Ni el empresario promotor de la obra, Juan Francisco Rosa, ni el arquitecto que dirigió el proyecto, Miguel Ángel Armas Matallana, "recordaban" cuál fue el presupuesto de la bodega cuando declararon en los Juzgados dentro del caso Stratvs. "No tengo cabeza para recordar si el proyecto fue de 150.000 euros", respondió Rosa. "Muchas veces el presupuesto se pone por debajo del precio", alegó por su parte Armas Matallana. Sin embargo, de ese presupuesto de una obra surge un dato fundamental: el dinero que se debe pagar a la administración en concepto de tasas e impuestos. Y en el caso de la bodega Stratvs, la acusación popular sostiene que Rosa pagó al Ayuntamiento de Yaiza casi 300.000 euros menos de lo que correspondía.
Aunque Rosa afirma ahora que no lo recuerda, la documentación recabada durante la instrucción demuestra que al pedir los permisos, se presentó al Consistorio un presupuesto de obra de 183.210 euros. Y el Ayuntamiento dio por buena esta cantidad, pese a que con esa supuesta suma se construyó una bodega industrial, un restaurante, una tienda y otra larga lista de instalaciones anexas.
En función de ese presupuesto se cobraron las tasas e impuestos, por los que se abonaron menos de 10.000 euros (concretamente, 9.847), cuando según la acusación popular Rosa debería haber pagado 30 veces más. "Se lucró ilícitamente", sostiene Transparencia Urbanística, que considera que el empresario contó para ello con la ayuda de dos funcionarios del Ayuntamiento.
De 183.000 euros a 5,5 millones
Por un lado, Transparencia Urbanística hace referencia a la propia escritura de obra nueva, en la que se declara como valor de la obra ejecutada 865.460 euros (frente al presupuesto inicial que se presentó al Ayuntamiento de poco más de 180.000 euros). Sólo considerando el valor de la escritura, Rosa debería haber abonado en tasas e impuestos 36.670 euros al Ayuntamiento de Yaiza.
Sin embargo, la acusación popular considera que ésa ni siquiera es, ni de lejos, la cantidad real que costó levantar el macrocomplejo Stratvs. Y para sostenerlo, se remite a una tasación inmobiliaria encargada después por el propio Rosa, que se ha incorporado a la causa. Según esa tasación, el valor hipotecario del conjunto del inmueble asciende a 5.583.132 euros, "correspondiendo 61.233 euros al valor del suelo y 5.521.899 al valor de las construcciones".
Por eso, Transparencia Urbanística señala que "si se tomara como base de cálculo dicha cantidad (que se corresponde con el valor real de las construcciones ejecutadas)", Rosa hubiera tenido que pagar al Ayuntamiento 296.802 euros, sumando el porcentaje correspondiente por el impuesto sobre construcciones, la tasa por licencia y las tasas por documentos. Y de esos casi 300.000 euros, pagó menos de 10.000.
"Se concertaron con Rosa de forma deliberada"
Por estos hechos, la acusación popular acusa al aparejador de la Oficina Técnica, Pablo Carrasco, y al secretario-interventor, Vicente Bartolomé Fuentes, de un nuevo delito de fraude a la administración pública en la liquidación de los efectos y haberes públicos, "con grave daño al patrimonio y al normal funcionamiento del Ayuntamiento de Yaiza".
Según Transparencia Urbanística, "consta acreditado" que ambos funcionarios "se concertaron" con Juan Francisco Rosa para cobrar, "de forma consciente y deliberada, una licencia de una obra cuyo presupuesto estaba visiblemente maquillado y que no se correspondía con lo ya ejecutado".
Aunque la acusación popular sostiene que estos "hechos constitutivos de delitos se realizan con el concierto del señor Rosa y bajo su ascendencia personal, con el objeto de favorecer económicamente al particular en perjuicio de la administración pública", sólo formula acusación por este delito contra los técnicos y no contra el empresario. El motivo es que el Código Penal vigente cuando sucedieron los hechos sólo castigaba a la autoridad o funcionario público que dejara de cobrar tasas y tributos, pero no al ciudadano. Por eso, aunque ahora el Código Penal ha cambiado y también podría acusarse a Rosa por este delito, la ley obliga a aplicar la legislación vigente cuando sucedieron los hechos.
Dos años más de cárcel para cada uno
En el caso de Carrasco, que fue quien informó favorablemente tanto a la licencia como a su posterior prórroga, la acusación considera que al menos en el segundo caso, ya debía ser plenamente consciente de que el proyecto que se estaba realizando era una "macroinstalación" que difícilmente podía tener un presupuesto de 185.000 euros. Rosa (a través de la mujer del arquitecto Miguel Ángel Armas Matallana, que aparecía inicialmente como promotora del proyecto) había pedido licencia para rehabilitar una vivienda y construir un almacén-bodega de 900 metros, y lo que hizo fue derribar la vivienda protegida y construir un macrocomplejo con una bodega industrial, un restaurante, una tienda y otra larga lista de anexos, incluyendo terrazas y un aparcamiento con el que ocupó suelo público.
Respecto al secretario, la acusación popular le imputa este delito porque que en ese momento actuaba también como interventor del Consistorio. Para ambos, la acusación popular pide dos años más de prisión y otros 9 de inhabilitación, que se suman a lo que ya reclamaba la Fiscalía. En total, Carrasco se enfrenta a una petición de 7 años de cárcel, dado que además en dos ocasiones informó favorablemente a la concesión de licencias a Stratvs. En cuanto a Bartolomé Fuentes, que ya fue apartado de su cargo como secretario por una condena anterior, la acusación pide en total 3 años y medio de cárcel para él. Y es que aunque el secretario informó en contra de la licencia de obras de Stratvs, después informó favorablemente a la concesión de la licencia de actividad clasificada que permitió su apertura.