EL JUEZ DEL JUZGADO DE INSTRUCCIÓN Nº 5 DE ARRECIFE
Instruye el caso por presunta corrupción urbanística más sonado de Lanzarote, que ha traspasado la barrera insular para colarse en las portadas de varios diarios nacionales. En la Operación "Unión", el juez titular de Primera Instancia e Instrucción del Juzgado Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro, se ha tenido que enfrentar a horas y horas de declaraciones y a la curiosidad que despierta este tipo de trama.
Incombustible, César Romero ha pasado días enteros en los juzgados de Arrecife tomando declaración a los imputados. En tan sólo dos semanas, ha tenido que soportar jornadas interminables, casi sin descanso.
A César Romero le ha llegado un caso de vital importancia en Canarias con tan sólo 34 años de edad. Nacido en Getxo, una pequeña población costera ubicada en Bizkaia, en el País Vasco, este magistrado cursó la carrera de Derecho en la Universidad de Navarra.
En 2002, según publica la revista de esta institución, César Romero fue uno de los seis graduados en Derecho por esta Universidad que obtuvo una plaza de juez. Poco después se incorporó a la Escuela Judicial de Barcelona, donde recibió clases teóricas durante un año, que le permitieron realizar prácticas como juez adjunto durante seis meses en Lanzarote entre 2003 y 2004.
Accedió a la carrera judicial superando las pruebas selectivas. Sus buenas notas en los exámenes le permitieron obtener la plaza número 30 de 284 opositores. Tras aprobar estas pruebas, dos años después, el 2 de abril de 2004, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), se le nombró juez adjunto al distrito del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el juzgado del penal de Santa Cruz de Tenerife.
Posteriormente, César Romero logró la plaza de juez titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 2 de Santa Cruz de La Palma el 11 de marzo 2005. Desempeñó su función en La Palma durante tres años.
Después, por el turno de antigüedad, fue nombrado magistrado y pasó a ocupar el 7 de marzo de 2008 la plaza de juez titular del Juzgado de Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife. Ahora le ha llegado un caso de enorme trascendencia, por la cantidad y la relevancia de personas que han sido implicadas.
LA FISCALÍA DE MEDIO AMBIENTE Y URBANISMO
La Fiscalía es otra pieza clave en la investigación abierta en Lanzarote para destapar una presunta trama de corrupción. El propio fiscal delegado de Medio Ambiente y Urbanismo del TSJC de Canarias, Javier Ródenas, se desplazó a Lanzarote para participar en los interrogatorios tras las primeras detenciones de la Operación "Unión". Entre otros casos, Ródenas llevó recientemente la acusación en el juicio que terminó con la condena del ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, por un delito de prevaricación urbanística.
Además, el fiscal asignado en Lanzarote a esa Fiscalía de Medio Ambiente, Ignacio Stampa, es otro de los pilares de esta operación desde que se inició, hace más de un año. Stampa es madrileño, tiene 35 años y Lanzarote fue su primer destino como fiscal.
Cuando llevaba cuatro años en la isla, y tras una importante reorganización interna en el Ministerio Fiscal, pasó a ser el nexo de la Fiscalía de Medio Ambiente con Lanzarote, por decisión expresa del nuevo fiscal jefe de Las Palmas. Hasta entonces, en la isla no había un fiscal específico para esta materia.
Su nombramiento le hizo entrar de lleno en la lucha contra la delincuencia urbanística, y actualmente lleva casos como el de la licencia de las mil viviendas y el proceso abierto por la presunta trama para conceder licencias ilegales en Playa Blanca.
Hasta entonces, Ignacio Stampa también había llevado varios juicios con jurado por crímenes como el de las Cuatro Esquinas, el de La Rocar y el de la calle Paz Peraza, y representó al Ministerio Fiscal en el juiciocontra el empresario Ramón Acosta por intento de homicidio, en el caso del "velero de la coca" y, entre otros, en el juicio contra dos policías nacionales, que fueron condenados en primera instancia a ocho años y medio de prisión por todos los hechos que rodearon a la detención ilegal de un africano en Arrecife.
