"Creo que es el proyecto más legal que se ha hecho en toda la historia de Lanzarote". Eso es lo que ha llegado a afirmar uno de los promotores de las viviendas de La Bufona, el arquitecto Federico Echevarría, durante su declaración como acusado en el juicio que ha comenzado este lunes en Arrecife. Tanto él como el otro acusado, el constructor Antonio Caro, han asegurado que lo construido se ajusta al proyecto y a la licencia otorgada por el Ayuntamiento y han responsabilizado a los compradores de lo que, según ellos, se pudo ejecutar después (y que ya ha llevado incluso a la Apmun a ordenar el derribo de parte de lo construido en esas viviendas).
"Los propietarios de las viviendas han hecho lo que les ha dado la gana dentro de esa superficie", ha asegurado Echevarría, que sostiene que una cosa es lo que entregaron y otra lo que hay ahora. "Entre 2000 y 2008, ahí se ha construido de todo, pero nosotros no hemos construido de todo", ha defendido el acusado, que ha insistido varias veces en que el Ayuntamiento dio el visto bueno a la obra ejecutada, al conceder las cédulas de habitabilidad.
Uno de los socios de la empresa promotora de esta urbanización, Francisco Carmona, también trabajaba en ese momento en el Ayuntamiento como delineante y responsable del Catastro. Carmona también estaba imputado, pero falleció mientras se instruía la causa. Además, llegaron a estar imputados el ex secretario de Arrecife, Felipe Fernández Camero, y la entonces alcaldesa, María Isabel Déniz, aunque después se archivaron los cargos contra ellos. Durante su declaración como testigo, uno de los agentes del Seprona que actuó en La Bufona tras recibirse las primeras denuncias en el año 1999 se ha referido a la nula colaboración que recibieron por parte del Consistorio. De hecho, les pidieron documentación sobre el Plan Parcial pero nunca se la enviaron, por lo que tuvieron que solicitarla finalmente al Gobierno de Canarias.
"Me sorprende que ahora hay piscinas"
"Me sorprende que ahora hay piscinas, hay otras cosas. Yo eso no lo hice", ha asegurado por su parte el otro acusado, también socio de Brisa Inversiones, Antonio Caro, que también es el dueño de la empresa constructora que ejecutó materialmente la obra, Costegui. Sin embargo, además de esas piscinas que algunos compradores sí reconocen haber ejecutado después de la entrega de las casas, los informes que se han ido incorporando a la causa hablan también de otros incumplimientos, entre otras cosas porque se construyó más de lo autorizado.
"Eso es una afirmación que se hace, pero eso hay que demostrarlo", ha contestado Caro al ser preguntado por esos informes. "No, si eso está demostrado", le ha respondido el fiscal Carlos Fernández. A continuación, el constructor se ha vuelto a remitir a los técnicos del Ayuntamiento que dieron el visto bueno a las obras ejecutadas. Incluso, ha llegado a afirmar que esos técnicos habrían "incurrido en prevaricación" si no hubieran informado de que se había construido más de lo autorizado.
Al pedirle detalles sobre quiénes eran esos técnicos, ha terminado precisando que fue "uno", aunque no ha dado su identidad. Interrogado sobre si ese técnico hizo alguna advertencia de algún posible incumplimiento, Caro ha respondido que no. "Prueba de ello es que al poco tiempo teníamos la cédula de habitabilidad", ha insistido.
Orden de precinto que "no se cumplió"
Cabe recordar que antes de que las casas fueran entregadas a los compradores, el Seprona ya había elaborado informes, que terminaron con la orden de parar las obras. Precisamente por ese presunto incumplimiento del precinto, Caro y Echevarría están acusados también de un delito de desobediencia grave. Al respecto, han asegurado que las obras ya estaban terminadas cuando se ordenó ese precinto, en julio del año 2000, y que incluso habían sido entregadas. Sin embargo, Caro ha introducido un matiz, precisando que "una pequeña parte" de las obras continuó después de esa fecha. Concretamente cuatro chalets que, según él, estaban "en otra zona" no afectada por este pleito.
Por su parte, el fiscal ha recordado que según consta en uno de los informes, elaborado por la Apmun, en la construcción de las viviendas se produjo "una total y absoluta desviación de los parámetros urbanísticos", que las obras "no tenían nada que ver con lo que se había autorizado", que "siguieron pese a la orden de parar", que "algunas terminaron incluso en el año 2004" y que "se invade suelo rústico de protección", al ser una zona de paso de jable.
Sin embargo, según los acusados, que se han negado a responder a las preguntas de las acusaciones particulares, "el Ayuntamiento lo había comprobado, punto por punto, habitación por habitación y escalera por escalera" tras terminar las obras y antes de conceder la cédula de habitabilidad.
Los acusados reconocen la construcción del muro
Una de las claves del juicio está en el muro que delimita las viviendas, y que según la instrucción de la causa se levantó sobre suelo rústico de protección. Ese muro es el que marca el límite del terreno que corresponde a cada vivienda, y que ahora alberga piscinas y otras instalaciones. Según la acusación, lo que se hizo fue ampliar las construcciones ocupando suelo protegido.
Al respecto, tanto Antonio Caro como Federico Echevarría le han restado importancia. "El tema de un muro, dentro de un suelo que es urbanizable programado, no es un atentado contra nada", ha afirmado el arquitecto. "Pero como arquitecto, ¿usted sabe que en suelo rústico de protección no se puede hacer un muro?", le ha preguntado el fiscal, a lo que Echevarría ha vuelto a responder que "no se ha construido ninguna vivienda en suelo rústico" y que "están donde el Plan Parcial y la Modificación del Plan Parcial establecían".
Por su parte, como constructor, Antonio Caro sí ha llegado a reconocer que construyeron un muro. Según él, Brisa Inversiones también era dueña de la franja que estaba más arriba y que se había llenado de escombros. "Tenía una prisa enorme por quitar los escombros, para que no sirviera de vertedero ni nada", ha asegurado, intentando justificar que construyeron un muro para evitar que volvieran a acumularse escombros. Según él, por eso "los propietarios veían que la parcela era más grande que en la escritura", que es otro de los temas que se investigan en esta causa.