"No tomé muestras ni realicé los análisis"; "las analíticas de agua de riego las facilitó Canal Gestión"; "se comprobó que el agua no estaba debidamente desinfectada a través de las muestras con las que contaba Canal Gestión" y "solo vi los resultados de la analítica que aportó Canal Gestión". Ésas fueron algunas de las frases que dejaron en el Juzgado los tres firmantes del informe del Consorcio del Agua en el que se basó el presidente, Pedro San Ginés, para denunciar a Club Lanzarote hace dos meses.
En su denuncia, San Ginés acusaba a la empresa de hasta cinco presuntos delitos relacionados con la depuradora y la desaladora de Montaña Roja, aunque el juez solo abrió diligencias por uno de ellos, al entender que los otros cuatro no estaban acreditados ni siquiera de forma indiciaria. Lo que sí se decidió investigar es un supuesto delito contra el medio ambiente, dado que el presidente presentó dos informes que alertaban de presuntos vertidos contaminantes por parte de Club Lanzarote, sobre los que el juez pidió más detalles.
Ninguno de esos informes se realizó antes de la incautación, sino después. Y aunque San Ginés presentó la denuncia el pasado mes de julio, uno tiene fecha de septiembre de 2014 y otro de octubre de 2014. El primero lo elaboró el propio gerente de Canal Gestión, Gerardo Díaz. El otro se hizo en nombre del Consorcio, un mes y medio después de la incautación, y basándose en gran medida en las muestras y datos aportados por Canal.
Una de las personas que firmaba ese informe es el gerente del Consorcio, Domingo Pérez Callero, que está imputado por la incautación junto a San Ginés y el ex gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín. Otro, es el hijo de Hernández Duchemín, José Juan Hernández Méndez, que es vigilante de cauces del Consejo Insular de Aguas y en el Juzgado afirmó que no tiene "cualificación técnica específica". Y por último, el tercer firmante es el que acaba de ser designado nuevo gerente del Consejo, Erik Martín, que en ese momento no era personal de la institución y se le contrataba como asesor externo para elaborar "informes técnicos".
"Lo comprobó el personal de Canal Gestión"
Domingo Pérez Callero, Erik Martín y José Juan Hernández declararon como testigos ante el juez el pasado 11 de agosto, a raíz de la denuncia presentada por San Ginés, y los tres admitieron que ni siquiera tomaron muestras propias para realizar su informe. Además, también confirmaron que apuntaron otras supuestas deficiencias basándose en datos aportados por la empresa que se había quedado con la gestión de la planta, es decir, de Canal Gestión.
Por ejemplo, declararon que "Canal también trasmitió que no funcionaba la bomba del pozo de aliviadero" y que "la arqueta de vaciado de aguas negras estaba fuera de servicio", agregando que sabían que "esta deficiencia ya existía antes del 18 de septiembre" porque "lo comprobó el personal de Canal Gestión".
Por otra parte, ese informe del Consorcio ni siquiera se elaboró inmediatamente después de la incautación, sino el 31 de octubre de 2014, cuando las plantas llevaban un mes y medio en manos de Canal y Club Lanzarote ya había acudido a los tribunales. Fue el "29 ó 30 de octubre", según declaró Erik Martín, cuando realizaron una visita de inspección para realizar su informe, pese a que la incautación se produjo el 18 de septiembre. Y uno o dos días después (el 31 de octubre) ya habían elaborado, firmado y presentado su dictamen.
Según San Ginés, denunció "en cuanto tuvo conocimiento"
Aunque ese informe del Consorcio se redactó en octubre de 2014, no fue hasta el pasado mes de julio de este 2015 cuando San Ginés presentó una denuncia en nombre del Consejo Insular de Aguas. Y lo hizo poco después de ser llamado a declarar como imputado, por la querella que a su vez le había presentado Club Lanzarote por la incautación de la desaladora de Montaña Roja.
En su declaración en el Juzgado el pasado 11 de agosto para ratificar su denuncia, San Ginés aseguró que puso los hechos "en conocimiento de la Justicia en cuanto tuvo conocimiento por escrito". Se refería así a la propuesta de resolución del expediente sancionador contra Club Lanzarote, que se terminó hace poco más de dos meses. Sin embargo, en lo relativo a los supuestos delitos medioambientales, esa propuesta se basaba en esos informes elaborados ya en 2014, tras la incautación (uno de Canal Gestión y el otro el del Consorcio).
Entre otras cosas, en la propuesta de resolución del expediente se proponía dar traslado del informe a la Fiscalía. Sin embargo, donde acudió San Ginés fue no fue a la Fiscalía sino a la Policía Nacional, que a su vez dio traslado de la denuncia al Juzgado de Guardia. Así, al estar en ese momento de guardia el mismo Juzgado que instruye la querella contra él por la incautación de la desaladora, ambos procedimientos están a cargo del mismo juez, aunque se tramitan por separado y son independientes.
"Ésa es otra en la que casi mejor no entrar hoy"
Al margen de que casi un año antes ya existía constancia escrita de esos supuestos vertidos contaminantes que se han denunciado ahora, San Ginés también habló de ello en una Junta del Consejo celebrada el 3 de octubre de 2014, en la que tuvo que dar explicaciones por la incautación.
"Ésa es otra en la que casi mejor no entrar hoy, lo que hemos detectado allí en incumplimiento de vertidos que se están cometiendo en este plan parcial", señaló en un momento de esa Junta San Ginés, para intentar defender la decisión que adoptó de incautar la planta, sin tener autorización judicial y sin haber informado previamente ni a los miembros de la Junta ni al que entonces era su socio de gobierno, el PSOE.
Cuando San Ginés hizo esta afirmación en la Junta a principios de octubre de 2014, hablando de supuestos vertidos, ni siquiera se había elaborado aún el informe del Consorcio. De hecho, según los firmantes del informe, la administración ni siquiera había realizado aún una inspección ni había tomado muestras. El único informe que existía en ese momento era el elaborado por Canal Gestión y firmado por Gerardo Díaz, que se realizó después de que esta empresa se hiciera con el control de la depuradora y la desaladora de Club Lanzarote.