El Boletín Oficial de Canarias (BOC) ha publicado este lunes la resolución de la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno canario por la que se formula la Declaración de Impacto Ambiental del proyecto de Red Eléctrica para instalar un cable submarino entre Lanzarote y Fuerteventura. Contra el proyecto "no se presentaron alegaciones contrarias", aunque se han tenido en cuenta los informes emitidos por diversas instituciones "para una mejor evaluación de proyecto", estableciéndose una serie de condicionantes técnicos, ambientales y de distancias de seguridad a otros cables submarinos.
Esta línea subterránea-submarina, según se indica, conectará la subestación eléctrica de La Oliva (Fuerteventura) con la de Playa Blanca (Lanzarote) y contará con tres tramos, dos soterrados (uno en cada isla) y un cable submarino entre ambas.
En el caso de Lanzarote, según se expone, las obras afectarán "a una pequeña área de sebadal de unos 38,700 metros cuadrados que se localiza frente a la Playa de Las Coloradas", al resultar "imposible evitar su paso por esta zona". No obstante, se señala que "la superficie afectada ronda los 215,7 metros cuadrados, lo que supone un 0,34 del sebadal identificado y un 0,13% del sebadal total de Cymodosea nodosa presente en el ámbito de estudio".
Además, uno de los condicionantes del proyecto es que, respecto a este sebadal, se haga un seguimiento "con una periodicidad que abarque al menos dos ciclos anuales de la especie", estableciéndose que si la pradera afectada no se recupera de forma natural, "se redactará y ejecutará un plan de repoblación que incluirá la repoblación de la zona afectada directamente por el tendido" y que "como medida compensatoria se repoblará una superficie extra, equivalente al doble de la superficie afectada por el tendido, en los márgenes de la pradera más cercanos a la zona de obras".
Impactos en tierra y mar "nada significativos"
El proyecto también se desarrolla en la zona propuesta como LIC marino y en el ámbito de lo que ha sido propuesto por la Sociedad para el Estudio de Cetáceos del Archipiélago Canario como Área Marina de Protección para Cetáceos. Sin embargo, se señala que "el ámbito del proyecto o supone más del 0,0005% del total de la superficie que ocupan cada uno de los citados espacios".
Así, en cuanto a las afecciones a la fauna marina "por las molestias y emisiones de ruidos" se apunta que se consideran "impactos nada significativos" y lo mismo se apunta con respecto a los previsibles impactos en tierra en la fase de obras, afirmándose además que serán "de escasa temporalidad".
Además, el Estudio de Impacto Ambiental incluye un programa de vigilancia ambiental "que incluye como objetivos el seguimiento de la calidad de las aguas, los sistemas de prevención de vertidos, la señalización y seguridad de zona de obras terrestre y marítima, las medidas de profilaxis de la maquinaria submarina, el protocolo de actuación ante el avistamiento de cetáceos y tortugas, el control y gestión adecuada de residuos, el seguimiento de recuperación de praderas de Cymodocea nodosa, la restauración de zona de obras, el seguimiento del patrimonio y la emisión de informes periódicos".
Las instituciones lanzaroteñas no emitieron informes
Cabe destacar que de las administraciones, instituciones y entidades afectadas consultadas durante el periodo de información pública, en el caso de Lanzarote solo presentó un informe Capitanía Marítima, sin que lo hicieran ni el Cabildo de Lanzarote, ni el ayuntamiento de Yaiza, ni el Consejo Insular de Aguas, ni Canal Gestión ni la Cofradía de Pescadores de Playa Blanca, según se recoge en la resolución publicada este lunes en el BOC.
De hecho, de las 27 instituciones consultadas, solo remitieron informes el Cabildo de Fuerteventura, el Servicio de Planeamiento Territorial Oriental, el Ministerio de Fomento, la Demarcación de Costas, la Delegación del Gobierno, la Dirección General de la Marina Mercante y las Capitanías Marítimas de Lanzarote y Fuerteventura.