El Consejero de Podemos en el Cabildo de Lanzarote, Carlos Meca, ha denunciado este lunes el caso de Astrid Pérez, presidenta del Partido Popular de Lanzarote, cuya vivienda, "se levanta en parte sobre suelo rústico". El partido recalca en un comunicado que el 15 de enero de 2013 el Boletín Oficial de Canarias (BOC) ya publicaba la resolución en la que se ordenaba a la presidenta del PP lanzaroteño "restaurar el orden jurídico infringido" y "reponer la realidad física alterada" mediante la demolición de esas obras, "sin que Pérez recurriera en su día esta orden". El partido subraya así que "la justicia debe ser igual para todos", recordando el caso de Josefa Hernández.
El BOC, explican, señalaba que las obras "ilegalizables de acondicionamiento interior de terreno vinculadas al uso residencial" se hicieron "sin contar con las autorizaciones pertinentes". De esta manera, agregan, se construyó sin permiso una piscina de 36 metros cuadrados, se amplió la vivienda en casi 12 metros cuadrados y se adosó una edificación a un lindero con un nivel de altura de 42 metros cuadrados; también se pavimentaron 63 metros cuadrados del patio trasero, se ajardinaron unos 14 y se instaló un cerramiento perimetral del terreno de unos 39 metros cuadrados.
Podemos expone, además, que la Agencia de Protección considera que en este lugar denominado La Bufona el suelo está "clasificado y categorizado como Suelo Rústico de Protección y de Valor Natural Ecológico según el vigente Plan Insular de Ordenación de Lanzarote". Para la Apmun, añaden, las obras en la vivienda de la presidenta del Partido Popular "son indudable y manifiestamente ilegalizables, al encontrarse vinculadas al uso residencial y situarse en suelo rústico fuera de asentamiento".
"Justicia igual para todos"
Según el representante de Podemos, Carlos Meca, "se da la casualidad de que ese suelo rústico, ubicado en el Plan Parcial La Bufona de Arrecife, ni siquiera es propiedad de Pérez, sino de Gonzalo Murillo, el denunciante del ya conocido como ‘caso Bufona’, un escándalo de corrupción urbanística cuyo procedimiento penal, tras quince años de espera, está previsto que se celebre finalmente en el Juzgado de lo penal número 3 de Arrecife el próximo mes de septiembre".
"La Justicia debe ser igual para todos y todas, y estos días estamos viendo en Fuerteventura el caso de una señora de 63 años, Josefa Hernández, que además de la multa y el derribo de su casa va a entrar en prisión, mientras que si eres político parece que no pasa nada. Esto no pude seguir así, y hay que denunciarlo", ha declarado Meca.