El Gobierno de Canarias ha publicado este lunes el convenio firmado el pasado mes de diciembre con el Ayuntamiento de Tinajo -que llevaba más de año y medio solicitándolo-, para que sea la Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial quien elabore los informes de evaluación ambiental de los planes y proyectos tramitados por el Consistorio.
Fue el 7 de junio de 2018 cuando el alcalde, Jesús Machín, se dirigió al Ejecutivo regional, presidido entonces por su compañero de CC Fernando Clavijo, para solicitar esa encomienda, tras la entrada en vigor de la Ley del Suelo. Esa ley dejaba las competencias de evaluación ambiental en las instituciones locales, que tenían que crear para ello sus propios órganos.
Sin embargo, a su vez se contemplaba la posibilidad de que se siguiera delegando esa labor en el Gobierno de Canarias, como han tenido que hacer muchas instituciones. De hecho, este mismo lunes no solo se publica el convenio firmado con Tinajo, sino también el que se rubricó el pasado mes de diciembre con el Ayuntamiento de Arrecife.
En el caso de la capital, fue con el cambio de gobierno, ya con la Alcaldesa Ástrid Pérez, cuando el Ayuntamiento trasladó esa solicitud al nuevo Gobierno canario, que la recibió el pasado mes de agosto y la resolvió en poco más de cuatro meses. Sin embargo, el escrito de Tinajo se recibió en el Ejecutivo regional en junio de 2018 y se acabó firmando el mismo día que el de Arrecife, el pasado 27 de diciembre, ya con el nuevo Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres.
El Cabildo también lo terminó solicitando hace cuatro meses
Al igual que varios ayuntamientos, el Cabildo de Lanzarote también aprobó el pasado mes octubre firmar una encomienda provisional con el Gobierno regional, hasta que pueda crear su propio órgano de evaluación ambiental. Esa creación se vio bloqueada durante el mandato de Pedro San Ginés, que no consiguió la mayoría suficiente para sacar adelante este órgano.
En su momento, San Ginés aseguró que eso estaba bloqueando importantes proyectos, pero tampoco solicitó la firma de un convenio con el Ejecutivo regional para que éste pudiera asumir temporalmente esas competencias, tal como contemplaba la propia Ley y le recordaron reiteradamente desde la oposición.
En el caso de los convenios con Arrecife y Tinajo, que se firmaron el pasado mes de diciembre y se han publicado este lunes en el Boletín Oficial, su duración prevista es de un año, que podrá ser prorrogada, sin que suponga ningún coste para las corporaciones locales.