La primera causa abierta por la concesión ilegal de una licencia en la parcela de Costa Roja ha dado un nuevo giro, reabriendo las actuaciones contra Luis Lleó, imputando nuevos delitos al ex alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, y al secretario del Ayuntamiento, Vicente Bartolomé Fuentes, y sumando dos nuevos imputados: el abogado Felipe Fernández Camero y el jurista Rafael Entrena Cuesta, reconocido en toda España por sus aportaciones al derecho administrativo.
En un auto dictado el pasado 22 de marzo, la juez del Juzgado de Instrucción Número 3 de Arrecife, Ángela López-Yuste, señala que "procede incoar" nuevas diligencias previas y reabrir las que habían sido sobreseídas en el año 2010. En aquel momento, la juez archivó la imputación contra el empresario Luis Lleó y mantuvo la del ex alcalde y dos técnicos municipales, al entender que había indicios de prevaricación urbanística, pero que no estaban "debidamente acreditados" los delitos de cohecho de los que venían siendo acusados.
Ahora nuevas diligencias se han sumado a la causa, a la que se han incorporado datos que resultaban relevantes del caso "Unión". Entre otras cosas, ha sido clave un informe de la Guardia Civil sobre la documentación intervenida a Luis Lleó cuando fue detenido dentro de la Operación "Unión".
De la mano de esas nuevas diligencias, la juez se dirigió a principios de este mes al Ayuntamiento de Yaiza, para que con "carácter urgente" enviara al Juzgado todo el expediente relativo a un pago realizado por el Consistorio al catedrático Rafael Entrena Cuesta, que en mayo de 2007 elaboró un informe sobre la licencia concedida a Costa Roja por José Francisco Reyes. A petición de la Fiscalía, la juez reclamó al Ayuntamiento los documentos sobre el encargo del trabajo, la factura y el contrato, "a fin de investigar la presunta existencia de un delito de prevaricación por parte de Luis Lleó y Rafael Entrena".
Finalmente, además de ese delito la juez también ha introducido el de fraude a la administración y malversación de caudales públicos, por las presuntas irregularidades en ese pago. En su auto, acuerda imputar al catedrático Rafael Entrena, así como al abogado Felipe Fernández Camero, los delitos de prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación de caudales públicos. Por su parte, José Francisco Reyes y Vicente Bartolomé Fuentes, que ya estaban imputados por prevaricación urbanística, suman nuevas imputaciones de prevaricación, fraude a la administración y malversación.
En cuanto a Lleó, se reabren las actuaciones contra él y pasa a estar de nuevo imputado en la causa esta vez por prevaricación urbanística continuada, prevaricación administrativa, fraude a la administración y malversación. Además, Lleó continúa también imputado en el caso "Unión", donde sí se le acusa de un delito de cohecho, al haber ofrecido un presunto soborno a Carlos Espino, a través de Fernando Becerra para que desbloqueara la construcción de esa misma parcela.
Cuando se produjo ese ofrecimiento, esta primera causa ya estaba en marcha e investigaba la licencia que Reyes concedió a Lleó para construir más de 1.000 viviendas y 200 locales comerciales en esa parcela. Los tribunales habían parado su desarrollo, después de que fuera denunciada por el Cabildo por lo que Lleó intentó ese presunto soborno a Espino, que entonces era consejero de Política Territorial. Finalmente, el empresario tendrá que responder penalmente en dos causas distintas por los dos intentos de urbanizar esa parcela.