La Junta Electoral de Zona ha acordado iniciar un expediente sancionador contra el presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, y contra el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, por los discursos que ofrecieron en el acto organizado por la institución en Jameos del Agua con motivo del centenario de César Manrique. Además, el expediente se dirige también contra su partido político, Coalición Canaria, y contra el Cabildo como organizador del evento, al considerar que se infringió la normativa electoral.
En su resolución, la Junta recuerda que el pasado 11 de abril ya advirtió al Cabildo de que los actos del centenario debían celebrarse "sin intervención pública alguna de las personas que sean partícipes en actos electorales como candidatos o que intervengan o vayan a intervenir" en la campaña. Así, tal como informó entonces La Voz, estimó parcialmente una queja que había elevado Nueva Canarias y aunque no suspendió los actos previstos, dejó claro que ni San Ginés ni ningún cargo público que estuviera participando en las elecciones podía intervenir en ellos y que solo podrían acudir "como ciudadanos particulares".
En caso contrario, la Junta ya advertía de que podrían "incurrir en responsabilidades con arreglo a la normativa electoral", que es precisamente lo que va a dirimir ahora con este expediente. Y es que a pesar de esa advertencia, el 24 de abril tanto San Ginés como Clavijo ofrecieron extensos discursos en Jameos del Agua, en un acto que además fue retransmitido en directo por la Televisión Canaria.
Decisión adoptada por unanimidad
Tras tener conocimiento de esas intervenciones "por información aparecida en distintos medios de prensa", la Junta Electoral de Zona abordó el asunto el pasado 28 de abril e inició un expediente, que ahora ha concluido con la apertura de un expediente sancionador en el que señala como "posibles responsables" al Cabildo, a Coalición Canaria, a San Ginés y a Clavijo.
La propuesta de abrir expediente se aprobó por unanimidad el pasado martes, junto al acuerdo de comunicar la decisión a los afectados, que se enfrentan a multas de hasta 600 euros. Ahora, podrán presentar alegaciones o "reconocer voluntariamente su responsabilidad", lo que según señala la resolución les permitiría que se aplicara una reducción del 20% en la sanción.