La pieza del caso Unión por la apertura sin licencia del teatro insular ha quedado este lunes vista para sentencia, tras un juicio que finalmente se ha desarrollado en una sola jornada y que ha sentado en el banquillo al ex alcalde de Arrecife, Enrique Pérez Parrilla, al ex concejal de Urbanismo, Ubaldo Becerra, y al ex consejero de Cultura del Cabildo, Rubén Placeres. En sus conclusiones finales, la fiscal Laura Ordás ha señalado que los hechos "han quedado plenamente acreditados" durante el juicio, celebrado ante el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, y ha mantenido su acusación por delitos de prevaricación administrativa.
Sin embargo, ha rebajado la petición de penas a cada uno de ellos, que ha pasado de 9 años de inhabilitación para empleo o cargo público a 8 años, al admitir como atenuante las "dilaciones indebidas" en la tramitación de esta causa. Concretamente, la fiscal ha señalado que esta pieza estuvo parada durante casi dos años y medio, coincidiendo buena parte de ese tiempo con el cambio de jueces que atravesó el caso Unión.
Por su parte, las defensas de los tres acusados han pedido la libre absolución y han coincidido en sostener que esta causa ni siquiera debería haber llegado a juicio. Además, han repetido un mensaje similar refiriéndose al caso Unión y a sus consecuencias, afirmando que "se tendió a criminalizar" actitudes. "Ésa es la única razón para entender por qué este procedimiento ha llegado hasta aquí", ha sostenido el abogado de Rubén Placeres. Tanto él como el resto de los letrados han defendido que los hechos responden a "meras irregularidades administrativas", que no tendrían que haber llegado a la vía penal.
"El Ministerio Fiscal ha tenido que hacer verdaderos encajes de bolillos para traernos hoy aquí", ha sostenido por su parte el abogado de Enrique Pérez Parrilla, que ha apelado a la "trayectoria profesional y política" de su cliente, afirmando que ha sido "ejemplar", y alegando incluso que en la sociedad lanzaroteña "se le conoce como una persona íntegra".
"No eran temas baladís"
Sin embargo, la Fiscalía considera que los tres acusados tuvieron una actuación "clamorosa y flagrante" contra el ordenamiento jurídico, al permitir que el teatro insular acogiera dos actos culturales pese a que carecía de licencia y había informes negativos, que incluso advertían de carencias en materia de seguridad en las instalaciones. "No eran boberías", "no eran temas baladís", ha subrayado la fiscal, recordando la documentación que no había sido aportada y también las deficiencias detectadas, entre otras cosas, en materia de incendios y de evacuación.
"Eran temas serios que comprometían la seguridad de las personas que iban a ir", ha insistido, añadiendo además que con su actuación, los acusados quebraron "la confianza de los ciudadanos en sus administraciones". Al respecto, la fiscal ha subrayado que "cuando alguien va a un teatro, no se imagina" que carezca de licencia o que tenga deficiencias en materia de seguridad.
Además, ha insistido en que Pérez Parrilla y Ubaldo Becerra actuaron "en connivencia" desde el Ayuntamiento de Arrecife, al permitir que se celebraran esos conciertos organizados por el Cabildo, "a sabiendas" de que las instalaciones no tenían los debidos permisos e incluso de que había informes negativos. Por su parte, a Rubén Placeres la Fiscalía le señala como inductor, ya que llamó "de forma insistente" al concejal Ubaldo Becerra para poder celebrar esos eventos que tenía programados, e incluso para pedir que el mismo día del concierto le firmaran un decreto con una autorización provisional.
"No hicieron ese escrito porque sabían que no podían hacerlo", ha señalado la fiscal, aclarando que para que exista prevaricación administrativa "no hace falta que esté plasmada por escrito" la resolución "arbitraria". En este caso, hay conversaciones telefónicas grabadas de Ubaldo Becerra, tanto con Rubén Placeres como con Pérez Parrilla, en las que el concejal y alcalde afirman que el Ayuntamiento no intervendrá y permitirá que se celebre el acto que tenía previsto el Cabildo. En la última de esas conversaciones, tras una llamada de teléfono entre los acusados, Becerra le confirma a Rubén Placeres que no podrán firmarle ese decreto, pero le da luz verde para que celebren el concierto sin permisos: "Ya hablé con el alcalde, que no hay ningún problema, que lo hagas".
