El portavoz adjunto de Coalición Canaria en el Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha denunciado el proceder de la primera corporación insular en lo que ha denominado “un aparente contubernio institucional y judicial por el hecho de que, desde marzo de 2022 y hasta el día de hoy, se me ha negado un derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución, como es el de ejercer mi condición de cargo público en igualdad de condiciones que el resto de cargos electos de la corporación”.
San Ginés ha realizado estas manifestaciones tras conocer que el Cabildo de Lanzarote ha autorizado, apenas veinte días antes de concluir el mandato, la entrega de un teléfono móvil para desarrollar su labor como consejero insular, a pesar de haberlo pedido hace más de un año. En aquel entonces, el secretario general del pleno informó personalmente al propio San Ginés que, de acuerdo con las instrucciones judiciales –por mail o vía ahora desconocida–, debía de solicitar un nuevo dispositivo y copia de la tarjeta a través del juzgado.
El portavoz adjunto nacionalista ha explicado que, tras la incautación de todos sus dispositivos en marzo de 2022, en varias ocasiones se dirigió al Juzgado de Instrucción número 2 (DOC.1) explicando que el Cabildo no le entregaba un nuevo dispositivo móvil, ni duplicado de su tarjeta, según el secretario del pleno, por orden del juzgado de instrucción nº2 que dirige Jerónimo Alonso, y que el Cabildo le conminaba en virtud de dicha orden a solicitarlo a través del propio juzgado, “cosa que hice, solicitando expresamente que me fuera entregado mi dispositivo, o en su caso, se autorizase al Cabildo a efectuar un duplicado de mi tarjeta”.
"Sin embargo, y a pesar de que tras más de trece meses en los que el Cabildo le ha negado ambas cosas por las razones ya explicadas, el pasado viernes 5 de mayo, y tras solicitar a los Servicios Jurídicos que me diesen por escrito las razones por las que se estaban conculcando mis derechos, al parecer estos han emitido un informe, que Dolores Corujo se niega a entregarme, en virtud del cual ahora se niega la existencia de ninguna instrucción del juzgado para que me sea denegado el dispositivo solicitado” y que ha tenido como consecuencia que a escasos veinte días de acabar el mandato, finalmente se le haya facilitado un nuevo dispositivo a través del Departamento de Informática y Comunicaciones de la corporación, “eso sí, con un nuevo número de teléfono y no con un duplicado de mi tarjeta como es igualmente mi derecho y como tienen el resto de investigados”.
Tal es así, que a uno de los otros investigados le fue devuelta su tarjeta original por la propia Guardia Civil el mismo día en que le fue incautada, tras la pertinente descarga y copia de sus datos; y la otra investigada realizó con inmediatez un duplicado de su tarjeta solicitándola a su compañía de telefonía sin el menor problema u objeción judicial, lo cual constituye un evidente e injusto agravio comparativo injustificable desde todo punto de vista”.
En cualquier caso, para Pedro San Ginés, lo "que sorprende de toda esta situación es que, desde el primer momento, el Cabildo de Lanzarote adujera que le negaba el derecho que tiene como cargo público por una orden judicial y que ahora el propio Cabildo niegue la existencia de la referida orden”.
No obstante, ha aclarado San Ginés, sí que consta un auto judicial (DOC. 2) que dice textualmente: “sorprende que el investigado haya solicitado al Cabildo que se le facilite un duplicado de dicha tarjeta, y lo hiciera a sabiendas de la existencia de una causa penal declarada secreta. Lo anterior podría interpretarse como una medida de obstaculización de la instrucción por parte del investigado”.
Además, dice "que la respuesta del juzgado ante lo que es un derecho, fue librar un intimidatorio oficio (DOC.3) al secretario del Cabildo de Lanzarote para que aportase copia del expediente administrativo derivado de la solicitud realizada por el investigado Pedro San Ginés referida a la devolución u obtención de copia de la tarjeta de telefonía del terminal propiedad del Cabildo, así como información de la fecha en la que se facilitó el terminal y la tarjeta de telefonía en cuestión, y de si se había facilitado otro terminal o tarjeta”.
Por último, San Ginés ha reiterado que “tampoco me han sido devueltos por el juzgado el resto de dispositivos, a pesar de que la Fiscalía se mostró favorable a que así fuera, una vez que la Guardia Civil descargó todos los datos que en ellos había, ni restituidas las claves de mi correo electrónico o redes sociales; dado que el Juzgado de Instrucción número 2, que dirige Jerónimo Alonso, tras un año sin recursos ni para mi manutención básica, solo desbloqueó la disponibilidad de mis cuentas y lo hizo forzado por la Audiencia Provincial”.