El Círculo de Salud y Sanidad de Podemos en Canarias ha exigido al Gobierno regional que restituya el acceso al servicio de salud a los inmigrantes "sin papeles" y recupere la sanidad universal. "Se debe enmendar cuanto antes la actuación de la pasada legislatura en la que la Consejería de Sanidad, durante el último semestre de 2012, retiró nada menos que 52.000 tarjetas sanitarias a sus titulares", ha reclamado el partido en un comunicado este jueves. Creen que Canarias "en el marco de sus competencias no puede ser la última comunidad autónoma en hacer justicia a estas personas" y afirman que "temen" que la medida se retrase por "las disputas entre CC y PSOE" y por un "obstáculo economicista".
"La Sanidad Universal es una conquista de los derechos humanos, es decir, del conjunto de las personas y no admite exclusiones", comienza sentenciando el comunicado de este Círculo de Podemos. Apuntando que el Gobierno de Rajoy "destruyó" ese derecho al aprobar el Real Decreto Ley 16/2012 y "acabando con nuestra sanidad universal", recuerdan que una serie de comunidades autónomas ya han ido restituyéndola.
Afirman de este modo que les "llama la atención" que, mientras Valencia tardó 21 días desde la investidura de su presidente en hacerlo, el Gobierno canario afirmó el pasado 6 de agosto que la "concreción efectiva" de la medida "queda pendiente de analizar cuestiones como a qué cantidad de personas beneficiará la medida y qué coste tendrá para las arcas públicas". "Mucho nos tememos que, además de condicionado por las disputas en CC-PSOE, esto pueda suponer un obstáculo 'economicista', limitándose a exigir la derogación" del decreto, como, agregan, hizo el Consejo Interterritorial de Salud el pasado día 2. Podemos considera que esto sería "una clara demostración de que, con las políticas de ajuste, poco o nada va a cambiar en la gestión de la sanidad pública canaria".
Regulación "bochornosa" en Canarias y "apartheid" estatal
Además, el partido considera que la regulación para el acceso de los inmigrantes irregulares a los servicios sanitarios de Canarias ha sido "bochornosa". Según apuntan, tan sólo 367 de esas 52.000 personas a las que les fue retirada su tarjeta han podido acceder a la sanidad en el archipiélago, "dados los requisitos para su inclusión".
"Ahora, ante la avalancha de devoluciones de las tarjetas sanitarias en muchas CCAA, el Ministerio de Sanidad quiere imponer una norma unificada, discriminatoria y xenófoba, que implica un registro de "apartheid" y también un periodo de empadronamiento de 6 meses", denuncia la formación. Podemos es especialmente crítico con el requisito de empadronamiento, pues, recalcan, "podría limitar la asistencia sanitaria a las personas sin hogar".
Y ésta no es la única traba que encuentran a este requisito. Podemos incide en que la solicitud de empadronamiento es "especialmente preocupante para los inmigrantes en situación irregular, ya que la legislación española permite a la Policía acceder al padrón de extranjeros sin orden judicial". Para el partido, tampoco es "admisible" que quienes llevan menos de 6 meses empadronados sean "excluidos de la atención sanitaria plena". "Debemos sacar lo antes posible a los ‘sin papeles’ de cualquier situación de exclusión sanitaria con sus consiguientes riesgos y sufrimientos", defienden.
De esta forma, piden que esto se haga "desde el primer día" para los que son "irregulares", "desde el minuto uno", y "a partir de los tres meses" con "los que se convierten en ‘irregulares’ una vez que pasa el plazo de permanencia legal como turistas y no regresan a sus países de origen".
"No podemos tolerar que se siga sin reincorporar ya a la atención sanitaria pública plena a estas personas. Lo exigimos, como lo exige la necesaria respuesta a una medida injusta, del RDL 16/2012 del gobierno de Rajoy, desastrosa desde el punto de vista sanitario, humanitario y moral, rechazada incluso por el Tribunal Constitucional", reivindican. "Aunque a pesar de ello tal decreto-ley aún no haya sido derogado, Canarias en el marco de sus competencias no puede ser la última comunidad autónoma en hacer justicia a estas personas".