La Fundación César Manrique ha solicitado públicamente la retirada de la Ley de Medidas Urgentes del Gobierno de Canarias por considerarla "un paso atrás en el planeamiento territorial y en el control de la ocupación del suelo", especialmente en el primer punto de la Disposición Adicional Tercera del Proyecto de Ley, ya que considera que "implica cercenar la capacidad de los cabildos insulares para controlar el cumplimiento de los planes insulares y el control del crecimiento urbanístico en las islas".
Ésa es la conclusión de la Fundación tras analizar el anteproyecto de Ley, que está siendo tramitado actualmente en el Parlamento, y que, según entienden, "pretende la legalización encubierta de los hoteles que se encuentran con licencias anuladas, ya que elimina el carácter vinculante del Informe de compatibilidad con el PIOT a través de las disposiciones recogidas en el punto primero de la Disposición Adicional Tercera de la Ley". Un punto que señala que los informes urbanísticos que deban emitir los cabildos en aquellos supuestos donde el planeamiento municipal no se encuentre adaptado a la normativa de rango superior, y cuyo contenido debe determinar la compatibilidad de un determinado proyecto con el Plan Insular de Ordenación, sólo tendrá carácter vinculante si a su vez el Plan insular se encuentra adaptado a las Directrices de Ordenación General ylas Directrices de Ordenación del Turismo de Canarias. En caso caso contrario, "el informe que en base a sus previsiones emita el cabildo insular, aunque preceptivo, no tendrá carácter vinculante".
En este sentido, la Fundación recuerda que, "por un lado, actualmente ninguna isla, salvo La Gomera, tiene su Plan Insular adaptado tanto al Texto Refundido como a las Directrices, y en el caso de Lanzarote no lo tiene adaptado a ninguna de las dos normativas, por lo que la Disposición Adicional Tercera sería aplicable en la isla". Por otro lado, señalan que "es importante precisar que gran parte de las licencias anuladas por los tribunales a los hoteles de Lanzarote se han basado, precisamente, en la ausencia del informe de compatibilidad, que pasaría ahora a ser preceptivo pero no vinculante, y que haría perder al Cabildo toda su capacidad de control sobre el cumplimiento de la moratoria y la verificación de los proyectos para valorar si se ajustan a las licencias y al planeamiento municipal e insular".
La Fundación César Manrique considera que "el informe de compatibilidad con el PIOT, piedra angular para controlar y hacer cumplir efectivamente las determinaciones incluidas en los planes insulares, se vaciaría de contenido, dejando la puerta abierta para que se produzcan actitudes discrecionales, en particular en el ámbito municipal, a la hora de aprobar los proyectos urbanísticos, en la medida en que pierde la fuerza de su carácter vinculante".
Por eso, considera que "esta modificación sustancial y decisiva de la Ley podría ser clave, en el caso de los hoteles ilegales de Lanzarote, cuando se reinicien los expedientes para restablecer la legalidad vulnerada, ya que el informe de compatibilidad que, hasta ahora, debía redactar el Cabildo para dilucidar el ajuste o no al PIOT de los proyectos presentados, podría quedar relegado a un simple formalismo dotado de un valor jurídico muy débil".
Por tanto, a juicio de la FCM, "la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias pretende, por medio de la inclusión de unas breves y confusas líneas en la parte final del articulado de la Ley, modificar sustantivamente la capacidad del Cabildo de hacer cumplir el Plan Insular, y, así, facilitar torticeramente el camino de la legalización de los hoteles ilegales en Lanzarote, en una actitud legislativa absolutamente inaceptable que eliminaría un decisivo instrumento legal de los cabildos insulares y abriría la puerta a la resolución del conflicto de los hoteles ilegales por la vía rápida y sin que el interés general sea compensado por el daño causado, en el marco tasado por la Ley".
UN "COLADERO"
La FCM "censura la actitud subrepticia del Gobierno de Canarias, que ha utilizado una disposición adicional de la Ley para cambiar el statu quo e introducir una nueva regulación en un aspecto fundamental de la ordenación territorial y el control del crecimiento turístico", ya que considera que "esta disposición adicional, además de correr el riesgo de convertirse en un coladero para la legalización de los hoteles, supone un intento de desactivar los planes insulares de ordenación territorial y regresar al urbanismo municipalista, e implicaría una involución que limitaría el alcance de la ordenación territorial insular".
Por otro lado, y en el análisis global del texto de la Ley de Medidas Urgentes, la FCM considera que "los nuevos aprovechamientos turísticos permitidos por la Ley como incentivos a la renovación de la planta alojativa, son a todas luces excesivos, y suponen una contradicción frente a la pretensión de limitar el crecimiento turístico en Canarias. En este sentido, a través de la Ley, y bajo la excusa de incentivar la renovación de las instalaciones alojativas, se acrecentaría el problema de la sobreoferta turística existente actualmente".
En lo que concierne a las determinaciones incluidas en el texto referentes a la nueva ordenación del suelo rústico, la Fundación entiende que "la Ley facilita el consumo de nuevo territorio, relaja los requisitos que el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio de Canarias establece para la construcción en ese tipo de suelo, y vuelve a confrontarse con los criterios, más sostenibles, que apuntan a la colmatación del suelo urbano antes de permitir la colonización de más suelo rústico".
En definitiva, la FCM denuncia que la nueva Ley de Medidas Urgentes representa "un cambio radical de rumbo en cuanto al modelo turístico y conllevaría un gravísimo retroceso en la política de protección del territorio y contención del crecimiento turístico" y, además, "en cuanto a la salida que propicia a los hoteles y apartamentos ilegales de Lanzarote, supondría una burla al principio de igualdad y legalidad y al amparo que ofrece el ordenamiento jurídico a todos los ciudadanos". En esta línea, recuerdan que "en el caso de Lanzarote, estamos ante una operación masiva de ilegalidades urbanístico-turísticas, que el Gobierno de Canarias vendría ahora a convalidar, de facto, a través de un cambio legal que deja a los cabildos y a las políticas de contención del crecimiento sin una de sus piezas de control fundamentales".