Ni una visita al médico desde 2004, ni un trámite para renovar el DNI o cualquier otro tipo de documento. Nada. La vida de Verónica, la joven desaparecida en Tinajo y en cuya vivienda familiar se han hallado restos de huesos humanos, es toda una incógnita desde hace nueve años. Al parecer, "no hay ningún rastro administrativo" de esta joven, según ha señalado a La Voz una fuente institucional.
Incluso, las administraciones implicadas barajan la posibilidad de que la joven, que sufría una discapacidad psíquica, pudiera haber vivido una especie de "secuestro" en su propia casa. De momento, la investigación de la Policía Nacional se ha saldado con cuatro detenidos: el padre, la madrastra y dos hijos de ésta.
Prácticamente nadie sabía nada del paradero de Verónica. Los Servicios Sociales le perdieron la pista hace una década y la última vez que supieron algo de ella fue en 2004. Cuando los agentes de la Policía Nacional llegaron el martes hasta esta vivienda, después de que el hermano menor denunciara su desaparición, preguntaron a su familia por ella. La familia comunicó que hacía "cinco años" que no la veía, según un vecino testigo de los hechos. Sin embargo, fue este mismo vecino quien señaló a los agentes que le había visto hace un año, trabajando en la tierra, pero que posteriormente no había sabido nada de ella.
Una vida dramática
La primera vez que las administraciones empezaron a ocuparse de Verónica fue en 2001, cuando aún era una niña y el alcalde de Tinajo, Jesús Machín, le vio a las 7.30 horas de la mañana dirigiéndose a trabajar al campo. Los Servicios Sociales comenzaron a investigar las circunstancias de esta joven y determinaron que tenía "antecedentes de malos tratos y de que no se le estaba atendiendo bien", según el actual consejero de Bienestar Social del Cabildo, Marci Acuña. Por ello, tanto ella como su hermano pequeño acabaron en un centro de menores, del que posteriormente la joven se fugó.
Al parecer, Verónica se fugó varias veces del centro de menores. Cuando ocurría esto, el Cabildo explica que se lo comunicaba al Gobierno de Canarias, a la Dirección General del Menor y la Familia y al Juzgado, para que supieran que esa menor estaba en paradero desconocido. A partir de ahí, sostienen que se activaba un protocolo en el que participaba la Guardia Civil y la Policía Local.
"Su última fuga es del 7 de noviembre de 2002. Posteriormente, no tenemos ningún tipo de contacto con ella hasta que en mayo de 2003 cumple la mayoría de edad y ya no está bajo nuestro nivel de actuación, bajo nuestra competencia", ha explicado Acuña.
Posteriormente, las administraciones tuvieron conocimiento de esta joven en 2004, cuando la abuela materna reclamó la custodia del hermano menor. En ese juicio, según Acuña, se pusieron sobre la mesa también los supuestos malos tratos sufridos por los dos jóvenes, pero el juez no consideró probado que hubieran existido. En cuanto a Verónica, que entonces ya era mayor de edad, estableció que su padre podía cuidarla. Según Acuña, en el juicio ella manifestó que estaba "a gusto con su padre". "Si ella quiere estar con su padre, nadie puede decir lo contrario", ha insistido el consejero.
Marci Acuña ha explicado que aunque la joven tuviera un grado de discapacidad del 60 por ciento, "con eso un juez no quita la capacidad de decidir a nadie". "Para que una persona no pueda decidir por sí misma, el nivel de incapacidad tiene que ser mayor que éste", ha indicado. Por tanto, tras ese juicio y siendo ella ya mayor de edad, los Servicios Sociales "ya no tenían competencia".El hermano pequeño, por su parte, continuó en el centro de menores y Acuña cree que posteriormente llegó a estar en un piso tutelado para mayores de edad.
Acuña también se pregunta cómo es posible que una tragedia así ocurra en la isla y en un lugar tan pequeño como Tinajo. "Todos estamos bastante consternados y afectados", ha indicado el consejero.