Por C. S. G.
El alcalde de San Bartolomé, Miguel Martín, ha hecho valer su voto de calidad en el pleno extraordinario de este miércoles, para dejar sin efecto la realización de una auditoría de cuentas de los tres últimos años en el Ayuntamiento de San Bartolomé y la reducción de sueldos de los integrantes del grupo de Gobierno. Ambas decisiones habían sido adoptadas cuando la oposición tenía el control de ese consistorio.
En el pleno de este miércoles, los concejales de CC, PP y ApL, que totalizan ocho, votaron a favor de dejar sin efecto esas dos medidas, mientras que los ediles del PSOE, PNL y CCN, que también suman ocho, votaron en contra. Así, fue el voto de calidad que tiene el alcalde como tal el que desempató la votación, volcándola a favor del Grupo de Gobierno. Es la primera vez que Miguel Martín hace uso del voto de calidad, ya que en el pleno realizado diez días antes, sobre la renovación de las polízas de crédito, la oposición se abstuvo de votar.
El actual empate en cuanto a la cantidad de concejales del Grupo de Gobierno y de la oposición que conforman el pleno se da debido a la renuncia del edil de Alternativa Ciudadana, José Antonio González, en el pasado mes de febrero, y hasta tanto pueda asumir su sustituta, Rosalía Díaz de León. Cuando esto ocurra, la oposición volverá a estar en mayoría, por lo que puede volver a aprobar la realización de una auditoría y la reducción de los sueldos de los concejales. Los ediles socialistas dicen que consultarán con ella si está dispuesta revocar lo que a su vez ha revocado el pleno de este miércoles.
Lo que se votó en esta última sesión plenaria, que no alcanzó la media hora de duración, fue un recurso presentado por el concejal de Hacienda, Javier Betancort, en contra de los acuerdos plenarios para la realización de la auditoría y la reducción de sueldos. Durante el pleno de este miércoles, el socialista Andrés Stinga acusó a Betancort de "supuesta prevaricación, puesto que usted se convierte en juez y parte al pronunciarse sobre una decisión que le afecta de manera particular, puesto que se está hablando y decidiendo respecto a su sueldo y sobre el recurso que usted mismo presentó", según le dijo.
A su vez, los ediles del PSOE destacan que este pleno se realizó sin que se respetase lo que había decidido la dirección insular de CC, que le había dicho al alcalde y sus concejales en San Bartolomé que hasta tanto no asuma la edil de Alternativa Ciudadana,[no llevaran a pleno ningún tema que no contara con el consenso de toda la Corporación->5970].
"Se están utilizando artimañas para seguir manteniendo y justificando sus sueldos y para que no se haga una auditoría externa del Ayuntamiento y los ciudadanos podamos saber la realidad de este municipio. Creo que fundamentalmente, lo que está detrás de todo esto es que no quieren que se haga una auditoría. Si no tienen miedo ni nada que ocultar, ¿por qué no dejan que se haga la auditoría?", reflexiona y se pregunta el socialista Andrés Stinga.
Tras la suspensión
El pleno de este miércoles fue celebrado después de que se suspendiera la convocatoria del día anterior, debido a una "indisposición" del alcalde, según se informó a los concejales, aunque los ediles del PSOE creen que en realidad se suspendió por "las divisiones internas de CC, ya que el partido le dijo a Miguel Martín que no lleve a pleno ningún tema que no cuente con un consenso total hasta tanto estén todos los integrantes del pleno", según destacó Antonio Rocío.
Sin embargo, el alcalde señala en su resolución en la que desconvoca el pleno del martes que "razones de enfermedad me impedían asistir y presidir la sesión, viéndome obligado a abandonar la Casa Consistorial". Añade que "consultados los servicios facultativos pertinentes, éstos me aconsejan mantenerme en reposo el día de hoy (por el martes), pudiendo reanudar la actividad laboral el día de mañana (por hoy)". En esa misma resolución, convocó el pleno para este miércoles.
La premura del alcalde para celebrar el pleno que suspendió el martes yse celebró este miércoles se debe, según los concejales socialistas, a que este mismo día vence el plazo para dar curso al recurso presentado por el concejal de Hacienda, Javier Betancort, en contra de la rebaja de sueldos de los integrantes del Grupo de Gobierno y la realización de una auditoría.
Esa auditoría de cuentas del Consistorio de los últimos tres años y la reducción drástica de los sueldos de los concejales liberados, de algo más de 3.000 euros a 600 euros mensuales, habían sido aprobados cuando los concejales de la oposición eran mayoría, es decir, antes de que renunciara José Antonio González. Tras esa dimisión, el Grupo de Gobierno retomó el control el Ayuntamiento hasta tanto finalicen los trámites para que Rosalía Díaz de León pueda asumir como concejal, en reemplazo de González.
Mientras tanto, al Ayuntamiento de San Bartolomé llegó este martes una fotocopia de la certificación del acta de Rosalía Dolores de León como concejal de Alternativa Ciudadana, quien reemplazará al renunciante José Antonio González. La certificación, emanada de la Junta Electoral Central, es el documento que permite que la nueva concejal asuma en sus funciones. No obstante, con lo que se cuenta de momento es con una fotocopia, ya que el original de la certificación fue a parar, por error, a San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, según informaron desde Alternativa Ciudadana. Lo que en ese partido desconocen es si la fotocopia de la certificación tiene validez legal.