El expresidente del Cabildo, Pedro San Ginés (CC), ha asegurado que “en absoluto posee la supuesta fortuna que se le atribuye” en la nueva causa penal contra él, aunque solo ha negado ser propietario de una de las motos que constan en el sumario, dentro de las propiedades que tiene embargadas por orden judicial, y que los agentes valoran en 772.239 euros.
Respecto a las dos viviendas, una frente al Castillo de San José y otra en La Geria, admite que posee ambas, aunque asegura que la segunda es “una humilde vivienda” que adquirió “hace 20 años por menos de 100.000 euros. Sin embargo, a continuación añade que por esa “humilde vivienda” se le concedió una hipoteca por mucho más del doble de esa suma.
Concretamente, afirma que pidió un crédito hipotecario en el año 2010 y que doce años después, aún debe “casi 200.000 euros”. “Eso no lo cuentan”, cuestiona en un comunicado remitido por el grupo de CC en el Cabildo, en el que cuestiona la información que se está publicando sobre esa investigación judicial.
Respecto a esa hipoteca, afirma que la solicitó para prestarle el dinero a su hermano, que se lo ha devuelto “solo parcialmente”. Siempre según su versión, esa devolución la utilizó para pagar parte de su otra vivienda, que pertenecía al suegro de Ignacio Calatayud, Felipe Fernández Camero.
Esa compra se investiga en esta causa por un presunto delito de cohecho, ya que los investigadores consideran que la pudo adquirir a un precio inferior al real, enmascarando un presunto soborno. Al respecto, San Ginés sostiene que a los pagos que constan por transferencia bancaria hay que sumar otros 95.000 que asegura que entregó “en efectivo”, del dinero que supuestamente le devolvía su hermano en metálico.
Según afirma él mismo, esa segunda vivienda le costó 360.000 euros, aunque pone en cuestión que sea un “chalet de lujo de tres plantas con vistas al océano”.
Según San Ginés, “se trata de una vivienda adosada de dos plantas en urbanización residencial”, de la que afirma que aún debe 60.000 euros. Y es que sostiene que tiene otro “préstamo personal” que solicitó “para terminar de pagarla, tras diez años en la Presidencia”.
En cuanto a la vivienda de La Geria -que es la única que muestra en un vídeo que ha hecho público enseñando algunos de sus bienes-, sostiene que “apenas tiene noventa metros cuadrados” y niega que tenga una bodega, afirmando que es un “término muy generoso para un pequeño trastero de unos nueve metros cuadrados en el que apenas quepo de pie y no tiene ni una barrica”.
“En lo referente al enorme parque móvil que se me atribuye, no se trata de una caravana, sino de una simple furgoneta camperizada de segunda mano con más de 20 años de antigüedad, y un jeep de tercera o cuarta mano también con más de 20 años que me costó seis mil euros, como tampoco dispongo de tres motos sino dos; una Honda 70 con casi cuarenta años– que fue un regalo de juventud que mi novia adquirió entonces de segunda mano, y otra moto también de segunda mano del siglo pasado”.
Por último, señala que su embarcación “es una zodiac neumática” que compró “a medias con un amigo y que lleva varios años sin ser utilizada porque ya ni siquiera tiene motor”.
San Ginés también se refiere a uno de los delitos que se le imputan casi desde el inicio de esta causa, de organización criminal, apuntando que “no es nada nuevo ni supone noticia alguna como avance de las pesquisas”. Y es que aunque esa imputación se mantiene y sus bienes y sus cuentas también continúan embargados, Pedro San Ginés asegura que “la investigación hacia donde avanza es a que no existe caso”.
Al respecto, afirma que una de las investigadas junto a él, Juana Fernández de las Heras, que es mujer de Calatayud, hija de Camero y apoderada de Adelfas 24, “sí ha corroborado en sede judicial los 360.000 euros abonados por su casa, 95.000 euros de ellos en efectivo”, que afirman que están “por encima de su valor de mercado”.
Por último, insiste en que “la Guardia Civil ha concluido que no existen vínculos” entre el patrimonio de Calayatud y el suyo, pese a que los agentes solicitaron embargos sobre ambos, y en que “los administradores concursales le han exonerado en sede judicial de toda responsabilidad en los pagos al letrado”. Precisamente uno de esos administradores, Pedro Martín, ha sido también recientemente imputado en la causa.
