La Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo ha presentado este martes escrito de acusación contra 16 personas físicas y una persona jurídica en el denominado caso Stratvs, "por la autorización y construcción de un macrocomplejo con instalaciones de naturaleza industrial y turística en uno de los lugares con mayor protección de la isla de Lanzarote, el Espacio Natural Protegido de La Geria, al margen de toda la normativa urbanística en vigor ".
La Fiscalía General del Estado ha hecho público un comunicado informando de la presentación de este escrito. En la nota de prensa, señala que "tras una compleja pero ágil instrucción de apenas dos años de duración, la Fiscalía ha formulado acusación contra el promotor de la obra, contra el arquitecto que diseñó y dirigió el proyecto, y contra la sociedad explotadora de Stratvs, pero también contra funcionarios y cargos públicos de las tres administraciones implicadas (el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Yaiza), por delitos relacionados con la corrupción urbanística, al haber otorgado permisos a sabiendas de su flagrante ilegalidad, y al no haber adoptado medidas de control pese a que lo construido y la actividad desarrollada tampoco se ajustó a lo que ilegítimamente se había autorizado".
La Fiscalía subraya que "las autorizaciones, otorgadas contraviniendo la normativa en vigor, permitieron la restauración de una vivienda antigua de valor etnográfico y la construcción de un almacén-bodega subterráneo de 900 metros cuadrados de superficie, pero lo que se llevó a cabo fue derribar la vivienda, y construir un macrocomplejo de unos 12.000 metros cuadrados construidos en una superficie de más de 9.000 metros cuadrados de espacio protegido, que incluyen una bodega industrial, un restaurante, cocinas, una tienda-cafetería, varias terrazas, amurallamientos y otras instalaciones".
Además, "se alteró de forma irreversible uno de los elementos más claramente diferenciados de este espacio protegido, como era el Barranco del Obispo, y se excavaron al menos 44.000 metros cúbicos, con la consiguiente extracción de piedra, tierra y rofe, recurso éste último no renovable y que forma parte de los elementos a proteger en La Geria".
Las administraciones "no pusieron traba alguna a los desmanes"
En un extenso escrito de acusación, el fiscal de la Sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía Provincial de Las Palmas, Ignacio Stampa, subraya que las administraciones públicas que debían velar por el cumplimiento de la legalidad urbanística y medioambiental "no pusieron traba alguna a los desmanes urbanísticos y especulativos del empresario, ni a su afán de lucro, a costa de atentar gravemente contra el medio ambiente insular en perjuicio de todos los lanzaroteños".
La Fiscalía General del Estado señala en su comunicado que la "exhaustiva investigación" ha corrido a cargo de la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de Arrecife, Silvia Muñoz, y en ella han "participado activamente" el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil. Además, ha contado con pormenorizados informes periciales emitidos por expertos de la Agencia de Protección del Medio Urbano y Natural del Gobierno de Canarias (APMUN), del Cabildo Insular de Lanzarote, del Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses, y de la Unidad Técnica de la Fiscalía Coordinadora de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía General del Estado.
La Fiscalía concluye que además de la ilegalidad de las autorizaciones y del carácter ilegalizable de las construcciones, la actividad del complejo "Stratvs" ha provocado un "grave riesgo" para el equilibrio del Espacio Protegido e incluso para la salud de las personas, a la vista de los parámetros de contaminación que arrojan los vertidos procedentes de las instalaciones, destacando que únicamente se puso freno a dicha contaminación por parte del Juzgado de Instrucción, al clausurar cautelarmente el complejo ante la permisividad de las autoridades municipales e insulares competentes.
Un "cúmulo de falsedades documentales"
La Fiscalía también destaca el "cúmulo de falsedades documentales" llevadas a cabo por el empresario Juan Francisco Rosa Marrero, promotor del complejo, "con el fin de satisfacer sus intereses", y que comprenden "tanto la simulación de los datos de los proyectos presentados, como el falseamiento de escrituras públicas para obtener financiación en al menos cuatro millones de euros, así como la apariencia jurídica de ostentar la titularidad del terreno sobre el que se asienta Stratvs, y que no le pertenece".
La Fiscalía formula acusación contra 16 personas físicas y una persona jurídica por delitos contra la ordenación del territorio, el patrimonio histórico y el medio ambiente, falsedad documental, usurpación de bien inmueble, hurto de bienes de valor histórico, estafa, tráfico de influencias, prevaricación urbanística y prevaricación medioambiental.
La Fiscalía de Medio Ambiente también reclama la demolición del macrocomplejo Stratvs, la clausura definitiva de la actividad, y la nulidad de todas las licencias y permisos que se concedieron, así como de las escrituras públicas e inscripciones registrales practicadas con relación al complejo "Stratvs".