Casi un año después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenara dividir el caso Stratvs en dos piezas separadas, la causa vuelve a entrar en la recta final para ir a juicio. Durante el último mes, todos los acusados han presentado ya sus escritos de defensa, después de que el Juzgado Instructor terminara de separar la causa en dos procedimientos.
Fue el aforamiento de la alcaldesa de Yaiza, Gladys Acuña, lo que hizo que la causa entera pasará al TSJC, cuando se convirtió en diputada regional. Sin embargo, el Tribunal decidió entonces, concretamente en noviembre de 2015, que se separara en dos piezas y asumir solo los hechos conexos que tuvieran relación directamente con la intervención de Acuña. Así, junto a ella se sentarán en el banquillo una decena de acusados relacionados con esos hechos, incluyendo todos los concejales que formaban parte de la junta de gobierno en 2008, cuando se concedió la licencia de actividad a Stratvs, mientras que el resto responderá ante la Audiencia Provincial, que era a quien le correspondía inicialmente la competencia para juzgar la causa.
En esos escritos de defensa que ya han llegado al TSJC, la mayoría de los acusados en esta pieza se limita a mostrar su disconformidad con la calificación de la Fiscalía y de las acusaciones particular y popular, mientras que el empresario Juan Francisco Rosa y Gladys Acuña sí muestran ya cuáles serán sus argumentos de defensa.
No hay delito, "en lo que a nuestra representada respecta"
En el caso de Acuña, ha sido la que ha presentado un escrito más extenso ante el TSJC, con 28 folios en total, en los que rebate los cargos por los que le acusa el Ministerio Fiscal. "En lo que a nuestra representada afecta, los hechos enjuiciados no son constitutivos de infracción penal alguna", señala su defensa, que no plantea que no hayan existido delitos, sino que Acuña no fue partícipe.
Por su parte, la defensa de Juan Francisco Rosa ha presentado un escrito de 17 folios, firmado por el abogado José Antonio Choclán Montalvo, que entre otros representa a Rita Barberá, a uno de los cabecillas de la Operación Púnica, David Marjaliza, y también ha sido abogado de Francisco Correa en el caso Gürtel. En su escrito de defensa, Choclán apunta que esa acusación se basa en una conversación interceptada por la UCO dentro del caso Unión, y que fue incorporada al caso Stratvs. En esa conversación, Juan Francisco Rosa hablaba con el entonces concejal de Yaiza, Leonardo Rodríguez, sobre la Junta de Gobierno que iba a celebrarse al día siguiente y en la que se iba a debatir la concesión de la licencia de actividad a Stratvs.
La petición de "ayuda" de Rosa, una "mera cortesía"
"Es la apertura, ya sabes, ya para legalizar aquello de una vez. Tengo todo, el tema del Cabildo, todo en orden, todo entregado. Y no falta nada más que la apertura tuya, sabes", decía Rosa en esa conversación. Sin embargo, según el empresario, es "absolutamente incierto" que con esas palabras pretendiera "influir" sobre el edil. Tras reproducir una parte de la transcripción de esa conversación, su abogado señala que no hay "ni el más mínimo comentario acerca de que le ayudara a conseguir esa licencia, ni de influir ni en su decisión ni en la de los demás miembros de la Junta de Gobierno".
A continuación, y tras negar que le pidiera "ayuda" al concejal, como señalaba el Ministerio Fiscal, el letrado agrega que "la expresión ‘ayudara’ fue vertida en esa misma conversación pero referida a una reunión que Leonardo Rodríguez iba a tener al día siguiente con una persona a la que Juan Francisco Rosa le había vendido en el pasado unas parcelas y que había tenido problemas con la licencia de primera ocupación. Nada que ver por tanto con la licencia para la bodega que es objeto del presente procedimiento", concluye el letrado.
Tras señalar que esa "ayuda" no la pidió para la licencia de Stratvs, sino para otra, el abogado agrega: "Simplemente le manifiesta ‘a ver si le puedes ayudar’, en tono de mera cortesía y sin ningún ánimo de influir en el señor Rodríguez". Respecto a la conversación sobre Stratvs, su abogado insiste en que solo se "interesó" por la tramitación de la licencia de actividad, "sin que intentara de ningún modo influir".
