El Grupo Podemos en el Cabildo de Lanzarote ha celebrado en un comunicado la sentencia del caso Yate en la que, "además de haber sido condenados varios de los responsables del saqueo del Ayuntamiento de Yaiza, también ha sido anulada la licencia del puerto deportivo Marina Rubicón, símbolo de la corrupción urbanística en el sur de la isla". Ahora, tras conocerse ese fallo el pasado viernes, el partido ha anunciado que volverá a pedir en el Pleno del Cabildo que la institución se desvincule de ese puerto, con el que ha firmado polémicos contratos.
"Han sido demasiados años en los que se ha intentado revestir de normalidad la construcción y el funcionamiento de ese puerto deportivo, hasta el punto de que el Cabildo de Lanzarote instaló un museo submarino junto al puerto, pagó 72.000 euros a la propiedad de Marina Rubicón por el alquiler de unos locales para el artista Jason deCaires y, a través de la Sociedad de Promoción Exterior (SPEL), firmó un contrato de patrocinio tanto con Marina Rubicón como con el hotel Princesa Yaiza. Esa relación, por el bien de la institución y de la imagen de la primera Corporación insular, debe acabar de inmediato", ha reclamado el consejero y portavoz de Podemos, Carlos Meca.
Aunque la formación lleva tiempo denunciando esta situación, considera que con esta sentencia "se abre un nuevo escenario de higiene democrática en Lanzarote, en la medida en que resulta muy importante que, a día de hoy, se pueda afirmar con rotundidad que el puerto deportivo Marina Rubicón es ilegal". Por eso, ha anunciado que Podemos volverá a llevar al Pleno del próximo 5 de mayo la solicitud de que esos contratos se cancelen, como ya hizo en la sesión del pasado 30 de marzo, en la que pidió que el Cabildo "mostrara su rechazo a la actuación de las empresas que sobornaron al ex alcalde de Yaiza y que se comunicara a Marina Rubicón la decisión de no renovar el contrato de patrocinio que mantiene con la SPEL".
Al respecto, la formación recuerda que en ese Pleno, el grupo de gobierno rechazó la moción, alegando Pedro San Ginés que la licencia no había sido anulada aún. Sin embargo, eso sí ha ocurrido ahora con esta sentencia, que también considera probado que los dueños del puerto pagaron un soborno a Reyes a cambio de ese permiso, en forma de dádiva entregada tras la concesión de la licencia.
"Corrobora lo que era un secreto a voces en la isla"
El partido destaca además que la sentencia también vuelve a anular las licencias de todos los hoteles ilegales autorizados por José Francisco Reyes, incluyendo las del Princesa Yaiza, el Son Bou y el Meliá Volcán. Y en el caso de estos tres últimos, propiedad de los mismos dueños del puerto, el fallo señala que el soborno a Reyes, valorado en 60.000 euros y consistente en un atraque gratuito durante cinco años, también obedecía al otorgamiento de los permisos a esos establecimientos hoteleros.
"La descripción de los hechos elaborada por los fiscales del caso corroboran al fin lo que era un secreto a voces en la isla, que José Francisco Reyes había concedido las licencias de los hoteles y el puerto deportivo de forma fraudulenta, ilegal y a cambio de compensaciones económicas", subraya Podemos. "Todos sabíamos que no es normal que se concedan licencias en tres días, por lo que esta sentencia judicial es fundamental para reconstruir el relato de lo que ha venido ocurriendo en Lanzarote desde hace décadas", asegura Meca, que agrega que "por mucho que los medios de comunicación propiedad de los mismos que sobornaron a Reyes intenten imponer un discurso adulterado y manipulador de la realidad, lo cierto es que esta sentencia ha supuesto también una condena para los medios que le hacen el juego a la corrupción en la isla".
Ahora, el consejero considera que queda "un camino largo por recorrer, que es el de la restauración de la normalidad democrática en las instituciones de la isla". "Determinados empresarios no pueden seguir encontrando una alfombra roja cuando entran al Cabildo de Lanzarote o a los ayuntamientos de la isla. Se hace más necesario que nunca, para reducir la creciente desafección ciudadana por sus representantes públicos, un acto de repulsa institucional hacia estos comportamientos delictivos que tanto daño han causado a todos los habitantes de Lanzarote", reclama Meca.