Con una puesta en escena que quería dejar ver su sus orígenes labradores, Pedro Hernández salió al paso de la polémica creada en torno a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que deja claro que Hernández ejerció cargos incompatibles en los diez primeros meses de legislatura, al ejercer como consejero del Cabildo y profesor de la Escuela Universitaria de Turismo al mismo tiempo. Junto a su madre, una señora de 76 años que en silencio acompañó a su hijo durante toda su exposición, y junto a algunos de sus compañeros de partido, Hernández centró su internvención en lo mucho que ha trabajado a lo largo de su vida en todo tipo de ocupaciones y en acusar a otros políticos de "robar el territorio de Lanzarote".
Afirmó que la sentencia al recurso que planteó contra la declaración de incompatibilidad determinada por el Grupo de Gobierno del Cabildo, no entra en el fondo de la cuestión y que los argumentos que el TSJC expone en su dictamen, están equivocados, porque no toman en cuenta, según el consejero, la modificación de la ley de incompatibilidades de 2000, por la que "tenía derecho a mantener mi trabajo".Y pese a que la sentencia ha desestimado su recurso, insiste en que la decisión tomada por el Grupo de Gobierno en la que se decía que Pedro Hernández no podía ejercer dos ocupaciones para el Cabildo y recibir compensación económica por ello de la misma institución, responde a "una decisión política, totalmente arbitraria, de quienes en aquel momento se sentaban en la mesa de plenos".
El consejero de Alternativa Ciudadana afirmó que el comunicado delPSOE emitido este miércoles y en el que exigía a Hernández que devolviera el dinero "cobrado irregularmente" durante los casi diez meses que estuvo simultaneando ambas ocupaciones, responde a una "maniobra política difamatoria que no tiene otra razón que encubrir el debate actual en Lanzarote sobre los trapicheos con el territorio que se están haciendo" y aseguró que "el Grupo de Gobierno quiere hipotecar la isla entera".
Pedro Hernández acusó durante toda su comparecencia al Grupo de Gobierno de haber"robado territorios y está comerciando con fracciones de Lanzarote", nombrando directamente al consejero de Política Territorial Carlos Espino, y aseguró "que estos señores" vienen a "generar dudas de mi actitud indomable". Declaró además que le diferencia de los que "ahora mienten y esconden patrimonio hecho en la función pública es que yo no tengo ni amo ni patrón".
Con un certificado del Cabildo en la mano, quiso dejar claro que no es un consejero liberado y que por tanto puede seguir manteniendo su trabajo, pero lo cierto es que de la sentencia se deduce que el problema no deriva de que esté o no liberado como consejero, sino de que no puede trabajar para una institución que depende del Cabildo, siendo consejero cabildicio.
Hernández solicitó en 2003 que se le permitiera simultanear ambas actividades y la justicia le concedió medidas cautelares por las que pudo seguir dando clases durante un tiempo, hasta que, según explicó el consejero "decidí pedir la excedencia forzosa", aunque realmente no fue por decisión propia, sino porque el Tribunal rectificó esas medidas cautelares y Hernández tuvo que renunciar a una de las dos ocupaciones, en este caso fue la docencia.
Después de leer fragmentos del dictamen judicial, Pedro Hernández afirmó que "la sentencia sólo desestima el recurso que interpuse contra la decisión del Grupo de Gobierno y no dice nada más" sobre las posibles consecuencias que podría tener el dictamen del TSJC, y que podrían plasmarse en la puesta en marcha por parte del Cabildo de acciones judiciales para que devuelva los sueldos cobrados durante los meses en los que fue consejero y profesor.
El consejero afirma que "ya siendo presidente del Cabildo Mario Pérez, intentó poner en marcha el proceso y no pudo porque no había vía posible". Pero cuando Hernández fue preguntado por este medio sobre si estaba seguro de que esa reclamación judicial en estos momentos no sería viable, respondió que "es de suponer que sí, porque yo estoy avalado por un auto judicial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en 2003 que estima mi petición de seguir dando clases".
Por otra parte, el consejero de AC aseguraba este miércoles que está estudiando con su abogado recurrir el dictamen judicial ante el Tribunal Supremo, aunque según ha hecho público el propio Cabildo en una nota de prensa, la sentencia es "firme e irrecurrible", por lo que no cabe recurso por vía ordinaria y, en todo caso, la única instancia a la que podría acudir es el Tribunal Constitucional, si siente que se han vulnerado sus derechos.