"Algunos informes desfavorables de Salud Pública"
Además de asegurar que siguió "escrupulosamente el cauce marcado por la normativa administrativa" para obtener la licencia de actividad, la defensa de Rosa dedica la mayor parte del escrito a sostener que la bodega Stratvs es legal, pese a que el PIOT no permite esa instalación en ese suelo y pese a que construyó un macro complejo de 12.000 metros cuadrados, cuando solo tenía licencia restaurar una vivienda protegida (que en realidad derribó y sustituyó por otra mayor) y para una bodega almacén de 900 metros.
En cuanto a los vertidos contaminantes, aunque se juzgarán en la otra causa, también se refiere a ellos Rosa en su escrito, ya que la juez instructora y la Fiscalía sostienen que deberían haber sido motivo para denegar esa licencia de actividad. Al respecto, el abogado del empresario reconoce que "se habían dictado algunos informes desfavorables por la Dirección General de Salud Pública", pero obviando que lo que hacían esos informes era advertir de altos parámetros de contaminación en los vertidos de la bodega.
A continuación, el letrado se refiere a otros informes de Sanidad favorables que considera que han sido "omitidos" por la Fiscalía. Sin embargo, los informes que enumera no hacen referencia a los vertidos, sino a inspecciones sanitarias relativas a la elaboración, embotellado y almacenamiento de vino, para poder inscribirse en el Registro General Sanitario de Alimentos.
La alcaldesa apunta a los técnicos para defender su intervención
Por su parte, la alcaldesa está acusada por haber aprobado la licencia de actividad de la bodega en diciembre de 2008 y, posteriormente, por no haber adoptado medidas contra la bodega y el resto de instalaciones, pese a tener conocimiento de las irregularidades. Sobre lo primero, la defensa de Acuña sostiene que votó a favor de la concesión de esa licencia en una Junta de Gobierno porque contaba con informes favorables de dos técnicos del Consistorio –el ex secretario Vicente Bartolomé Fuentes y el ingeniero Andrés Morales, también acusados en la causa- y con otro informe y una resolución favorable del Cabildo de Lanzarote. Ese informe fue emitido por otro acusado el caso Stratvs, el técnico del Cabildo Manuel Jesús Spínola, y la resolución fue firmada por el entonces consejero de Actividades Clasificadas, Miguel Ángel Leal.
"Contando con todos los informes preceptivos en sentido favorable, el acuerdo de la Junta de Gobierno local no podía ser otro que el adoptado", señala la defensa de la alcaldesa. En esa Junta, se aprobó conceder la licencia pero de forma "supeditada". Entre otras cosas, se establecía que no podría comenzar a ejercerse la actividad "sin que antes se gire visita de comprobación por los técnicos municipales competentes, acerca de la adecuación del local al proyecto presentado". Sin embargo, la bodega había sido inaugurada ya con una fiesta oficial siete meses antes y llevaba cerca de otro años más en funcionamiento. Además, tras otorgarse el permiso, no consta en la causa que se realizara ninguna "visita de comprobación" por parte del Ayuntamiento.
En cuanto a la "inactividad" de la que le acusa la Fiscalía, la alcaldesa sostiene que solo tuvo conocimiento de las irregularidades cinco años después de conceder esa licencia de actividad, cuando en julio de 2013 acudió a declarar como imputada ante el Juzgado instructor del caso Stratvs.
A partir de ahí, asegura que actuó "con la mayor diligencia, dentro de la limitación de medios humanos, técnicos y jurídicos del Ayuntamiento de Yaiza, ordenando la tramitación de los expedientes administrativos correspondientes, con las garantías exigidas por la normativa vigente". En total, desde entonces el Ayuntamiento abrió hasta cuatro expedientes distintos a Stratvs: uno "por el desarrollo de la actividad del restaurante", otro "por la actividad de tienda con zona de degustación", otro "por la actividad de bodega sin la preceptiva licencia" y uno más "por la actividad principal de la bodega y de sus actividades complementarias".
Sin embargo, solo llegó a precintar el restaurante, según Acuña, por falta de medios técnicos en el Ayuntamiento para resolver esos expedientes. Finalmente fue el propio Juzgado instructor quien, en diciembre de 2013, ordenó el cierre de todas las instalaciones, en una decisión que después fue avalada por la Audiencia Provincial, que rechazó el recurso presentado por Juan Francisco Rosa contra esa medida cautelar.