"Nuestra disposición es que estas casas que ya están hechas y que la gente ha comprado de buena fe puedan ser legalizadas en su momento", ha asegurado este miércoles la presidenta del Cabildo, Manuela Armas, en referencia a la situación de los compradores de viviendas en el Plan Parcial Playa Blanca.
Poniéndose en la piel de quienes han invertido en estos inmuebles sin saber quelas licencias estaban recurridas en los tribunales, Armas ha adelantado que desde la primera institución han "hablado incluso con el grupo de Gobierno de Yaiza, con la alcaldesa y con el redactor del Plan General para que entre ellos y nosotros podamos hacer que al menos no se tumben las ya construidas y que puedan seguir viviendo allí".
La pasada semana, la presidenta mantuvo una reunión con representantes de los vecinos afectados. "Se sienten engañados por los promotores, porque no sabían cuando compraban sus viviendas que estaban metidos en pleitos o que tenían esas dificultades", señala Manuela Armas.
"En la reunión les dije que hay que esperar a la sentencia firme", señala la presidenta, que espera que los Tribunales den la razón de forma definitiva al Cabildo. La Corporación mantiene que el Plan Parcial quedó extinguido con la Ley de Medidas Urgentes, y que por tanto no se puede desarrollar. Por eso, Armas aclara se cuando la Justicia se pronuncie de manera firme, se intentará buscar una solución a las viviendas ya adquiridas, pero en ningún caso se permitirá que los promotores sigan construyendo las 1.800 viviendas que pretendían realizar en la zona.
Reacción a la sentencia del TSJC
En relación a la resolución del TSJC hecha pública este martes, por la que se ratifica la suspensión cautelar del proyecto de las mil viviendas de Costa Roja, Armas ha afirmado que esto les vuelve dar la razón y que "esas medidas cautelares de prevención me parece que son necesarias y nosotros las aplaudimos".
La presidenta valora positivamente la medida tomada por el Tribunal porque "si se sigue con la construcción de esas 1.012 viviendas y no se para, el daño será irreparable. ¿De qué nos sirve decir algo cuando el daño ya está hecho? ¿qué vamos a hacer entonces, derribar esas viviendas?", se pregunta.
En el caso del proyecto de Costa Roja, que fue hecho público en su día por La Voz de Lanzarote, las acciones judiciales emprendidas por el Cabildo lograron frenar las obras y no llegó a desarrollarse, mientras que en el Plan Parcial Playa Blanca, las medidas cautelares de la Justicia llegaron cuando ya se habían construido unas 400 viviendas, de las cerca de 1.800 que contemplaba este Plan.