Tras su asignación a la Fiscalía de Medio Ambiente, hace poco más de un año, Stampa pasó a depender directamente del responsable provincial de esa sección, sin necesidad de pasar por el que entonces era coordinador de la Fiscalía en Lanzarote, Miguel Pallarés. Algo así suponía una novedad, ya que hasta entonces todos los fiscales estaban bajo la órbita del coordinador insular. En su momento, el fiscal jefe de la provincia, Guillermo García-Panasco, aseguró que esta decisión "era una cuestión meramente organizativa" y descartó que tuviera que ver con los cuestionamientos que había recibido Pallarés en algunos sectores, sobre todo, por su vinculación familiar con el abogado Felipe Fernández Camero, que defiende los intereses de múltiples promotores urbanísticos y empresariales y al propio ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes.
Poco después, Pallarés dejó la isla pidiendo plaza en otro destino. Su puesto como coordinador fue ocupado por Yolanda López Gómez, que el pasado 3 de abril se convirtió en fiscal jefe del nuevo Área de Arrecife de Lanzarote-Puerto del Rosario (una plaza de nueva creación), pasando a estar al frente de los partidos judiciales de ambas islas.
UNIDAD CENTRAL OPERATIVA (UCO) DE LA GUARDIA CIVIL
Investigaron el asesinato de la joven Rocío Wanninkhof y el crimen del alcalde de Fago. Liberaron de su secuestro a María Angels Feliu, la farmacéutica de Olot, y trabajaron en el caso de las niñas de Alcasser. Lograron acabar con la mafia rusa que operaba desde España y participaron en la detención en Portugal del peligroso delincuente Jaime Jiménez Arbe, más conocido como "El Solitario". Ahora, han llegado a Lanzarote para tratar de desarticular la supuesta red de corrupción urbanística, una intervención judicial denominada Operación "Unión". Bajo las siglas UCO se esconden los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en la que trabajan más de 400 policías especializados en el crimen organizado.
Con absoluto sigilo aterrizaron en Arrecife sin que nadie notara su presencia y, en pocas horas, realizaron una medida y planeada intervención judicial. Vinieron acompañados por agentes del Grupo Rural de Seguridad (GRS), que se encargaron de garantizar la seguridad durante los registros y las detenciones.
La UCO es una unidad específica de la policía judicial, es el órgano central del que dispone la Dirección General de la Guardia Civil para investigar y perseguir los asuntos relacionados con la delincuencia organizada e internacional. Desempeñan su misión sin ser vistos, sin ser detectados y en muy poco tiempo, tal y como ha sucedido en Lanzarote.
Desarrollan su trabajo en el ámbito nacional, con una estructura diseñada para ofrecer una rápida respuesta y conseguir resolver así las investigaciones a contrarreloj. Cuentan con grandes equipos técnicos y científicos para culminar con éxito su trabajo.
Este grupo se formó en 1987 y son el auténtico mazazo de las bandas de crimen organizado que han instalado su actividad en España. Delitos económicos incluidos los fraudes, falsificaciones de moneda y contrabando; tráfico organizado de drogas; blanqueo de capitales; homicidios y secuestros; delitos contra el patrimonio, telemáticos y medioambientales; tráfico ilícito de medicamentos, de objetos preciosos, de armas, explosivos, sustancias peligrosas o nocivas, vehículos y de seres humanos. Cualquier delincuente, excepto un terrorista, está en el punto de mira de los agentes de la Unidad Central Operativa.
NOTICIAS RELACIONADAS
[¿Por qué "Unión"?->28269]
[La situación actual de los 21 detenidos->28264]
[Los delitos de la Operación "Unión"->28267]
[Más de 30 imputados, de momento->28275]
[Testigos y denunciantes->28273]
[Dos años para ir a juicio->28272]
[La Guardia Civil también imputa->28274]