A finales de julio, la policía de la Brigada de Extranjería en Lanzarote incoó un expediente de expulsión al activista, de nacionalidad uruguaya, por los altercados que se produjeron el 23 de ese mes en una manifestación saharaui en Arrecife con un policía nacional. Morales también denunció en los Juzgados de Arrecife el comportamiento del agente, que sacó una pistola durante la concentración.
El activista fue detenido y enviado al calabozo, un día después del incidente. A Morales se le imputó un delito contra un agente de la autoridad, así como otro de desorden público. Y es que según el atestado policial, fue el activista pro saharaui quien "gritó policía opresora, policía asesina" cuando vio al agente, que iba de paisano.
"Hizo gestos con las manos incitando al resto de concentrados para que se aproximaran, abalanzándose hacia los agentes y comenzando una agresión que provocó una reacción violenta de los asistentes a la concentración y que finalizó con una grave alteración del orden público", se señaló en el atestado policial.
Por el contrario, Morales denunció que el policía nacional "sacó y enseñó una pistola y apuntó a las personas" que se estaban manifestando en el centro de Arrecife. Además, dijo que al como iba de paisano "los manifestantes no sabían que era un agente". Por ello, el activista consideró que su expediente de expulsión era "un error político fruto de una represión política". "Es una medida ejemplarizadora para cualquier otra persona que dentro de los movimientos sociales ose desafiar a esta forma que le llaman democracia", afirmó en su momento.