Los populares lanzaroteños han puesto este sábado sobre la mesa los graves problemas de vivienda que existen en la isla y en el conjunto del archipiélago debido fundamentalmente al "pasotismo y la desidia" que en esta materia han demostrado durante décadas "los nacionalistas en el Gobierno de Canarias y los socialistas en Madrid".
La presidenta insular del Partido Popular, Astrid Pérez, ha afirmado que es "prioritario y objetivo número uno" que se adopten "medidas para revertir la precariedad habitacional en la que se encuentran muchos lanzaroteños y canarios debido a la desafortunada política de vivienda del Ejecutivo regional que no ha sido capaz de ejecutar ni un solo plan de vivienda en los últimos diez años".
"En el Partido Popular somos muy conscientes de la realidad que vivimos en Canarias donde existen cerca de 30.000 familias que demandan una vivienda", señala Pérez, que destaca que ya el gobierno de Rajoy dejó aprobado el Plan estatal de viviendas 2018-2021 que incrementaba la dotación económica en casi un 63% hasta alcanzar los 1.443 millones de euros durante los cuatro años.
Ahora, el objetivo de los populares con el gobierno que forme Pablo Casado tras las elecciones del 28 de abril es seguir reforzando las políticas en esta materia con medidas que también pretenden "flexibilizar y favorecer el alquiler dando mayor cobertura e incentivos los arrendadores con el fin de promover la incorporación al mercado de viviendas en alquiler".
"Es evidente que cuantas más trabas le pongamos a los propietarios éstos serán más reticentes a poner a disposición de la sociedad sus inmuebles. No debemos olvidar que los ahorros de muchas familias se han materializado en la adquisición de bienes inmuebles como forma de garantizarse una jubilación digna. En manos de los poderes públicos está el establecimiento de un sistema justo y ecuánime que garantice el equilibrio entre ambas partes", ha señalado Ástrid Pérez.
Así mismo, en su comparecencia ante los medios, han destacado el compromiso de Casado con el fomento de un aspecto tan importante como es la rehabilitación de edificios de viviendas en zonas urbanas y que afecta de lleno a ciudades como Arrecife.
Así lo ha resaltado el candidato al Senado por Lanzarote y La Graciosa, Joel Delgado, al asegurar que los proyectos de renovación urbana de las viviendas de Valterra y Titerroy son "la prioridad número uno al tratarse de un tema de justicia social". "No vamos a permitir que haya familias enteras viviendo en casas llenas de grietas, apuntaladas y con el temor constante a un posible derrumbe", ha manifestado Delgado.
"Es intolerable y totalmente vergonzoso que después de que consiguiéramos la financiación del Estado de la mano del Partido Popular, y el gobierno transfiriera casi dos millones de euros, los socialistas y nacionalistas en el Ayuntamiento se hayan dedicado a torpedear el proyecto sin tan siquiera solicitar la prórroga de ejecución", denuncia el candidato a la reelección a la Cámara Alta. "Una vez más será el Partido Popular el que saque los proyectos de las gavetas y de la cara por el más del centenar familias afectadas".
Para el candidato del Partido Popular al Cabildo de Lanzarote, Jacobo Medina, "es esencial que exista sintonía entre las distintas administraciones", independientemente de sus competencias directas sobre la materia, "porque al fin y al cabo somos los ayuntamientos y los cabildos, cada uno en el marco de sus obligaciones, las corporaciones más cercanas al ciudadano y las que tenemos que lidiar y paliar las situaciones de emergencia y de desamparo en las que se encuentran las familias que han sido desalojadas por impago o que, sencillamente y desgraciadamente es así, no encuentran una vivienda en la que vivir y las que hay están a precios desorbitados".
En este contexto, Medina valora positivamente la propuesta del Partido Popular para incrementar la deducción fiscal a los arrendadores por los ingresos derivados de la renta de los alquileres de las viviendas que sirvan de residencia habitual, especialmente cuando los arrendatarios sean jóvenes o mayores de 65 años con ingresos bajos, lo que redundará de forma positiva en que haya más viviendas disponibles.