El secretario del Cabildo, Francisco Perdomo, a petición del PSOE de Lanzarote, emitió el pasado 18 de noviembre un informe en el que entiende que los funcionarios Leopoldo Díaz y Esteban Armas "no se encuentran incursos en causa de abstención" en el procedimiento del que fueron apartados por el presidente del Cabildo.
A juicio de los socialistas, el documento contradice la decisión "unilateral y arbitraria" del presidente, Pedro San Ginés, de apartar a los urbanistas de sus funciones.
El máximo responsable de los servicios jurídicos de la Corporación se remite a un supuesto semejante, en el que también se planteó la recusación de los funcionarios del PIOT, en aquel caso por su participación en la mesa de contratación que adjudicó la redacción del Plan de Ordenación Territorial del año 1991 al urbanista Fernando Prats.
Ya entonces, el secretario consideró que la vinculación pasada o presente de Díaz y Armas con la Fundación César Manrique no era motivo suficiente para invalidar su intervención en el proceso de adjudicación de la elaboración del planeamiento.
El informe de Francisco Perdomo incluye las alegaciones de los técnicos, quienes rechazan "tajantemente" que se den las causas de recusación esgrimidas por el recusante, y los artículos de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Reglamento de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de las Entidades Locales, además de variada jurisprudencia.
Según el secretario de los Socialistas de Lanzarote, Carlos Espino, el informe del secretario confirma que el presidente se precipitó al apartar a los técnicos del PIOT. "San Ginés no puede ahora escudarse en la Providencia de la jueza, quien no pidió la recusación de Leopoldo y Esteban, sino un informe alternativo al elaborado por éstos, informe que, como hemos sabido estos días, es idéntico al elaborado por los trabajadores en cuestión".
"Por otra parte, a la vista de la carta del promotor Juan Francisco Rosa al presidente, publicada por los medios de comunicación, empezamos a entender la precipitación de San Ginés y su actuación contra los funcionarios, sin solicitar siquiera a los servicios jurídicos del Cabildo su opinión al respecto", añade Espino.
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