El caso Montecarlo ya tiene cerrada su primera pieza. Concretamente, la que investiga el presunto saqueo de casi 470.000 euros del Ayuntamiento de San Bartolomé, con pagos por servicios supuestamente no prestados a dos empresas de José Vicente Montesinos y con cobros indebidos del interventor, Carlos Sáenz. El juez Ricardo Fiestras Gil acaba de dar por terminada la instrucción y ha dado 20 días para presentar ahora los escritos de acusación. En su auto, en el que ordena iniciar el trámite de procedimiento abreviado, previo a la apertura de juicio oral, el magistrado sostiene que hay indicios suficientes para llevar al banquillo a cinco personas.
Entre los imputados que el juez considera que deberán ir a juicio se encuentra el interventor Carlos Sáenz, que es el principal nexo entre todas las piezas del caso Montecarlo. Y es que además de ser interventor de Arrecife, Sáenz ocupó también este cargo en San Bartolomé, cuando ocurrieron los hechos que se investigan en esta pieza. Junto a Sáenz, el juez también ve "indicios racionales" de delito en la actuación del tesorero de San Bartolomé, Luis Manuel Rodríguez Pérez; del ex alcalde, Miguel Martín; y del ex concejal de Hacienda, Javier Betancort, así como del empresario José Vicente Montesinos. Tanto Montesinos como Javier Betancort están imputados también junto a Carlos Sáenz en otra pieza de Montecarlo, en este caso por pagos del Ayuntamiento de Arrecife.
El juez instructor señala que los cinco imputados en la pieza de San Bartolomé podrían haber incurrido en delitos de prevaricación, fraude y/o malversación de caudales públicos. En el caso de Carlos Sáenz y Montesinos, también considera que hay indicios suficientes de un presunto delito de cohecho y de otros delitos de falsedad documental. Además, señala a las empresas Progestril y Recingest SL, ambas propiedad de José Vicente Montesinos, como responsables civiles subsidiarias, por lo que tendrían que responder también de la devolución del dinero al Consistorio en caso de condena.
"Un plan para sustraer fondos públicos"
"En el año 2002, Carlos Sáenz Melero se concertó con el imputado José Vicente Montesinos Ramírez para llevar a cabo la sustracción de fondos públicos" del Ayuntamiento de San Bartolomé, señala el juez instructor. Para ello, sostiene que "idearon un plan" que necesitaba de la "imprescindible participación, voluntaria y consciente", de otros cargos públicos y funcionarios del Consistorio, es decir, de los otros tres imputados en la causa.
Algunas de las facturas, 20 abonadas a la empresa Recingest y otra más a Progestril, se pagaron sin que existiera siquiera un contrato con el Ayuntamiento y sin que conste que se hayan prestado los servicios. Las otras, se basaron en dos contratos con Progestril: uno firmado en mayo de 2002 y otro en septiembre de 2004, ambos por supuestos servicios de consultoría y asesoría relacionados con la recaudación de tasas e impuestos municipales.
En ambos casos, la contratación se llevó a cabo tras un procedimiento negociado sin publicidad, para el que se invitó a tres empresas. Sin embargo, según el juez, "las tres empresas invitadas por el alcalde (Miguel Martín) estaban bajo el control y administración del mismo empresario", José Vicente Montesinos, por lo que concluye que fue un "expediente de contratación fraudulento y simulado".
Cobró el triple de lo que establecía el contrato
En su relato de los hechos, el juez instructor sostiene que "no solo no resulta debidamente justificada la prestación del servicio" por el que cobró Montesinos, sino que además las cantidades que recibió superaban con creces el importe que se establecía en los contratos, llegando a triplicar esa cifra. Por el primero de esos contratos, que tuvo una duración de dos años, el empresario en teoría iba a recibir 27.640 euros anuales, es decir, 55.280 en total. Sin embargo, lo que terminó cobrando fue, "al menos", 163.869 euros, que es la cantidad que se ha acreditado durante la instrucción.
En cuanto al segundo contrato, partía de un cálculo de 30.050 euros de pago anual, aunque se establecía que la cantidad definitiva se fijaría en función de los resultados (algo que "vulnera la normativa en materia de contratación pública", según el juez). Concretamente, el empresario recibiría el 10 por ciento de la deuda que descubriera y el 19 por ciento de la que llegara a cobrar de forma efectiva el Ayuntamiento. Sin embargo, en virtud de ese segundo contrató, Montesinos terminó cobrando 135.998 euros, cuando por su "supuesta colaboración con la Tesorería municipal únicamente se ingresaron en las arcas municipales 44.015 euros".
