El presidente de Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-BC), Román Rodríguez, se opuso al “decretazo” del Gobierno de CC y el PP que debilita la pionera ley para afrontar la crisis climática en el Archipiélago. Rodríguez censuró las formas “caciquiles” del pacto de las derechas canarias con la imposición de la reforma de una de las principales normas para el desarrollo sostenible y el futuro de las islas. El canarismo de progreso exigió la participación del Parlamento mediante su tramitación como un proyecto de ley.
La modificación, vía decreto ley, de la norma de Cambio Climático y Transición Energética de Canarias, para NC-BC la más importante junto la de la Renta Canaria de la Ciudadanía de las aprobadas en la pasada legislatura, es “alarmante” tanto por las formas como por el fondo.
Modificar una ley “altamente consensuada, esperada y pionera sin escuchar a los movimientos ciudadanos, ni a los cabildos, tampoco a los ayuntamientos y menos al Parlamento", en opinión de Román Rodríguez, es un “error que acabaremos pagando muy caro”.
Nueva Canarias denuncia los recortes y la relajación de los controles de las garantías ambientales para “favorecer, como siempre, a los especuladores”, lo que redunda en el modelo desarrollista y negacionista defendido por los socios del pacto. Una expresión “más de la insensibilidad” de las dos derechas con el multitudinario clamor popular del pasado 20 de abril (20A), expresado en todas las islas bajo el lema de Canarias tiene un límite.
Tras subrayar que, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista, “no se discuten” los cambios acordados en la Comisión Bilateral Canarias-Estado, Rodríguez criticó que el decreto ley rebaje las medidas de adaptación al cambio climático, la eficiencia energética y la lucha contra la pobreza energética. Además, de que se elimine la estrategia para una transición justa y social y se debiliten las obligaciones, con lo que “se esfuma” el objetivo de abordar con garantías la emergencia climática, advirtió el responsable del canarismo progresista.
Román Rodríguez exigió que el "decretazo sea tramitado como un proyecto de ley con el fin de dar una oportunidad a la participación ciudadana, institucional y política en la toma de decisiones, a través de las propuestas que puedan presentar los grupos parlamentarios, sobre importantes aspectos relegados". Entre ellos, la cohesión social, los recursos hídricos, la biodiversidad y el patrimonio natural, entre otros “dislates” cometidos por el pacto de las derechas.