La juez del Juzgado de Primera Instancia número 5 de Arrecife, Lucía Barrancos, ha levantado el secreto de sumario sobre la que habría pasado a ser la pieza "central" del caso "Unión". Así se lo comunicó este martes a los abogados de los imputados, que ya pueden tener acceso a esa parte del sumario.
En esta pieza están imputados, entre otros, el líder histórico del PIL, Dimas Martín, varios cargos públicos y orgánicos del partido, y distintos empresarios. Estos últimos están acusados de haber pagado presuntos sobornos, a cambio de conseguir desde adjudicaciones de contratos y servicios, hasta el cobro de facturas del Ayuntamiento de Arrecife.
La investigación del caso "Unión" arrancó en el año 2008, con una primera denuncia del entonces secretario general del PSOE, Carlos Espino, relacionada con el presunto soborno que le ofrecieron a cambio de desbloquear la urbanización de la parcela de Costa Roja, en Playa Blanca. La oferta llegó a través de Fernando Becerra, en nombre del empresario Luis Lleó.
Sin embargo, posteriormente se sumó a la causa una segunda denuncia, presentada por José Antonio Castellano. Tal como acreditan las conversaciones grabadas por la UCO a raíz de esa denuncia, y las propias confesiones de algunos de los imputados, los concejales José Miguel Rodríguez y Ubaldo Becerra le pidieron a Castellano una comisión a cambio de que el Ayuntamiento de Arrecife hiciera efectivo el pago de una deuda que mantenía con su empresa. Pero además, en las "negociaciones" participó como intermediario Matías Curbelo y, detrás de toda la operación, estaba supuestamente Dimas Martín.
A raíz los pinchazos telefónicos que se ordenaron por parte del que entonces era juez de la causa, César Romero Pamparacuatro, se llegó a otros empresarios, cargos públicos, militantes del PIL y trabajadores del municipio, acusados de cohecho, entre otros delitos.
Entre la Operación Unión y la posterior Operación "Jable", que se incluye en el mismo caso "Unión", fueron detenidos o imputados el 25 por ciento de los cargos públicos que tenía en el PIL en ese momento, además de otra decena de militantes y personas cercanas al partido. De hecho, Dimas Martín y varios cargos del PIL fueron acusados también de asociación ilícita. Este delito supondría la existencia de una presunta red organizada para delinquir desde las instituciones.
Las piezas
El levantamiento del secreto de sumario de esta parte de la causa se suma al de otras piezas que ya se habían separado. La primera, hace casi tres años, vinculada con la apertura del Teatro Insular, cuando carecía de licencia que garantizara la seguridad del recinto. Posteriormente se fueron separando otras piezas.
Ya con la actual juez, Lucía Barrancos, se separó también la pieza de Costa Roja, que fue la que dio origen a la causa; y la del edificio Marina de Naos, en la que también están imputado Luis Lleó y Fernando Becerra, así como otros antiguos vocales de la Cámara de Comercio. Además, en los últimos meses se ha avanzado también en la pieza relacionada con la casa del arquitecto Carlos Morales.
Ahora, el levantamiento del secreto de sumario de la pieza "central", podría ser uno de los últimos pasos de la juez Lucía Barrancos en esta causa. Y es que la juez consiguió hace un mes un nuevo destino, en un Juzgado del País Vasco, aunque todavía no ha realizado el traslado y continúa al frente del caso "Unión".