Las 45 desaladoras ilegales que funcionan en Lanzarote impiden a Inalsa ingresar más de cinco millones de euros. A pesar de que el Plan Insular de Ordenación de Lanzarote (PIO) no permite que la producción de agua en la Isla esté en manos privadas, en Lanzarote siguen funcionando desaladoras en complejos turísticos que están fuera de la legalidad y suponen una merma aproximada de ingresos a la empresa pública de aguas de un millón al año más cuatro millones por el enganche.
Esas desaladoras no pagan a Inalsa a pesar de que utilizan la red de saneamiento pública. Según el PIO de 1991, sólo se permite la desalinización privada en caso que de que el sistema general de agua no pueda abastecer la zona. Actualmente la red llega a todos los puntos de la Isla excepto al plan parcial Montaña Roja, en Playa Blanca, que no ha sido recepcionado por el Ayuntamiento de Yaiza.
Tanto la llegada de la red como las garantías de abastecimiento por el nivel de producción alcanzado por Inalsa se dan en estos momentos. Sin embargo, según un estudio de campo hecho por Inalsa y por el Consejo Insular de Aguas, hay 45 desaladoras operando, 15 en Costa Teguise, 21 en Playa Blanca y el resto en Puerto del Carmen y otras ubicaciones. Casi todas están en hoteles y complejos de apartamentos.
Más de 24.000 camas
No están enganchadas a la red más de 10.000 habitaciones y 24.000 camas turísticas de esos hoteles. Si se calcula un coste mínimo de 1,60 euros por cama y mes en consumo de agua y 1,80 euros por cama y mes de saneamiento, el resultado es de casi un millón de euros anuales. Además, cada habitación de hotel debería pagar 360 euros por engancharse a la red pública, lo que supondría un ingreso para Inalsa de cerca de cuatro millones.
La capacidad de producción de agua de estas plantas es aproximadamente de 1,7 millones de metros cúbicos al año. La venta de toda esa cantidad de agua se acercaría los tres millones de metros cúbicos Inalsa. Por otra parte, tiene capacidad suficiente para producir esa cantidad de agua y distribuirla a los hoteles.
Inalsa está administrada judicialmente por una deuda que supera los 40 millones de euros. Para aligerar el coste económico de la empresa, los administradores y el comité de empresa acordaron un expediente de regulación de empleo que afecta a 35 trabajadores, con el que pretenden ahorrar más de dos millones de euros.
La semana pasada, el Cabildo anunciaba que por orden de los administradores iban a intensificar la presentación ante los tribunales de justicia de las correspondientes reclamaciones para el cobro de cantidades adeudadas por facturaciones impagadas de abonados, así como defraudaciones por enganches o manipulaciones ilegales a las redes de distribución de la empresa pública de aguas. Sin embargo, no se hacía ninguna referencia a estas desaladoras ilegales.
ACN Press