La declaración de cuatro de los testigos que han comparecido en el juicio de la pieza 13 del caso Unión ha estado marcada por su imputación en otro procedimiento, el caso Montecarlo. El fiscal, Ignacio Stampa, que es el mismo en ambos casos, ha ido realizando esa advertencia con cada uno de estos testigos, para evitar que sus respuestas pudieran interferir después con su defensa. Y es que como testigos están obligados a responder a todas las preguntas y a decir la verdad, a riesgo de incurrir en un delito en caso contrario, y como imputados no.
La primera advertencia ha llegado con el alcalde de Arrecife, José Montelongo, que ha acudido en representación del Ayuntamiento, que está personado en la causa como acusación particular. El Consistorio reclama que los acusados le devuelvan los 250.000 euros presuntamente malversados con los pagos al empresario José Daniel Hernández Arráez y a su empresa, Proselan . "Habida cuenta de la situación procesal del testigo, solo voy a preguntar si como Ayuntamiento reclaman el importe sustraído", ha empezado planteando el fiscal, que ha trasladado la advertencia al resto de los abogados.
Sin embargo, después de que Montelongo confirmara que el Ayuntamiento reclama ese dinero y de que se diera paso a las preguntas del abogado del Consistorio, el fiscal ha interrumpido el interrogatorio. "El testigo está imputado por un caso semejante por el pago de servicios no prestados", ha recordado Stampa, que ha subrayado además que el letrado del Ayuntamiento, Orlando Betancort, es el mismo que representa al Consistorio en el caso Montecarlo, donde la institución también está personada como acusación. "Está preguntando cosas que también le han preguntado en la otra causa. Son las mismas fechas, el Carnaval, con otra empresa (Inelcon). Es exactamente lo mismo", ha insistido el fiscal, ante lo que el abogado ha decido retirar la pregunta.
El Ayuntamiento reclama el dinero presuntamente malversado
Lo que sí ha explicado José Montelongo es que en el año 2009, poco después de que él entrara al Ayuntamiento, ocupando en ese momento la Concejalía de Deportes, les convocaron a una Junta de Gobierno "porque Festejos, Vías y Obras había detectado algunas facturas que podían tener algún tipo de irregularidad", según advertían dos informes técnicos. "¿En qué consistía esa irregularidad?", le ha preguntado uno de los jueces de la Sala. "De trabajos que podían no haber sido prestados, quiero recordar", ha respondido.
En la pasada legislatura, tras parar el pago de otras cuatro facturas de José Daniel Hernández en el año 2009, el Ayuntamiento denunció los hechos y después se personó como acusación en ésta y en otras piezas del caso Unión. Después, también hizo lo mismo en otra causa posterior, el caso Montecarlo, donde ahora está imputado el alcalde.
Otros tres testigos imputados en Montecarlo
La misma escena que con Montelongo se ha repetido después con el tesorero del Ayuntamiento, Antonio Cabrera Panasco, ya que el fiscal ha recordado que este funcionario también está imputado en el caso Montecarlo. Y aunque ha explicado que en el caso del tesorero, "está pendiente de resolverse el archivo" de la imputación, que ha sido solicitado por la Fiscalía, Stampa ha insistido en que se garantizara su derecho a la defensa en la otra causa, evitando preguntas que pudieran interferir.
Al igual que ha hecho con Montelongo, el presidente de la Sala ha autorizado entonces al testigo a no responder a alguna pregunta si consideraba que podía afectar a su defensa en el otro procedimiento, aunque no se ha dado el caso. Y lo mismo ha sucedido poco después con el empresario Carlos Lemes, dueño de Inelcon. "¿Es cierto que está usted imputado en otra causa?", le ha preguntado el juez, a lo que Lemes ha respondido que sí, aunque ha afirmado que "no recuerda" por qué delitos.
La advertencia se ha repetido una cuarta vez, al llegar la declaración del coordinador de Festejos de Arrecife, José Nieves. "Creo que es la última", ha empezado señalando el fiscal, antes de volver a realizar la misma advertencia que con los otros tres testigos. En el caso del funcionario, tampoco recordaba por qué delitos está imputado en el caso Montecarlo. "Por firmar facturas", ha respondido cuando el juez le ha preguntado si podía explicar al menos cuáles eran los hechos.