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La Justicia ordena la ejecución de otra condena de cárcel contra Juan Ramírez

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la sentencia que hace un año condenó al ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, a dos años de cárcel por un delito de estafa en la venta una vivienda. Tras este nuevo fallo, el ...

La Justicia ordena la ejecución de otra condena de cárcel contra Juan Ramírez

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha ratificado la sentencia que hace un año condenó al ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, a dos años de cárcel por un delito de estafa en la venta una vivienda. Tras este nuevo fallo, el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, donde se juzgaron los hechos, ha declarado firme la sentencia, ya que contra ella no caben más recursos, y ha ordenado su ejecución.

En el auto del Juzgado, se acuerda que se remita nota de la condena al Registro General de Penados y Rebeldes y que se soliciten los antecedentes penales de Juan Ramírez, para que el Ministerio Fiscal o las otras partes personadas en el proceso informen sobre la posible suspensión de dicha pena, ya que la condena no supera los dos años de cárcel y, en estos casos, se puede evitar el ingreso en prisión. Sin embargo, este beneficio se aplica a personas sin antecedentes penales.

Además, se le ha ordenado a Ramírez que abone la indemnización que se fijó en la sentencia, y que ascendía a 24.000 euros, más los intereses legales, así como el pago de las costas del juicio.

Los hechos

Los hechos que dieron lugar a esta sentencia, ratificada ahora por la Audiencia Provincial y declarada firme, se remontan al 2 de noviembre de 2004. Juan Ramírez, siendo administrador de la entidad "Arad Lanzarote S.L.", suscribió un contrato privado para la venta del apartamento en Puerto del Carmen. El precio fijado fue de 162.275 euros y, en el acto de la firma, recibió 24.000 de Carlos Fernández, que actuó como intermediario de los compradores, porque vivían fuera de la isla.

Sin embargo, tras la firma empezaron a recibir largas para escriturar la vivienda y 21 días después, vieron cómo pasaba a manos de la Caja Insular de Ahorros Canarias, en virtud de un mandamiento judicial. Y es que sobre la misma pesaba una hipoteca impagada. "Que el acusado actuó de mala fe es más que evidente, desde el momento en que no sólo ocultó la existencia de ese gravamen, sino de que incluso había en marcha un procedimiento hipotecario que estaba a punto de finalizar con la adjudicación de la finca a favor de la Caja de Ahorros", sostenía la jueza en la sentencia.

Pero por si fuera poco, la empresa de la que era administrador Juan Ramírez, y en cuyo nombre se vendió esa propiedad, entró poco después en concurso de acreedores, por lo que la magistrada insiste en que "el acusado obró con plena conciencia y voluntad de perjudicar a los querellantes, logrando el desembolso de una cantidad a su favor que sabía o debía saber que no iba a poder devolver".

Además, en la sentencia señala que las declaraciones de Ramírez durante el juicio, en las que intentó culpar del engaño al denunciante e intermediario de la compraventa, fueron "inverosímiles e inadmisibles". Por su parte, el denunciante dijo durante el juicio que se fió de Juan Ramírez porque era un personaje público, había sido alcalde de Haría y "no podía sospechar que le iba a estafar 4.000.000 de pesetas".

Otras condenas

Ésta es la cuarta condena que pesa sobre Juan Ramírez, y la segunda declarada firme. Por la primera, la del caso Villa Dolores, ya está cumpliendo actualmente la pena de tres años y medio de prisión en el centro penitenciario de Tahíche.

En cuanto a las otras dos, pendientes de recurso, una está también relacionada con su actividad privada, y resultó condenado por otro delito de estafa en la venta de una propiedad. En la otra, se le impuso una condena de un año y tres meses de cárcel por delitos urbanísticos cometidos en su última etapa como alcalde de Haría, en la que concedió una quincena de licencias ilegales en el municipio.

Sumando las cuatro sentencias que se conocen hasta el momento, Ramírez se enfrentaría a un total de nueve años de cárcel.