Por ACN
El Grupo Parlamentario de Coalición Canaria-Nueva Canarias en el Congreso de los Diputados ha presentado una moción para que la cámara inste al Gobierno a garantizar el suministro eléctrico en las Islas "en las mismas condiciones de calidad y precio que en la Península".
La moción es consecuencia de la interpelación formulada el pasado miércoles por el portavoz de CC-NC, Paulino Rivero, al ministro de Industria, José Montilla.
En la iniciativa, que defenderá Rivero en el próximo pleno del Congreso, se pide al Gobierno que culmine el proceso de liberación del sector eléctrico en Canarias mediante la aprobación urgente de las órdenes ministeriales de desarrollo del decreto de 2003 que regula los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.
Para la mejora de los sistemas eléctricos en Canarias, se insta al Gobierno a que obligue a las empresas transportistas que operan en el Archipiélago a disponer en cada isla de unos stocks mínimos de materiales. En relación con la ruptura del monopolio de hecho existente, se pide la adopción de medidas para propiciar la adquisición por Red Eléctrica de España de las redes de transporte de electricidad en Canarias, al igual que ha sucedido en el resto del Estado. También, la apertura del mercado a nuevos generadores, impidiendo así la posición monopolista del operador vigente.
En el marco de la distribución de competencias, la moción insta al Gobierno a que desista de los recursos ante el Tribunal Constitucional contra la ley de 1997 de regulación del sector eléctrico de Canarias, para así clarificar el marco competencial en esta materia a favor de la Comunidad Autónoma, dadas las especificidades derivadas de su lejanía e insularidad.
En la exposición de motivos de la iniciativa, CC recuerda que la ley de 1997 del sector eléctrico establecía que los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares (SEIE) serían objeto de una regulación singular debido a su aislamiento y pequeño tamaño. Se atendería a las especificidades de su ubicación territorial y se permitiría la introducción de un cierto nivel de competencia y liberalización del mercado eléctrico insular.
Según CC, el decreto de 2003 no resolvió el marco normativo. Hasta la fecha, ni se han dictado órdenes ministeriales ni Red Electrica de España ha podido empezar a funcionar como operador. "La ausencia de desarrollo reglamentario ha puesto en evidencia las carencias del sistema eléctrico canario, aislado y frágil, agravadas por un funcionamiento del mercado en régimen de monopolio, pese a que la liberalización del mercado ya es una realidad en la Península desde 1997".