaña de El Chupadero "hay cientos de parcelas que tienen entre 40 y 50 dueños".
"Engaños y mentiras"
Por ello, sostiene que el técnico del Cabildo, Javier Sol, "ha utilizado al Gobierno de Canarias para hacer esa denuncia. Es que hay alguien que ha llegado a conseguir molestar a otras personas. Ha habido personas que han mentido a la Agencia. Van con engaños, y no entiendo cómo un técnico puede hacer algo así y engañar", denuncia.
Según explica este propietario, "Javier Sol vino aquí (a su parcela) y dijo que iba a precintar la finca, pero no tenía ni el precinto, la finca no correspondía al número de expediente, no correspondía a las personas, ni a la parcela, ni correspondía a los dueños"."Un guardia no puede mentir para denunciar, no puede cambiar parcelas", insiste.
"No es una cantera"
Lorenzo Viñoly defiende la legalidad de los trabajos que se realizan en El Chupadero y afirma que "no es una cantera", sino que de ahí se saca "el sobrante de la arena". Lo que está claro es que El Chupadero lleva años envuelto en la polémica. La asociación El Guincho denunció la extracción supuestamente ilegal de picón en este espacio natural protegido de La Geria. En su momento, este colectivo incluso aseguró ante los medios de comunicación que "se estaban llevando la arena de la ladera de la montaña".
Y es que mientras El Guincho ponía de manifiesto en noviembre del pasado año las presuntas ilegalidades llevadas a cabo en esta montaña, sus propietarios se aferraban a un informe del Cabildo, en el que se permite la "extracción de este material sobrante de la finca". Y es que en su momento, la primera institución concedió a este lugar la calificación territorial de "finca agrícola abandonada" y permitió trabajos de mejora y restauración en la montaña.
En este documento, fechado el 28 de agosto de 2008, y firmado por el entonces consejero Carlos Espino y por el jefe de Servicio de Medio Ambiente, Luis Pascual, se respondía a la solicitud de estos dos propietarios, que solicitaron "la modificación de condiciones de la Calificación Territorial otorgada para la reconversión de finca agrícola en la Montaña Chupaderos".
Plantar viñas
Así, según Viñoly, lo que están haciendo en esa montaña es restaurarla para plantar viñas e higueras y para arreglar El Chupadero, "que estaba hecho una basura". En este sentido, afirma que el negocio de su empresa no reside en vender arena, sino que en un futuro será rentable por el beneficio que le den los productos que allí tienen plantados, y que espera que comiencen a dar sus frutos en 2016.
"Nos hemos gastado más de 500.000 euros comprando fincas porque estamos dispuestos a arreglar la montaña, porque es una cosa que queremos hacer, aunque nos hagan daño", subraya. Pese a que niega estar beneficiándose de la venta de picón, sí que reconoce que vendió una partida de rofe "sobrante" por valor de 120.000 euros, que le sirvió de "ayuda".
Viñoly quiere dejar claro que ese picón no fue a parar a ninguna constructora como denunció en su día El Guincho, sino que "la arena se la llevó Tragsa, que depende del Gobierno central" y se destinó a reparar las fincas que se habían visto afectadas por el delta de 2005. El grupo Tragsa, según su página web, trabaja para "favorecer el desarrollo sostenible del medio rural y marino" y actúa como "medio propio instrumental de las administraciones". Es decir, realiza trabajos que "le encomiendan las Administraciones del Estado, las Comunidades Autónomas, y los Municipios, mediante convenios".
Según Viñoly, su empresa alcanzó un contrato con Tragsa, que "cumplió unos trámites y unos informes". "Había que poner una arena y se aprovechó material para dárselo a esta empresa. Eso se hizo a través de un concurso", explica.
Por todo ello, Viñoly niega que la montaña se esté utilizando como mina. "Esto no es una cantera. Nosotros tenemos un permiso para sacar el material sobrante. Pero hay que tener en cuenta que no es lo mismo el sobrante de 120 metros cuadrados, que de medio millón de metros cuadrados, que es lo que tenemos en la montaña", se justifica.
Petición socialista
Las dudas, sin embargo, planean sobre esta montaña. Incluso el secretario general del PSOE en Lanzarote, Carlos Espino, realizó una pregunta en el último pleno ordinario del Cabildo para saber exactamente qué trabajos se estaban realizando en El Chupadero. Espino pidió que aclarara si la actividad consistía en reestructurar la finca, "es decir, dejarla en condiciones para producir", y "no en una extracción minera".
"Queremos saber qué está sucediendo. Hay quien dice que no es una extracción minera, sino que es material sobrante, que es lo que se aprobó en un informe firmado por mí. Pero lo que no sabemos es si con el cuento del material sobrante, de ahí se están llevando más de la cuenta", indica Espino, que espera que el Cabildo elabore un informe sobre esta actividad.
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