La primera de las dos causas penales abiertas en relación a la parcela de Costa Roja ya está más cerca de resolverse. La magistrada del Juzgado de Instrucción Número 8 de Arrecife, Ángela López Yuste, ha emitido un auto en el que da por terminada la fase de instrucción y pide al Ministerio Fiscal que formule su escrito de acusación, previo a la celebración del juicio oral. Así, llegan a su fin las investigaciones que se iniciaron en abril de 2007, aunque la jueza señala que tanto el fiscal como la acusación particular podrán pedir "excepcionalmente" la práctica de nuevas diligencias adicionales para formular la acusación.
En este último auto, que pone fin a la instrucción judicial, la magistrada mantiene las imputaciones por un presunto delito de prevaricación contra el ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, el secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y el jefe de la Oficina Técnica Municipal, Antonio Lorenzo Tejera, aunque se acuerda el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones contra el promotor Luis Lleó, que estaba siendo investigado por un presunto delito de cohecho. Es decir, por haber realizado un supuesto pago a cambio de recibir la licencia para construir más de 1.000 viviendas y 220 locales comerciales en esa parcela.
Sin embargo, según sostiene la jueza, las investigaciones realizadas por la policía judicial no arrojan "indicios bastantes" de la comisión de un delito de cohecho, ya que no han conseguido localizar entregas de dinero de Luis Lleó a José Francisco Reyes. Así, aunque la magistrado sí considera que existió un delito de prevaricación urbanística, al conceder una licencia que no se ajustaba a la legalidad, no se ha podido demostrar hasta el momento que esto se hiciera a cambio de un soborno.
Tres años y medio después
José Francisco Reyes concedió esta licencia en diciembre de 2006, autorizando la construcción de 1.012 viviendas, 220 locales comerciales y más de 2.500 plazas de garaje a la entrada de Playa Blanca. El proyecto fue otorgado en un suelo no urbano, obviando el Plan Insular de Ordenación (PIOT) de 1991 y, en su momento, el alcalde de Yaiza no informó al Cabildo, pese a que estaba obligado a hacerlo.
Fue La Voz de Lanzarote la que hizo pública la licencia, que posteriormente fue recurrida por el Cabildo y actualmente cuenta con medidas cautelares que impiden que se ejecute el proyecto mientras se resuelve el proceso.
Además, paralelamente se abrió el proceso judicial para depurar responsabilidades penales, a raíz de las denuncias presentada por Carlos Espino en representación del Partido Socialista, y por el arquitecto Enrique Ruiz, que redactó el proyecto básico para urbanizar la parcela y testificó contra el promotor, llegando a señalar incluso al secretario general del PNL, Pedro de Armas, como supuesto intermediario entre Lleó y José Francisco Reyes en esta operación. De Armas fue llamado después a declarar en calidad de testigo, negando la acusación de Ruiz.
Pendiente del caso "Unión"
Además de este proceso judicial, cuya instrucción está a punto de concluirse, el nombre de Costa Roja está íntimamente ligado al de la Operación "Unión", por un presunto intento de soborno vinculado a esta misma parcela. Y en este caso, Luis Lleó sí continúa imputado por cohecho.
Según el sumario del caso "Unión", un año después de que se iniciaran las acciones judiciales contra la licencia de las 1.000 viviendas de Costa Roja, Lleó habría contactado con Carlos Espino, a través del empresario Fernando Becerra, para ofrecerle dinero a cambio de que retirara la denuncia penal y, sobre todo, para que desbloqueara la urbanización de la parcela, a través de su cargo como consejero del Cabildo.
Las conversaciones entre Fernando Becerra y Espino, que volvió de nuevo a denunciar estos hechos, fueron grabadas por agentes de la UCO, convirtiéndose en el detonante de la Operación "Unión", que después abrió otros muchos frentes. Por esta causa, Luis Lleó pasó casi siete meses en prisión provisional y actualmente está en libertad bajo fianza de 120.000 euros, a la espera de juicio.