El Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 2 de Las Palmas ha declarado la nulidad del expediente administrativo que acordó la expulsión del territorio español del activista uruguayo, José Morales Brum, y que le prohibía la entrada en España por un periodo de cinco años. Morales fue deportado en junio de 2012.
Morales interpuso un recurso contencioso-administrativo contra la resolución de mayo de 2010, dictada por la Delegación del Gobierno en Canarias, en virtud de la cual se acordaba la expulsión del activista de España. El recurso del uruguayo fue admitido a trámite y en él se pedía que se declarara la nulidad de este expediente, alegando arraigo por estar conviviendo con su madre, residente en España, y por llevar desde los seis años en este país. Por el contrario, la administración se opuso por estimar que el acto recurrido era "ajustado a derecho".
Al demandante, se le imputó por la participación de actividades contrarias al orden público, previstas en la Ley sobre Protección de la Seguridad Ciudadana. Según consta en el expediente administrativo, Morales estuvo implicado en unos hechos que consistieron en la participación en una concentración de protesta contra las prospecciones petrolíferas frente a la sede del PP en Arrecife, donde se "abalanzó contra el ministro", José Manuel Soria, e "incitó al resto de participantes". Precisamente por estos hechos, se le incoó el expediente de expulsión.
La Justicia ha dictado ahora sentencia sobre este expediente y considera que "desde luego ni se motiva la opción de la expulsión, ni es proporcionada a los hechos acaecidos, por cuanto los mismos no pueden salir del encuadre de una protesta frente a lo que se considera perjudica los intereses también de la generalidad".
"Tampoco entiendo que el comportamiento en sí atente contra la seguridad ciudadana sin perjuicio de que tampoco sea susceptible de ser alabado, pero en ningún caso justifica la expulsión sin más del recurrente", señala en la sentencia del Juzgado de lo contencioso-administrativo Número 2 de Las Palmas, que impone las costas del proceso a la administración demandada.
"Atado de pies y manos, literalmente"
Alicia Da Rosa, del grupo de apoyo a José Morales, ha manifestado en una nota de prensa que esta sentencia deja "en evidencia la clara persecucion política de las autoridades de la Delegación del Gobierno español sobre este activista". Además, ha recordado que Morales denunció la ilegalidad de su detención y su posterior trasladado a Uruguay, "atado de pies y manos, literalmente", donde fue ingresado "por la fuerza, a manos de un funcionario de la Interpol en el aeropuerto de Carrasco".
Con este fallo favorable al activista uruguayo, Alicia Da Rosa ha afirmado que queda abierta la instancia judicial de demandar a la administración y a sus responsables por "todos los daños y perjuicios ocasionados a este ciudadano". "Esta sentencia deja en claro que fueron falsas las acusaciones, difamaciones, injurias y calumnias que levantaron en su contra por parte de las autoridades españolas", ha insistido.