El presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés, ha asegurado que se encuentran en conversaciones con Club Lanzarote, que éstas van "bien" y que su "deseo" es seguir "trabajando en la posibilidad ya de un convenio", para poner fin al conflicto que mantiene con esta empresa y que, entre otras cosas, ha supuesto su imputación por delitos de prevaricación y coacciones. Sin embargo, también ha desvelado por fin cuáles son las medidas que planteó hace unos meses al Gobierno de Canarias para garantizar el abastecimiento de agua en Montaña Roja, cuando él mismo le pidió que ordenara la clausura de la desaladora de Club Lanzarote, después de que los tribunales declararan ilegal la incautación.
Por un lado, ha apuntado que "solo cabe la declaración de emergencia y tratar de hacer las obras como intentamos en su día", para conectar la urbanización a la red general de agua, pero después ha reconocido que esa vía también fue paralizada por los Juzgados, ya que trataron de acometer las obras sin autorización de la empresa que sigue siendo titular de ese plan parcial. A continuación, ha apuntado la nueva vía que plantea ahora: "requisar el agua".
"La requisa sí está contemplada en la norma", ha señalado, admitiendo así que la incautación –que fue la medida por la que optó en 2014, sin contar con informes escritos que lo avalaran-, no lo está. "Lo paradójico de todo esto es que la actuación habría sido 100% ilegal si hubiésemos requisado el agua, que sí está contemplada de manera expresa en la norma", ha asegurado ahora, aunque no ha precisado cómo se llevaría a cabo esa nueva medida que ha anunciado. "Se parece tanto a la incautación, que yo honestamente soy incapaz de distinguir cuál es la diferencia", ha afirmado el presidente.
"Te apropias del agua, que es prácticamente lo mismo que la planta"
Después, a preguntas de los medios a los que sí ha aceptado responder –ya que las preguntas de La Voz de Lanzarote han sido vetadas por el presidente- San Ginés ha agregado que "la incautación se encarga de la planta, de manera circunstancial", y "en el caso de la requisa, te apropias del agua, que es prácticamente lo mismo que la planta". "Se requisa por una situación de emergencia el agua hasta que se conecten las obras", ha añadido. Así,ha desvelado cuál podría ser su próximo paso, después de haberse negado a responder a esta pregunta cuando se le preguntó por ello en repetidas ocasiones por parte de la oposición, en el Pleno celebrado el pasado mes de junio en el Cabildo.
No obstante, ha precisado que esa medida requería "previa autorización, faltaría más, judicial". Al respecto, cabe recordar que uno de los motivos por los que se anuló la incautación de la desaladora ordenada en su día por San Ginés fue que no existía autorización judicial, además de no contar con un solo informe escrito que propusiera o avalara esa medida.
En cualquier caso, ha señalado que aún no han elevado siquiera esa petición a los tribunales. "Ante las instancias judiciales no, y ni siquiera aun ante el Gobierno", ha afirmado. "El Gobierno nos preguntó previamente cómo ejecutaríamos la propuesta de resolución (si se ordenaba la clausura), se lo explicamos y después la emitió", ha explicado el presidente, asegurando que entiende que "aún está en plazo incluso la respuesta del Gobierno al recurso que, sin duda, habrá puesto Club Lanzarote a ambas resoluciones, a la del Gobierno y a la de la Consejería de Agricultura". "Por lo tanto, aún hay tiempo para elevar esas consultas si las conversaciones fracasan", ha asegurado, insistiendo en que espera llegar a un acuerdo con Club Lanzarote.
"Muy preocupado por el desabastecimiento" que podrían provocar
"El Gobierno (de Canarias) está muy preocupado por el desabastecimiento que supondría la clausura de la planta", ha señalado San Ginés, que hace un año revocó el permiso que tenía Club Lanzarote para producir agua y después volvió a pedir la clausura de la desaladora. "Esta Presidencia en todo momento ha actuado en la defensa de los vecinos del plan parcial de Montaña Roja y lo voy a seguir haciendo, pese a quien le pese", ha afirmado.
En cuanto a las conversaciones con la empresa –que fue quien interpuso la querella contra San Ginés y también quien consiguió que la incautación fuera declarada ilegal en la vía contencioso-administrativo, donde reclama una indemnización de 1,2 millones de euros-, el presidente ha insistido en que "van bien" aunque ha agregado que "lo cierto es que no han concluido". "Están a expensas de muchos flecos que peinar, no solo desde el punto de vista económico, sino jurídico-técnico y administrativos. No es un tema fácil, es un tema complejo, que necesariamente además debía ser validado en sede judicial", ha precisado.