"No necesito orden judicial para investigar"
Ésas conversaciones que se interceptaron dentro de la investigación del caso Unión, dando lugar a la apertura de esta pieza, también han sido cuestionadas por los letrados, que han llegado a pedir incluso que sean anuladas. Usando argumentos similares a los de otros acusados de Unión, han puesto en duda incluso que la UCO contara con autorización judicial para realizar esas grabaciones. Para responder a esto, han intervenido dos agentes de la UCO y concretamente el que realizó el atestado con la primera solicitud al juez para intervenir el teléfono de Ubaldo Becerra, dentro del caso Unión. Una autorización que fue concedida, pero que aún así ha sido cuestionada por los letrados, que sostienen que lo que se iba a investigar no eran presuntos delitos en la apertura del teatro, sino otros hechos delictivos.
"No tenían instrucción del juez de investigar nada de un teatro. No tenían orden", ha sostenido el abogado de Ubaldo Becerra. "Yo no necesito una orden judicial para investigar la concesión ilegal de una licencia a un teatro", ha respondido el agente, volviendo a explicar que se encontraron con esos presuntos nuevos delitos cuando el teléfono ya estaba intervenido, y que por tanto lo que hicieron fue comunicárselo al juez. Y también ha aclarado que si no solicitaron ninguna medida adicional, fue porque no era necesario ni intervenir más teléfonos ni realizar ningún registro específico para investigar esta pieza, a la que lo que se aportó después fueron expedientes e informes que obraban en el Cabildo y en el Ayuntamiento de Arrecife, así como las declaraciones de los imputados y los testigos que fueron llamados a declarar primero ante la UCO y luego ante el juez.
Por su parte, además de invocar ésta y otras supuestas causas de nulidad en la causa, el abogado de Pérez Parrilla también ha cuestionado el contenido en sí de las conversaciones. "Son 14 frases, de las cuales 4 son sí, sí, sí, y alguna más", ha sostenido Francisco Torres, afirmando que esas conversaciones son "lo único que hay" y preguntándose "de dónde extrae" las conclusiones el Ministerio Fiscal.
"Diles que no va a pasar nada"
"Diles que no va a pasar nada", se escucha decir a Pérez Parrilla en una de esas conversaciones, que se han reproducido durante el juicio. En esa misma conversación, el ex alcalde le traslada a Ubaldo Becerra que lo que no va a hacer es firmar ese decreto que solicitaba Rubén Placeres "con informe negativo". Ésta y otras frases, para el Ministerio Fiscal, confirman que los tres acusados eran plenamente conscientes de que había informes contrarios a que se celebraran esos actos en el teatro.
"No son de tan poca importancia como se quiere dar a entender aquí", ha señalado la fiscal al referirse a las deficiencias que habían advertido los técnicos. Y es que buena parte de la defensa se ha centrado también en cuestionar esos informes, alegando que el principal es de una correduría de seguros, AON. Esta empresa, a través de la gerencia de riesgos, realizó una visita a las instalaciones y elaboró un informe el 22 de enero de 2009, advirtiendo de las "anomalías" que detectaron "en los sistemas de detección de incendios y de extinción, así como de señalización de evacuación". Pocos días después, el 4 de febrero de ese año, se celebró un primer concierto, y nueve días después, el día 13, el segundo.
Tras el estallido de la operación Unión, con las primeras detenciones y la citación como imputados de Rubén Placeres y Enrique Pérez Parrilla, el Cabildo acordó el cierre del teatro en junio de 2009. Ese mismo mes pidió licencia de apertura al Ayuntamiento de Arrecife, pero ésta no fue concedida hasta casi dos años después, el 11 de abril de 2011, ya que fue necesario acometer obras en el teatro, para resolver todas las deficiencias que habían detectado.
Precisamente el encargado de elaborar ese proyecto para "actualizar las instalaciones" ha sido uno de los peritos que ha declarado este lunes. Y aunque a preguntas de los abogados ha precisado que aplicó "la normativa que estaba en vigor en ese momento", que se había endurecido unos años antes, y no la que existía cuando se proyectó el teatro y se concedió la licencia de obras, la fiscal ha subrayado que en el momento de la apertura del teatro, la administración tenía que regirse por la normativa de ese momento. Además, ha hecho hincapié en todos los cambios que tuvieron que hacerse en el teatro, incluido el cambio de puertas que no se abrían en el sentido de la evacuación, es decir, hacia afuera, sino hacia adentro, o la sustitución de distintos materiales que no eran resistentes al fuego.