Incluso sumando el porcentaje que le correspondería por la deuda supuestamente descubierta pero no cobrada, que ascendió a 477.916 euros, Montesinos debería haber recibido un máximo de 53.154 euros en total, según el juez, frente a los casi 136.000 que le pagó el Ayuntamiento. Además, aún pretendía cobrar 46.079 euros más, en función de otras cinco facturas que presentó con cargo a ese contrato y que, según el juez, ya habían sido "reconocidas por la fraudulenta actuación del interventor". "No fueron abonadas al descubrirse el fraude por los nuevos responsables municipales", sostiene el auto. Además, recuerda que el empresario sigue reclamando esa cantidad en los tribunales, en vía contencioso-administrativa, después de que la actual alcaldesa, María Dolores Corujo, y el actual concejal de Hacienda, Antonio Rocío, se negaran a pagar esas facturas.
Otros 87.000 con facturas de otra empresa sin contrato
A la "obtención ilícita de fondos" a través de esos dos contratos, se suman los pagos que recibió otra empresa de Montesinos, Recingest SL. Según reveló la instrucción, las facturas que se abonaron a esa empresa "no se amparaban en ningún expediente de contratación ni en contrato alguno" con el Ayuntamiento de San Bartolomé.
Entre marzo de 2005 y mayo de 2007, Montesinos cobró "al menos" 20 facturas a nombre de Recingest, por un importe total de 87.000 euros, también por servicios de asesoramiento en materia tributaria, financiera y presupuestaria. Además, presentó otra factura de 3.000 euros en junio de 2007, pero el nuevo grupo de gobierno que entró ese año al Consistorio frenó el pago. Al igual que los 46.000 que no consiguió cobrar por facturas de Progestril, el empresario también ha reclamado el pago de esta factura iniciando un pleito contra el Consistorio.
En total, según el juez, los cinco imputados habrían contribuido a defraudar al Ayuntamiento casi 400.000 euros (307.440 con facturas de Progestril y 87.000 euros con facturas de Recingest), "a sabiendas por todos ellos" de que esos pagos "no obedecían a ningún servicio prestado, sino únicamente a la sustracción de dinero público en perjuicio del municipio de San Bartolomé".
Deberes "incumplidos" y omisiones "deliberadas"
Respecto a la participación de cada uno de los imputados, el juez señala que el interventor "incumplió sus obligaciones fiscalizadoras más elementales, al autorizar los pagos sin formular reparo alguno, a pesar de la ausencia de acreditación del servicio, de su conformidad con el contrato celebrado y de la ilegalidad de éste". Además, le imputa otros delitos por los pagos que él mismo recibió del Ayuntamiento, por su trabajo como interventor, ya que considera que excedían el máximo legal.
En cuanto al tesorero, señala que "deliberadamente" no conformaba las facturas (es decir, no ponía su firma dando el visto bueno), pese a que era el máximo responsable de velar porque se ajustaran al servicio prestado. Y es que ese servicio dependía directamente de él, al ser el jefe de los servicios de recaudación municipales. Además, "con pleno conocimiento de la ilegalidad de los pagos", como tesorero se encargaba después de realizar la transferencia a la empresa para abonar esas facturas, sabiendo entre otras cosas que no llevaban la firma de ningún técnico, ya que el técnico que debía conformarlas era él.
Respecto al ex alcalde de Coalición Canaria, Miguel Martín, el juez le señala como responsable de la firma de esos contratos presuntamente fraudulentos, pero también por haber ordenado algunos de los pagos. Los otros fueron autorizados por los concejales que estuvieron al frente de Hacienda en ese periodo. Primero Cándido Reguera (fallecido mientras se instruía esta causa) y después Javier Betancort, ambos militantes entonces del PP. Según el juez, Betancort tuvo una "imprescindible participación" en esos pagos fraudulentos. "Ordenaba el pago de facturas a sabiendas de que no obedecían a la prestación de servicio alguno para el departamento que dirigía", sostiene el auto.