El PSOE de Teguise ha desvelado que Inalsa ha recurrido la sentencia contra el Ayuntamiento y afirma que "teme" que aumente la deuda del Consistorio, fijada ahora en 1.478.012,25 euros, más intereses moratorios y costas, por el agua consumida entre los años 2002 al 2013.
Según los socialistas, de prosperar el recurso de apelación planteado por Inalsa contra la sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo número 6 de Las Palmas dictada el pasado 30 de noviembre, la cuantía de la deuda podrá aumentan "en varios cientos de miles de euros".
El grupo socialista, a través de su portavoz Marcos Bergaz, espera que en esta ocasión “el alcalde informe con inmediatez a todos los partidos y concejales de la Corporación sobre el recurso de Inalsa, dada la trascendencia que este caso puede tener para las arcas municipales, más aún en estos momentos de crisis a consecuencia del coronavirus”.
“Ya señalamos que la sentencia inicial era muy clara, a la vista de los precedentes, como le pasó al Ayuntamiento de Arrecife. Por ello apostamos por acatar la misma y acordar con la empresa pública, bien un plan de pagos en distintos plazos o la compensación mediante la cesión de suelo apto para la implantación de energías renovables”, continúa el edil socialista.
“Ahora, de prosperar el recurso de apelación, es muy posible que pudiera aumentar la cuantía de la deuda en varios cientos de miles de euros, a consecuencia de los intereses, si los Tribunales vuelven a dar la razón a Inalsa, lo que no es descartable, de aplicar la Justicia el mismo criterio con respecto a otros casos similares”, lamenta Bergaz.
Asimismo, el portavoz socialista informa de que su grupo ha solicitado la comparecencia del alcalde en el próximo pleno "para conocer los pormenores de este caso y la posición que defendió el Consistorio ante Inalsa respecto de la sentencia y su posible recurso”.
Por último, el PSOE recuerda que, en la actualidad, el Ayuntamiento de Teguise afronta el pago de otras sentencias como la de Caleta Caballo, de más de seis millones de euros, por la ocupación de terrenos en esta localidad costera, o la devolución de más de 700.000 euros a una mercantil por la devolución del Impuesto de instalaciones, construcciones y obras por un hotel finalmente no construido.