La Operación "Unión" cumplirá un año el próximo martes 25 de mayo y desde entonces ha ido creciendo, convirtiéndose sin duda en la mayor causa judicial contra la corrupción de la historia de Lanzarote, pero también en una de las más relevantes de Canarias e incluso del país. Desde el día en que los agentes de la UCO desembarcaron por primera vez en la isla de forma pública, tras aprovechar la celebración del Ironman para llegar sin levantar sospechas, se han producido 46 detenciones y habría al menos otros tantos imputados, entre los que se han conocido hasta el momento y los que podrían sumarse a la lista en las próximas semanas, conforme avanza una investigación que continúa abierta.
Pero en estos doce meses, mientras instruían una causa que se ha ido multiplicando, desde el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife también han tenido que sortear una importante carrera de obstáculos.
El primero, estuvo en la propia sobrecarga de trabajo, en un Juzgado que ya de por sí estaba saturado. Ante eso, poco después de que estallara públicamente la operación, se solicitó un refuerzo para el Juzgado. Y aunque esta petición contaba con el beneplácito de los órganos judiciales, fue rechazada finalmente por el Ministerio de Justicia. Además, pese al lógico carácter urgente de la solicitud, la negativa llegó en diciembre, después de seis meses de espera, pese a que había sido aprobada primeropor el Tribunal Superior de Justicia de Canarias y después, incluso, por el Consejo General del Poder Judicial.
En su momento, desde el Ministerio de Justicia explicaron a La Voz que rechazaron la petición porque "las congestiones" que se produjeron en 2009 en este juzgado "son semejantes a la media nacional".
Expediente
Paradójicamente, poco antes de que se adoptara esta decisión, el magistrado César Romero Pamparacuatro se enfrentó a la apertura de un expediente interno, por un retraso al dictar una sentencia en una causa de su anterior juzgado. Y es que el magistrado estuvo anteriormente al frente del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de La Palma, hasta que en marzo de 2008 se trasladó a Lanzarote, iniciándose casi desde su llegada la investigación de la Operación "Unión".
Así, unos meses después de que comenzaran las primeras oleadas de detenciones, la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial tomó en consideración una queja que se había presentado en ese juzgado de La Palma, por un juicio del que todavía no se había dictado sentencia, y abrió un expediente al magistrado.
Tras analizar el caso, los órganos de inspección del Consejo se pronunciaron proponiendo que el expediente fuera archivado pero, pese a ello, se siguió tramitando. Ahora, una vez más, el instructor ha vuelto a proponer su archivo, al considerar que el retraso estaba justificado por el volumen de trabajo del juzgado, el alto porcentaje de resolución de causas penales y civiles y la sobrecarga añadida que supone la instrucción del caso "Unión".
Peligró el secretario
A estas circunstancias que ha afrontado el Juzgado de Instrucción Número 5 en el último año hay que sumar que, en el último mes, ha estado a punto de perder a su secretario, que ha sido una de las piezas importantes de la Operación, junto con el propio magistrado, la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo, a través de Ignacio Stampa y Javier Ródenas, y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Desde el principio, todos ellos formaron un equipo de trabajo tan cohesionado como hermético que, en su momento, permitió que la investigación avanzara cuando en la isla ni siquiera se sospechaba lo que se avecinaba.
Sin embargo, la plaza de secretario que José Ramón Vera ocupa de forma interina se sacó recientemente a concurso. En el caso de Lanzarote, la mayoría de las plazas de secretarios judiciales están cubiertas por interinos pero, por motivos que desde el órgano competente no han confirmado a La Voz, las que se decidieron sacar a concurso en esta última convocatoria fueron sólo las de los Juzgados de Instrucción Número 3 y Número 5.
Finalmente, en el caso del Juzgado del Caso "Unión", la convocatoria ha quedado desierta, por lo que el actual secretario podrá continuar en su puesto.
Filtraciones
Pero por si las complicaciones hubieran sido pocas, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife tiene abierto un nuevo frente, que se desató a raíz de la última fase policial del caso "Unión", la Operación "Jable", y ha obligado a abrir una investigación interna. El objetivo: determinar si algunos de los últimos detenidos fueron informados previamente de que lo que se les avecinaba.
En concreto, creen que alguien le dijo a María Isabel Déniz que iba a ser arrestada junto a otras personas, y que ella se lo trasladó a su vez, al menos, al gerente de Urbaser, Jacinto Álvarez, y al que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha. El propio Jacinto Álvarez reconoció ante el juez y el Ministerio Fiscal que había sido avisado por la ex alcaldesa, y lo que intenta ahora determinar el Juzgado es de quién pudo partir esa filtración, que podría haber obstruido la investigación.
Y es que además de poder peligrar la localización de pruebas en los registros, el hecho de que alguien sepa que va a ser detenido también le permite hablar previamente con el resto de los implicados sobre lo que van a declarar. Algo que se había intentado evitar no sólo ordenando la detención, sino también la incomunicación de estas tres personas, al igual que la del empresario Francisco Armas, hasta que pasaran a disposición judicial. Máxime cuando muchos de ellos comparten un mismo abogado: Felipe Fernández Camero.
Orden revocada
Tanto Jacinto Álvarez como Rafael Arrocha y María Isabel Déniz fueron enviados a prisión provisional, en relación con el presunto amaño en la adjudicación del contrato a la empresa Urbaser para los servicios de limpieza de Arrecife. Sin embargo, la ex alcaldesa fue puesta en libertad el pasado viernes por orden de la Audienca Provincial, que ha revocado la orden de prisión decretada hace un mes por el Juzgado de Instrucción Número 5, en un hecho sin precedentes hasta el momento en el caso "Unión", en el que hasta ahora se había acordado esta medida para once personas, y todas ellas la habían cumplido hasta que lo determinó el propio Juzgado que lleva la investigación.
Además de un presunto delito de cohecho relacionado con Urbaser, la investigación también imputa a Déniz el mismo cargo por un supuesto soborno vinculado a Francisco Armas, por un viaje realizado a Marruecos por la ex alcaldesa y varios miembros de su familia, incluyendo a la magistrada y actual viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carolina Déniz, y que fue pagado por Fomento Construcciones y Contratas, adjudicataria de varias obras en la capital.
Esta empresa, de la que según la investigación Armas actuaba como representante en Lanzarote, no sólo se ha encargado de obras como el Palacio de Deportes de Argana, sino también otras dependientes del Cabildo, como el Complejo Medio Ambiental de Zonzamas, o incluso del Gobierno canario, como el Palacio de Justicia de Las Palmas de Gran Canaria, cuya construcción está terminando actualmente FCC en una UTE con la empresa Hermanos Santana Cazorla S.L.
El marido y varios hermanos de la ex alcaldesa, incluyendo a la propia Carolina Déniz, fueron citados a declarar como testigos por esta causa, por haber participado en ese viaje a Marruecos que, según la investigación, sería fruto de un presunto cohecho.