El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha confirmado este miércoles que no tiene intención de dimitir y que continuará en su cargo pese al auto que ordena abrir juicio oral contra él por un delito de prevaricación en la incautación de la desaladora de Montaña Roja. Sobre la actitud que adoptarán sus socios de gobierno, ha afirmado desconocerlo, sin descartar que decidan retirarle el apoyo. "Podría ser. Yo solo respondo por mí", ha señalado sobre la posibilidad de volver a quedar en minoría.
Cabe recordar que entre esos socios se encuentra el Partido Popular, que estaba en la oposición cuando se produjeron los hechos que darán lugar a este juicio y que desde entonces ha venido criticando con dureza la actitud de San Ginés en este tema. "No se puede incautar una planta al más puro estilo chavista como así se hizo y como han reconocido los tribunales", "no se puede dar una patada en la puerta de una instalación privada sin una orden judicial, montar un circo mediático y a partir de ese momento urdir una trama de denuncias en los juzgados para justificar lo injustificable", señalaban hace poco más de un año desde el PP, que pedía al presidente que dejara de "ensuciar el nombre de la institución en los tribunales" por "caprichos exclusivamente personales que intenta disfrazar y justificar como de defensa del interés general".
Sin embargo, aunque el auto se conoció este martes, cuando fue adelantado por La Voz de Lanzarote, San Ginés ha comparecido ante los medios sin haber hablado con su socio, según ha asegurado. De momento, quien sí han salido a respaldarle son sus compañeros de Coalición Canaria. De hecho, varios han acudido a la rueda de prensa que el presidente ha ofrecido en el Cabildo, en la que entre otros estaban presentes los alcaldes de Haría y Tinajo, Marci Acuña y Jesús Machín, así como varios cargos orgánicos del partido.
"Emocionado" con el "respaldo" de CC
"Estoy muy emocionado, lo confieso", ha señalado San Ginés en referencia a ese "respaldo" de su partido, asegurando que "no esperaba" que fueran a acudir, pese a que no es la primera vez que afronta una rueda de prensa en dependencias oficiales del Cabildo para hablar de su situación judicial y acuden miembros de CC de distintos municipios.
A continuación, tras señalar que no contaba con que acudieran, San Ginés ha justificado la ausencia de otro alcalde de Coalición Canaria, Oswaldo Betancort, del que ha afirmado que le acababa de enviar "un mensaje de apoyo". Además, ha subrayado que ese apoyo también se le trasladó en la noche del martes en la reunión que celebró la Comisión Permanente del partido tras conocerse el auto que le deja a las puertas del banquillo de los acusados, con una petición de 12 años de inhabilitación.
Así, ha confirmado también que mantiene su intención de presentarse a las próximas elecciones con el respaldo de CC, pese a que ha reconocido que "con toda probabilidad" afrontará la campaña a la espera de que se ponga fecha al juicio o "sentado en el banquillo". Según sus palabras, serán "los ciudadanos quienes diriman".
"El juez solo no puede acusar, necesita a alguien que lo haga"
Además, ha vuelto a insistir en que la Fiscalía pidió el pasado mes de mayo el sobreseimiento provisional de la causa. Sin embargo, no ha querido pronunciarse sobre la posibilidad de que finalmente sí presente escrito de acusación, dado que la propia fiscal advirtió hace unas semanas que si el juez abría finalmente juicio oral, se le debería dar traslado de nuevo para volver a pronunciarse.
Así, San Ginés se ha centrado en el escrito presentado por el grupo Podemos en el Cabildo, que ejerce la acusación popular en la causa y que es el que ha llevado a la apertura de juicio oral. "El juez solo no puede acusar, necesita que alguien lo haga", ha señalado al respecto San Ginés, que ha vuelto a hablar de una "denuncia política", aunque Podemos no fue la denunciante de esta causa, sino que se sumó después y es quien ha formulado acusación, después de que el juez cerrara la instrucción concluyendo que había indicios de delito y dando un plazo para presentar esos escritos.
Además, en contra del criterio expuesto por el magistrado en su auto, que cita distinta jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional que avala la legitimidad de la acción popular, "especialmente en casos de corrupción", San Ginés ha insistido en que su defensa sostiene que "no puede" abrir juicio oral solo con la acusación popular.
Reconoce que Club se retiró a "consecuencia" del convenio que negociaron
En cuanto a la denunciante de esta causa como dueña de las plantas incautadas, Club Lanzarote, San Ginés ha reconocido que el convenio que él personalmente negoció con la empresa "tuvo como consecuencia, como no podía ser de otra manera", que Club se retirara de la causa penal y no presentara escrito de acusación contra él. Entre otras cosas, ese polémico convenio permitió a la empresa seguir produciendo y facturando el agua a los vecinos de Montaña Roja, aunque ahora como "concesionaria" del Consorcio y abonando un canon por una parte del agua que vende.
En su comparecencia, San Ginés también ha vuelto a asegurar que en su día ordenó y ejecutó la incautación de las plantas sin orden judicial y sin un solo informe jurídico por escrito porque el secretario, Francisco Perdomo, y el abogado externo Ignacio Calatayud le dijeron que podía hacerlo. Incluso, ha reiterado que ambos lo confirmaron cuando declararon como investigados en sede judicial. Sin embargo, lo cierto es que en esas declaraciones, ambos negaron haber dicho al presidente que no fuera necesario un informe por escrito antes de adoptar esta medida.
Además, en el caso del secretario, subrayó que solo tuvieron una breve reunión en la que hablaron del tema y que no creía que "con su asesoramiento estuviera formando la voluntad del presidente", ya que éste "tenía sus asesores privados". Se refería así al propio Ignacio Calatayud, que mientras asesoraba a San Ginés para que incautara las plantas de Club Lanzarote trabajaba también para Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron esas plantas y que se benefició de su explotación hasta que los tribunales anularon la incautación y la declararon ilegal.