El Colegio de Abogados de Lanzarote respalda en todos sus términos el accionar de su decano, Francisco Torres Stinga, en relación a las quejas que presentó por escrito ante la Dirección Insular, referentes al accionar de un agente de la Policía Nacional en Arrecife, por su presunta vulneración de los derechos de los detenidos durante su toma de declaración en la Comisaría y el supuesto trato "indigno y vejatorio" a éstos y a sus letrados. Así lo hace saber a través de un escrito emitido este lunes, en el que se da cuenta de la decisión adoptada por unanimidad en su sesión del pasado 23 de marzo, despejando las dudas que pudiera haber acerca de si Torres Stinga actuó con el conocimiento y la aprobación de los integrantes del Colegio al que representa.
Dicha decisión unánime de la Junta de Gobierno consistió en "facultar al decano para que actúe en la forma que estime oportuna, incluido el acudir a la Jurisdicción Penal si fuera necesario", en relación al punto 9 del orden del día de la citada reunión, que era sobre los "escritos de quejas y denunciadas de varios letrados poniendo de manifiesto el trato recibido por parte de uno de los agentes de la Policía Nacional en relación a los derechos que asisten a los detenidos y que han ocurrido mientras realizaban sus guardias".
El escrito dado a conocer este lunes, firmado por la secretaria de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados, Lidia Gómez Fábregas, destaca que la mencionada junta adoptó ese acuerdo "tras tomar razón de todos los escritos presentados por los diferentes letrados y ante la gravedad de los hechos denunciados, que ya habían sido puestos de manifiesto verbalmente a varios miembros de la Junta por parte de los abogados afectados".
"El Colegio de Abogados de Lanzarote, como garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y de los principios y valores que integran el Estado social y democrático de derecho, y en cumplimiento de las funciones que tiene encomendadas según la legislación, no podía dejar pasar por alto hechos tan graves como los sucedidos", agrega la nota, en la que se insiste además con el supuesto "trato indigno, vejatorio e injusto a varios detenidos y a sus letrados" por parte de "un solo agente del Cuerpo Nacional de Policía, en detrimento de los derechos constitucional y legalmente reconocidos".
El escrito de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados transcribe además fragmentos del Código Deontológico de la Abogacía Española, como el que señala que "la independencia del abogado es una exigencia del Estado de Derecho y del efectivo derecho de defensa de los ciudadanos, por lo que para el abogado constituye un derecho y un deber", como así también que los letrados tienen "el derecho y el deber de preservar su independencia frente a toda clase de injerencias".