Los diez guardias civiles del puesto de aduanas del aeropuerto de Gran Canaria detenidos esta semana por presuntos cobros ilegales, han sido imputados por cohecho, falsedad en documento público y omisión del deber de perseguir delitos. La jueza de Telde que instruye el caso ha decretado para todos ellos prisión provisional, comunicada y sin fianza, mientras las actuaciones siguen bajo secreto de sumario.
Los guardias civiles habían pasado esta madrugada a disposición judicial. La mayoría de los agentes fueron conducidos antes del amanecer al juzgado de primera instancia de instrucción número 1 de Telde, a la espera de que su titular les tomara declaración.
Los agentes fueron detenidos el martes después de que cámaras ocultas en el aeropuerto grabasen sus presuntas actividades delictivas, que consistían en convencer a viajeros de distintas nacionalidades, sobre todo marroquíes, coreanos y de países árabes que no entendían el idioma español, de que para agilizar los trámites aduaneros en materia de control de equipajes o declaración de divisas para su introducción en España era preciso que les proporcionasen cantidades de dinero.
La acusación que pesa sobre los guardias civiles detenidos y ahora a disposición judicial es la realización de forma continuada de actividades que podrían constituir delitos de cohecho y coacciones así como de blanqueo de capital, falsedad documental, hurto y omisión del deber de perseguir delitos. La operación policial fue organizada por la propia Guardia Civil, que montó un dispositivo con el fin de localizar a los agentes presuntamente corruptos.
ACN Press