La medida pretendía ser una protesta "testimonial", tras el fracaso de las negociaciones entre administración y docentes que piden la homologación económica con el resto de funcionarios de la Comunidad Autónoma sin contrapartidas vinculadas a la consecución de objetivos para la mejora de la calidad de la enseñanza. Ahora además, amenazan con iniciar a partir del próximo lunes una "semana de la lucha" en la que cada día, habrá huelga en una isla. En Lanzarote el paro en la enseñanza se produciría el próximo martes, según el portavoz de STEC Intersindical y miembro del Comité de Huelga por la Homologación, Francisco García, además de la convocatoria de huelga general en la enseñanza y la sanidad para el 22 de febrero.
Alegan que cobran hasta 400 euros menos que los otros funcionarios de su misma categoría y que se trata de una deuda que mantiene la administración con el profesorado desde 1995, año en el que "se congeló" su aplicación, según uno de los portavoces de la protesta. "Es una burla a todo el profesorado", se quejaba Francisco García, después de la reunión mantenida este lunes con el viceconsejero de Educación y Universidad Gonzalo Marrero, en la que según el sindicalistas les ofreció el mismo preacuerdo que la comunidad docente rechazó en referéndum el pasado mes de enero.
Por su parte, Gonzalo Marrero recuerda que un maestro que se incorpora en Lanzarote al sistema educativo cobra 2.400 euros al mes y un profesor de secundaria en su misma situación alcanza los 2.700 euros. "Tienen los salarios más altos del Estado en las islas no capitalinas", apuntaba Marrero, mientras que los profesores en Tenerife y Gran Canaria son los terceros que más cobran de toda España.
El viceconsejero reconoce que no han alcanzado acuerdos ni siquiera en cuanto a los servicios mínimos que ofrecerán los centros educativos el 22 de febrero, día en el que está convocada la huelga en la enseñanza y la sanidad y explica "lo alejadas que están" las posiciones de la Administración, con una oferta económica sobre la mesa de 80 millones de euros anuales (13.000 millones de las antiguas pesetas) y 232 millones en cinco años para el profesorado frente a los 25.000 millones de las antiguas pesetas interanuales que piden los sindicatos. "Entiendo que no estén de acuerdo con sus salarios pero ésta es la oferta máxima que el Gobierno va a proponer", concluyó Marrero.
Además, la Consejería les promete ese incremento salarial pero vinculado a la consecución de objetivos de mejora de la calidad de la enseñanza en tres áreas exigidas en el famoso informe Pisa para la educación en Canarias relacionadas con la mejora del rendimiento académico de los alumnos y el control del abandono escolar en edades tempranas, acciones vinculadas a la formación e información de padres y madres y acciones vinculadas a la formación del profesorado y a la innovación. Contrapartidas que rechazan los docentes.
Por otra parte, Marrero asegura que la homologación con funcionarios de la misma categoría laboral de otras consejerías no es viable según un informe de los servicios jurídicos de la Consejería a partir de una sentencia del Tribunal Constitucional que determina que la homologación sólo se puede solicitar cuando se desarrollan las mismas funciones y no cuando se tiene la misma categoría.