El segundo día de las II Jornadas de legalidad territorial del Cabildo de Lanzarote abordó las medidas cautelares y la ejecución de sentencias urbanísticas, tanto en lo relativo a las demoluciones como a otras alternativas. Cuatro magistrados coincidieron esta mañana en que la anulación de una licencia lleva implícita la demolición auque no se haga referencia expresa.
Los magistrados, dos del Supremo, uno del Tribunal Superior de Andalucía y otra del de Cantabria, coincidieron en reconocer "el fracaso del ordenamiento jurídico y del Sistema en el campo del urbanismo" y señalaron la dificultad para hacer efectivas, primero, las medidas cautelares y posteriormente las sentencias emitidas.
José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Supremo, señaló que el juez debe procurar la restitución y restauración del bien dañado. Aseguró que el delito urbanístico es muy rentable y tiene poco riesgo. Destacó que en este campo se podría acudir a decomisar o bien el edificio anulado o bien los beneficios obtenidos.
También hizo alusión a que habría que distinguir entre los terceros compradores de buena fe afectados que realmente desconocían las circunstancias de lo que compraban y los que sí las conocían. Señaló que en pleno Siglo XXI no es normal que en los registros y las notarías no se incorpore toda la información sobre un terreno o un inmueble para comunicársela al posible comprador.
SIN MEDIOS
Por su parte, Manuel Vicente Garzón, del Tribunal Supremo, señaló que los jueces "no se sienten a gusto" decretando medidas cautelares porque tienen un alto contenido político y que los órganos jurisdiccionales carecen de medios para hacer ejecutar sus sentencias, sobre todo si hay resistencia por parte de la Administración que debe ejecutarlas.
Garzón señaló que no se puede declarar inejecutable una sentencia por razones de economía porque lo importante es que se cumpla el ordenamiento, no la economía y señaló que incluso aunque se legalice una construcción por una ley posterior, primero habría que demoler y luego, si es preceptivo, dar una nueva licencia.
COMPENSACIONES
Joaquín García Bernaldo de Quirós, del Tribunal Superior de Andalucía, señaló que "el sistema no funciona" porque "no está adecuado el sistema procesal a la finalidad". Señaló que se permite la modulación de la ejecución de las sentencias si hay mecanismos de compensación.
Finalmente Clara Penín, magistrada del Tribunal Superior de Cantabria, expuso varios casos en los que ha tenido que intervenir. Señaló que hay pendientes 600 sentencias ejecutorias y que hasta ahora no ha podido llevar a cabo ninguna demolición. Destacó las dificultades puestas por sus propios compañeros y también la presión de los terceros compradores afectados.
Las jornadas se clausuran el viernes por la noche por la presidenta del Cabildo, Manuela Armas y el consejero de política territorial del Gobierno de Canarias, Domingo Berriel. Intervendrá el premio Nobel José Saramago.
ACN Press